Un total de 109 páginas compone el “Informe Final Examen Especial a la Deuda de la Entidad Binacional ITAIPÚ, presentado hoy por la Contraloría. En pocas palabras, este documento afirma que la cuestionada deuda con la hidroeléctrica es ilegal y ya fue saldada por nuestro país hace años.
Al respecto, habló en comunicación con RadioCast25, la politóloga e investigadora del sector energético Cecilia Vuyk, una de las propulsoras de la campaña Itaipú Ñane Mba’e.
Vuyk calificó este informe como fundamental, “con mayúscula, negrita y subrayado”, ya que esto nació como resultado de un proceso que inició en el año 2009, con la campaña para la recuperación de la soberanía de Itaipú.
Los puntos centrales de esa causa fueron iniciar la auditoría, que tuvo un primer informe en el 2010, un segundo informe en el 2012 y luego fue cajoneado por mucho tiempo para que hoy después de años, se presentara el informe final.
Vuyk agregó que hoy, la Contraloría, demostró con todos los elementos y datos, lo que ya se venía denunciando con informes desde las organizaciones: que esta deuda de Itaipú es una deuda ilegal, que ha beneficiado principalmente a Eletrobras y el Estado brasileño.
Este beneficio, en detrimento, del estado paraguayo y principalmente de todas las familias paraguayas, quienes mes a mes con las facturas de la ande financiamos Itaipú, con la anuencia de las autoridades paraguayas, resaltó.
Deuda no figura como prioridad para el gobierno
Vuyk resaltó además con preocupación que en toda la cantidad de órganos que ha creado el gobierno para supuestamente llevar adelante una investigación que permita una posición favorable al país en la renegociación del Anexo C, para el 2023, ninguna de las instancias del gobierno, habló de la deuda como un punto central.
“Imaginate que tenemos un informe de nada más y nada menos de la Contraloría que demuestra una feroz estafa, de magnitudes enormes desde la producción de energía, 1984 de Itaipú y ningún punto de la estrategia del gobierno se basa en esto. Acá no se puede avanzar de ninguna forma en las negociaciones si esto no se tiene en cuenta primero para hacer un proceso de justicia, de trasparencia y frenar la corrupción”, aseveró.
¿Qué dice el informe de la Contraloría?
El documento señala que las medidas adoptadas por el Concejo de Administración y del Comité Ejecutivo Itaipú Bincional trasgredieron el tratado (Artículo IV 1 y del ITEM III del anexo del tratado C).
Acota que esta determinación incidió sustancialmente a nivel económico y financiero en la binacional, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de la deuda, que a diciembre de 2020 ascendía a USD 3.856.790.000, saldo del cual USD 3.629.057.000 corresponde a la deuda con Eletrobras.
Esto se debe a que en esos años (del 1985 al 1997, menos 1991) Itaipú aplicó tarifas inferiores a pedido de representantes brasileros, alegando dificultades económicas y con complacencia de los representantes paraguayos, generando una deuda de USD 4.193.500.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.
Textualmente, el documento dice que Eletrobras por un lado, que fungía de compradora de energía, se encontraba imposibilitada a pagar la tarifa establecida en el acuerdo, sin embargo, por otro lado, actuaba de prestamista y aumentaba sus ganancias con los intereses cobrados por las sucesivas deudas impagas.
“Lo llamativo aquí no es solo que la entidad brasileña busque sus propios beneficios a costa de la Entidad Binacional, sino que los representantes paraguayos, con la aprobación de las medidas adoptadas, también contribuyeron con esos beneficios, en perjuicio del Estado Paraguayo al cual representan”, enfatiza el documento.
Durante los años comprendidos entre 1998 a 2020 se aplicó el aumento de la tarifa para mitigar el incremento de la deuda con Eletrobras, generada por la aplicación ilegal de la tarifa, entre 1985 y 1997, con excepción de 1991.
Entonces, el total facturado por Itaipú a la ANDE (entre el 1998 al 2020) alcanza la cifra de USD 4.894.198.255,43 por la venta de 228.623.299 Kw de potencia.
No obstante, “el total que se debió facturar –de haberse mantenido la tarifa de 17,10 USD por Kw de potencia, durante el mismo periodo de tiempo–, hubiera sido USD 3.909.458.412,90, generando una diferencia de USD 984.739.842,53, pagado de más por la ANDE en relación a la tarifa que debió aplicarse desde el principio”, señala un fragmento de la conclusión del documento.
