Nuestro país es libre y soberano. Además, en nuestra Constitución se enaltece la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista. Sin embargo, las instituciones estatales no están ejerciendo el control correspondiente, lo que pone en riesgo a la democracia.
«La falta de acciones audaces y decisivas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y los derechos humanos y amenazando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», señala Transparency International.
En ese marco, ya son varias las muestras de que el mundo está observando la podredumbre política e institucional del país. Mientras tanto, a nivel interno, las instituciones como la Fiscalía, siguen haciendo caso omiso y no hay imputaciones ni condenas a varias de las autoridades sindicadas como corruptas.
El 28 de julio de 2022, Paraguay celebraba haber aprobado el examen de Gafilat, que evalúa la lucha de los países contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Esto significaba que no ingresamos a la lista gris de las sanciones económicas.
Hoy, en esa misma línea, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, refiere que Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica.
¿Cómo se entiende este ranking?
El IPC clasifica a un total de 180 países y territorios de todo el mundo, según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. La puntuación se basa en una escala en la que, los países que más se acercan al 0, son los más corruptos, y si llegan a 100, son los más limpios.
Paraguay solo cumplió con 28 puntos de 100. Por ende, en la región de Sudamérica, está solo más arriba que Venezuela, que tiene 14, por lo que este se convierte en el país más corrupto de la región y Paraguay, en el segundo.
En 2022, nuestro país bajó dos puntos en relación al año 2021.
En cuanto al ranking internacional, Paraguay ocupa el puesto 137 de los 180 países más corruptos. El país más corrupto del mundo, en el puesto 180, es Somalía, que solo cumplió con 12 de los 100 puntos.
A su vez el movimiento global –que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción (Transparency International)– aclara qué es lo más importante a tener en cuenta. Señala que el rango (180) no es tan importante como el puntaje en términos de indicar el nivel de corrupción en ese país.
Datos reflejan la realidad de los países
Al respecto, la abogada Pilar Callizo, ex presidenta y directora ejecutiva de Transparencia Internacional Capítulo Paraguay, explica cómo se construye la herramienta de medición para determinar en qué medida la ciudadanía entiende y percibe a la corrupción.
Aclara que las fuentes de esta encuesta se basan en la percepción y no en datos duros. «Eso es lo primero que se debe saber. Sin embargo, aunque sea una percepción muchas veces esa percepción coincide con la realidad del país», aclara.
Son encuestas dirigidas a diferentes segmentos de la sociedad con preguntas que permiten saber cuánto saben las personas acerca del grado de transparencia que existe en el ejercicio del poder público.
Callizo señala además, que estos datos son recogidos a partir de reconocidas instituciones, sino también de entrevistas a personas que han tenido alguna relación con el país. Estas personas pudieron haber hecho inversiones, negocios o trabajado en Paraguay.
Lo que se considera para evaluar a los países
El puntaje que se le otorga a cada país reúne tres fuentes de datos obtenidos a través de 13 encuestas y distintas evaluaciones de corrupción. Estas fuentes de datos son recopiladas por varias instituciones acreditadas, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Las fuentes de datos cubren puntualmente los siguientes aspectos de corrupción en el sector público:
- Soborno.
- Desvío de fondos públicos.
- Funcionarios que usan su cargo público para beneficio privado sin enfrentar consecuencias.
- Capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público.
- Burocracia excesiva en el sector público, que puede aumentar las oportunidades para la corrupción.
- Nombramientos nepotistas en el servicio civil.
- Leyes que garantizan que los funcionarios públicos deben revelar sus finanzas y posibles conflictos de intereses.
- Protección legal para personas que denuncian casos de soborno y corrupción.
- Captura del Estado por estrechos intereses creados.
- Acceso a información sobre asuntos públicos/actividades gubernamentales.
Siempre por debajo de la media
Callizo recuerda que desde que se iniciaron estos estudios anuales(1993), Paraguay nunca ha llegado ni pasado de la media. Esto significa que de 100, su puntuación nunca llegó ni a 50. «Cuando salga en el 2023 posiblemente vamos a bajar más inclusive. Conozco la gravedad de la corrupción en Paraguay», apunta.
Asimismo, considera que esta estadística siempre es una referencia importante de la situación que se vive en los países evaluados.
«Lo notable es que en Paraguay esa percepción evidencia la realidad que se vive el país. El Estado funciona de manera sistémica y endémica. Esto quiere decir que las instituciones están tan afectadas por la corrupción, que la misma se retroalimenta en el funcionamiento del Estado. Eso va corroyendo y destruyendo desde adentro las instituciones, que en lugar de avanzar hacia los procesos democráticos, va disminuyendo en su eficiencia, en sus valores y en todo lo que concierne al beneficio de la ciudadanía», señala.
Finalmente hace énfasis en que la corrupción se agudiza por el alto grado de impunidad existente en Paraguay. Apunta a que en todos los países hay algún grado de corrupción, pero lo que la agrava, es la falta de acciones concretas por parte de la Justicia.
Lo que pasa en Paraguay
Los casos de denuncias y sospechas de desvíos de fondos públicos fueron varios en el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente en pandemia. Por casos como estos debieron renunciar autoridades como la titular de Petropar, Patricia Samudio y el Presidente de Dinac, Édgar Melgarejo. Posteriormente fueron imputados, pero los procesos siguen en curso.
Otras autoridades, como el ex ministro del Interior y ex titular de Senad, Arnaldo Giuzzio, se apartaron de sus cargos, por supuesto tráfico de influencias.
También se registraron casos de irregularidades de varias municipalidades y algunas gobernaciones, como la de Central. El gobernador, Hugo Javier González, se vio obligado a renunciar por el pago de obras fantasmas o la licitación de obras que ya estaban.
Por otra parte, se encuentra la polémica obra del Puente de Ñanduti que costó al país más de G. 14 mil millones, licitación que tuvo varias fallas según la Contraloría.
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Otro punto bastante cuestionado en Paraguay es la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez. Las críticas se basan en la falta de proceso hacia los responsables de la fallida obra del Metrobús, la manera en que se procedió en la investigación del asesinato de Rodrigo Quintana y la impunidad respecto a Horacio Cartes, expresidente de la República.
En el mismo sentido, el 23 de julio de 2022, Estados Unidos declaró a Cartes, como significativamente corrupto. El 12 de agosto, hizo lo mismo con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Este último renunció a su precandidatura a la presidencia, pero no a su cargo en el Poder Ejecutivo. Posteriormente, ambos fueron sancionados económicamente, el pasado 26 de enero.
A más de seis meses de que fueron declarados significativamente corruptos por USA no hay ninguna información verdadera acerca de un proceso o imputación en contra de ambos.
El Ministerio Público alega no tener datos. Sin embargo, la senadora Desirée Masi, había expuesto la omisión de la Fiscalía en casos relacionados al narcotráfico, como los investigados en el marco del Operativo AUltranzaPy. Esta acusación fue posteriormente corroborada por una Comisión Bicameral del Congreso.
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A todo esto se suma, el soborno a legisladores. Esto de que diputados y senadores recibían dinero para votar en un sentido, ya era un secreto a voces, pero Estados Unidos, en una conferencia de prensa lo confirmó.
Entretanto, el Ministerio Público sigue sin hacer nada al respecto. Lo que más se reclama a la Fiscalía sigue siendo que no abran carpetas de oficio –la mayoría de los casos se investigan solo por denuncias externas– y que no se realicen verdaderas diligencias para procesar y castigar, principalmente en los casos que involucran a importantes autoridades nacionales o políticos de mucho peso.
