El pasado 19 de julio, la Contraloría General de la República dio a conocer el informe sobre la deuda de la ANDE con Itaipú. Según el documento, se trasgredió el Anexo C de Itaipú y la deuda es ilegal. Esto generó una polémica que empezó a dirigirse hacia la Fiscalía, cuya titular Sandra Quiñónez, decidió iniciar una investigación de oficio.
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Al respecto, habló en comunicación con RadioCast25 la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), quien como abogada penalista y ex agente fiscal, dijo que no está preocupada por quienes integran equipo de investigación, sino más bien porque no detecta hecho punible que pueda ser investigado ante esta situación.
«Es un caso en el que no sé si habría un hecho punible, recordemos para qué están los fiscales, para investigar hechos punibles, si no hay un hecho punible el fiscal no puede hacer nada. A mí lo que me preocupa de este caso es que se esté creando una falsa expectativa y me gustaría mucho escuchar cuáles son los hechos punibles que van a ser investigados», comentó.
Hizo énfasis en que el Ministerio Público necesita una situación fáctica, a lo que no se le puede poner un condimento político.
¿Hecho prescripto?
Además, la legisladora Rocío Vallejo recordó que el fiscal tiene que aplicar un hecho penal que no haya prescripto y que los elementos deben ser indicio fehaciente para sostener la acusación.
Reconoció que si bien el informe de la Contraloría es muy técnico, sobre la deuda de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con la hidroeléctrica Itaipú, considera que el hecho iría hacia un daño patrimonial, por lo que ya podría haber fenecido el delito de lesión de confianza.
«¿Cuál es el margen del tiempo 1985 y 1997? La lesión de confianza prescribe a los cinco años, desde el 2021, cinco años para atrás está prescripto. Lo único que es imprescriptible son los crímenes de lesa humanidad y la violación de menores. Hay que ser muy claros, no hay que generar falsas expectativas, yo te hablo como abogada penalista», concluyó.
Rápido antecedente para entender el caso
El proceso para llegar hasta este resultado publicado por la Contraloría empezó en el 2009 y concluyó este año. El informe señala, entre otras cosas, que entre 1985 y 1997 (excepto 1991) Itaipú vendió su energía por un costo inferior a lo acordado en el tratado, a pedido de las autoridades brasileñas y con anuencia de representantes paraguayos.
Esto hizo que Itaipú no pueda pagar sus deudas con Eletrobras, que además de ser prestamista, compraba energía para Brasil. Lo curioso, que resalta el informe, es que la venta de energía a un costo inferior fue por pedido de Eletrobras que alegó problemas económicos.
Después, desde 1998 hasta 2020, Itaipú elevó el costo de la potencia de energía para poder pagar sus deudas. Este aumento, siempre según el informe contralor, no significó un perjuicio económico para la binacional, pero si le afectó vender su energía a un costo inferior durante años anteriores.
Esa reducción de costo por Kw de potencia, deudas impagas y recarga de intereses repercuten hasta la actualidad en las finanzas de Itaipú.
«En consecuencia, (repercuten) en las altas partes tratantes, dueñas en partes iguales de la entidad binacional, aunque es notablemente mayor el perjuicio al Estado paraguayo y seguirá repercutiendo hasta su cancelación definitiva, según se prevé, en el 2023, año en que el Anexo C, será sujeto a revisión, como lo establece el tratado», expresa textualmente.
Asimismo, el documento de la Contraloría expresa que Itaipú ya le facturó a la ANDE por encima de lo que debía, si es que se mantenía la tarifa que debió aplicarse desde el principio.
