A 15 días de la asunción de Peña, tres grandes hitos copaban las tapas de diarios y portales digitales. La fuga previa a un operativo policial en Bolivia, del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset (sospechado de operar con senadores colorados cartistas), la reunión de Peña con la mesa directiva y líderes de bancadas de la Cámara de Senadores y la denuncia ante la fiscalía por parte del expresidente Horacio Cartes, por supuesta persecución política.
Peña hizo el polémico anuncio de eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción, creada en el gobierno de Federico Franco, tras el encuentro que mantuvo con los senadores de la mesa directiva de la cámara alta.
En el mismo día, Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes presentaba una denuncia ante el Ministerio Público en la cual afirmó que su cliente fue víctima de persecución política desde el año 2018 y hasta la fecha, por personas en ejercicio del poder político.
El reclamo de Cartes está dirigido al presidente Mario Abdo Benítez y su entorno político. Aunque no los nombró en el documento, instó a la Fiscalía a determinar los responsables políticos del hostigamiento que tiene la supuesta intención de atacar al Partido Colorado.
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Pero, ¿por qué la decisión de Peña habla más de su intención de entorpecer la transparencia del gobierno antes de terminar con una institución supuestamente inútil y sin resultados, buscando optimizar los recursos públicos?
Hicimos un compendio de hechos que quizá te ayuden a entender la relevancia de los casos, en cuya investigación la SENAC tuvo participación, aportando elementos para que el Ministerio Público impulse procesos penales.
Algunos casos importantes
Durante la dirección de René Fernández, exfiscal de delitos económicos, la SENAC llevó adelante indagaciones e investigaciones relevantes, muchas de ellas vinculadas a casos de licitaciones y compras públicas irregulares, y otras de grueso calibre.
Se destaca, por ejemplo, la investigación que realizó en el caso de las adjudicaciones irregulares de las transferencias del programa “Ñangareko”, durante la pandemia por COVID-19.
La SENAC detectó 13 transferencias a personas que no reunían las condiciones y requisitos para ser adjudicadas a esos fondos, destinados a personas de escasos recursos. Los 13 sospechados fueron denunciados por el organismo estatal ante la Fiscalía.
En el sonado caso de la Cédula de Identidad falsa del astro del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho, realizaron las investigaciones pertinentes en el Departamento de Identificaciones y en Migraciones, en donde se detectaron las irregularidades que fueron elevadas al Ministerio Público. Estos indicios sirvieron para el proceso impulsado por los fiscales.
Los casos más grandes fueron las compras irregulares por vía de la excepción que realizó la DINAC en el 2020 de escáneres y tapabocas.
Así también, realizaron las indagaciones pertinentes en el caso del Avión Iraní, en donde la secretaría estatal elevó informes a la Fiscalía, a la Comisión Bicameral Antilavado de Dinero y al propio Poder Ejecutivo sobre las actuaciones inconsistentes de varias dependencias del Ejecutivo, que estuvieron involucradas en la polémica.
En ese caso, Anticorrupción había denunciado la clonación de facturas de Tabesa (que fuera propiedad de HC), donde se fabricaron tres facturas de contenido distinto.
Un mensaje nefasto
La exsenadora Desireé Masi, quien siguió muy de cerca los informes presentados por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) y que estudió de cerca los supuestos casos de lavado de dinero y crimen transnacional, recordó que la SENAC fue la cartera estatal que presentó los informes sobre las irregularidades en la compra de tapabocas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por mencionar uno de los tantos casos.
“Yo creo que el presidente electo no tiene idea de la SENAC, él dijo que se superpone con las funciones de la auditoría. Es cuestión de leer el decreto por el cual se crea. Es un mensaje nefasto que el presidente no quiera que se lo controle. Porque la Secretaría Anticorrupción hizo varias denuncias en el caso del COVID”, dijo a L25.
Massi aseguró que esta decisión de Peña es una vendetta, porque desde el Senado se monitoreó el informe de la SENAC en los casos ‘Marset’ y ‘Avión iraní’.
“Fue el ministro Fernández el que hace el relatorio de lo que ocurrió con el avión y en ese informe cuestionan la actuación de Aduanas, de DINAC, Migraciones y dependencias del ejecutivo, con respecto a un avión que está sindicado dentro del aereoterrorismo”, dijo Massi.
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Así también, cuestionó la crítica al desempeño de la SENAC, por parte del proyecto Cartes-Peña.
La ex parlamentaria dijo que si tanto les molesta la SENAC, el propio gobierno de Horacio Cartes debió tomar cartas en el asunto en su momento y suprimirla, pero como la extitular de la secretaría, Soledad Quiñonez, hermana de la ex Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, ocupaba el cargo, no lo hicieron.
“Es muy grave el mensaje, pero va para el Fiscal General del Estado, porque están haciendo una denuncia para que cualquier fiscal que no desestime (las causas contra HC), lo van a acusar a Emiliano Rolón por no investigar los casos que ellos creen reales y que están tapando, luego para llevar adelante un juicio político”, reflexionó.
Señal de retroceso
René Fernández, actual ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y extitular de la SENAC, manifestó su preocupación ante la intención de eliminar dicha cartera, expresó que puede significar un retroceso en los avances de lucha contra la corrupción en Paraguay.
“Me preocupa un poco si es que la intención es la de dejar de tener un eje de actuación estatal de trabajo vinculado a los mecanismos nacionales e internacionales de prevención y lucha contra la corrupción pública”, dijo Fernández.
Explicó que a nivel internacional, Paraguay está conceptuado, en todos los índices, como un país donde existe una alta incidencia de la corrupción pública y que esta decisión del nuevo gobierno, agudiza aun más esta imagen.
Habló sobre los distintos logros que tuvo la institución a su cargo, y detalló que la proactividad de la SENAC pudo ser contrastada con las acciones de la administración anterior (a cargo de Soledad Quiñonez), que no había presentado ni una sola denuncia por hechos de corrupción.
“Hemos llevado adelante investigaciones que han concluido con casos ante el Ministerio Público, pero también hemos trabajado numerosos mecanismos que buscan justamente anticiparse a los actos de corrupción, como son, por ejemplo, aquellos mecanismos que tienen que ver con la transparencia, con la prevención del conflicto de intereses”, detalló.
Un acto de venganza
El exsenador Jorge Querey, quien presidió la CBI en el periodo parlamentario anterior, dijo que a su criterio, esta posibilidad de derogar el decreto que creó la SENAC, es una directriz de Horacio Cartes, en represalia a las investigaciones y críticas que había hecho la Comisión a su cargo en el 2022.
“Una posibilidad es una venganza con respecto a las críticas. Sabemos que tiene poco nivel de tolerancia hacia un debate democrático”, dijo Querey.
Además, advirtió que esta decisión es también un mensaje político directo a la disidencia colorada, que podría comenzar a manifestarse en contra de Peña después del 15 de agosto.
“En segundo lugar, la posibilidad indudablemente sea una estrategia que se va a manejar ahora en ese movimiento con respecto a las disidencias o críticas que se puedan recibir”, señaló Querey.
Beneficio para unos pocos
El analista político, Camilo Filártiga, hizo un repaso de motivos por los cuales eliminar la SENAC, como propone el nuevo gobierno de Santiago Peña, no es una buena idea, al considerar la política de combate a la corrupción y la impunidad.
Según Filártiga, la SENAC se constituye en la instancia rectora, normativa y estratégica en el diseño, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Gobierno en temas de anticorrupción, integridad y transparencia. Por esto, amputar este organismo, antes de robustecerlo, allana el camino para la perpetuidad de la corrupción.
“La SENAC coordinó el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Transparencia que involucra a los tres poderes del Estado como marco operativo para definir la política, estrategia y acciones concretas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”, recordó el especialista.
Finalmente, dijo que eliminar este organismo, será percibido como un retroceso por la comunidad internacional y en lugar de optimizar el funcionamiento del Estado, debilitará todavía más la coordinación estratégica interinstitucional para prevenir actos de corrupción.
