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Punto por punto: Estos son los datos claves de la inacción fiscal, según Desirée

Un documento detallado del Comando Tripartito, de mayo del 2021, que contenía información de inteligencia, fue presentado por la senadora Desirée Masi ante el pleno del Senado. Este documento revela que la Fiscalía estaba al tanto de cómo operaban estructuras de crimen organizado transnacional. Masi dio detalles de pruebas que se perdieron y apuntó a la inacción fiscal que impidió la captura de algunos miembros y que incluso derivó en sonados atentados.

En medio de otro cuarto intermedio de la Cámara Baja, que después de dos semanas sigue sin definir el juicio político contra la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, en la Cámara Alta se dieron a conocer datos puntuales sobre importantes informaciones y casos que maneja el Ministerio Público, en los que se evidenciaría que los agentes fiscales no actuaron a tiempo para evitar que varios investigados por crímenes transnacionales se fuguen del país.

La senadora Desirée Masi aprovechó la sesión ordinaria del Senado para exponer irregularidades en el actuar fiscal, en base a informaciones confidenciales obtenidas del Comando Tripartito, organismo del cual forman parte fuerzas de seguridad de Argentina, Paraguay y Brasil. Este dossier de documentos fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En primer momento, tras advertir que todo lo expuesto está respaldado con documentos, Masi apuntó todos sus cuestionamientos a los fiscales que estaban a cargo de la causa, entre ellos, el ex Ministro del Interior de la era Cartes, Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Liliana Alcaraz, Osmar Legal, entre otros fiscales asignados a causas de lavado de dinero.

“Fiscales nos hacen pasar vergüenza”

El juez estadounidense James L. Cott envió una orden judicial a la Fiscalía de Paraguay pidiendo que envíen todas las evidencias a la defensa del ciudadano brasilero de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, que fue extraditado a Estados Unidos, el pasado 8 de julio.

Incluso señala que en caso de que el gobierno considere que una divulgación de información comprometa a testigos, derechos de víctimas o seguridad, existe una técnica y cuenta cómo hacerlo de manera confidencial.

Si los datos no son enviados por la Fiscalía de Paraguay, el magistrado de EE.UU. deberá tomar una decisión en la causa que puede significar: la imposición de sanciones, declarar en desacato a las autoridades que están ocultando evidencia, e incluso el caso de Hijazi podría desestimarse por violación de la defensa en Paraguay.

“¿A qué están jugando estos fiscales y jueces, señores, con peces gordos del crimen organizado no presentando evidencia? (…) Ellos son los que hacen pasar vergüenza al Paraguay, ellos son quienes están encubriendo a narcotraficantes, lavadores de dinero y todo el crimen organizado”, aseveró la senadora Desirée Masi.

Video de Banco Basa desapareció de entre las pruebas de la Fiscalía

El caso conocido como la “Megacarga de cocaína”, luego de que 3000 kilos de esa droga sean incautadas en un puerto privado de Villeta, en octubre de 2020, por el que fue acusado Cristian Turrini Ayala por tenencia sin autorización comercial de sustancias estupefacientes y asociación criminal.

Además de Turrini, fueron acusados Sebastián Ayala, por lo que ambos fueron a juicio desde abril de 2022, por narcotráfico. La segunda acusación de la misma causa fue en contra de Andrés Mauricio Fernández Acevedo y Ricardo Ariel Arriola Aquino, por tenencia y tráfico de estupefacientes. La tercera acusación fue contra Miguel Ángel Servín.

El 11 de julio de 2022, la fiscala antidroga Elva Cáceres acusó a Miguel Ángel Servín, presunto líder de la organización criminal por traficar drogas. Sin embargo, la agente del Ministerio Público no acompaña su presentación con evidencias, que establece el artículo 347 del Código Procesal Penal.

“Ante esta situación la fiscala fue intimada por la jueza Rosarito Montanía para que lo haga en un plazo de 72 horas y pese al emplazamiento, Cáceres no arrima las pruebas, la magistrada para salvar el caso, en un proceso irregular remite a la Fiscala General del Estado (Sandra Quiñónez), para que se acuse o no”, explicó la legisladora.

En ese punto, mostró las diligencias, de cómo se manejaban a través de empresas, comprando carbón. Agrega que llamativamente hay 14 pruebas, que no se presentan: nota de allanamiento, facturas de compra de bolsas de carbón y otras más.

Entre esas pruebas, hay una sobre las transacciones realizadas por el señor Cristian Turrini y Andrés Fernández, los líderes de la organización en setiembre de 2020, en el Banco Basa (propiedad de Horacio Cartes), lo que adjuntó en soporte magnético.

“Hay un video en el que se evidencia el momento en el que se hace la operación, ¿Dónde está la investigación sobre este banco? Me gustaría preguntarle a la fiscala, porque esto continúa desaparecido. Esta es la factura de G. 4.000 en una bolsa de carbón, pero la transacción que se hace a través de este banco con movimiento incluido y miren la fecha: setiembre de 2020, ¿y cuándo es que se produce la incautación? En octubre, es que ellos pagan todo para enviar y ahí se produce el allanamiento en puerto seguro, alias puerto narco”, cuestionó.

¿Dónde está la investigación donde se analiza si en este banco se hizo una transacción común? ¿Analizaron el perfil de riesgo de estas personas que ya tienen antecedentes? ¿Dónde está el video? Señores esto está desaparecido”, resaltó.

Lorenzo Lezcano estaba al tanto y no actuó

La senadora Desirée Masi recordó que el avión venezolano-iraní, investigado con supuestos vínculos terroristas por Estados Unidos y detenido en Argentina, llegó en Paraguay el 13 de mayo de 2022, y estuvo tres días en el país sin que ninguna autoridad emitiera una alerta.

“Es el tema del famoso contrabando de Tabesa, vía Aruba Curasao, a través del clan Manzur, con organizaciones criminales de Colombia y de otros países. Pero no voy a discutir lo del cargamento, voy a discutir lo de las personas y de la caradurez de los fiscales porque ya han costado vidas, señores”, puntualizó.

Masi hizo énfasis en que la Fiscalía le intimó al ministro anticorrupción, René Fernández a que presente la denuncia sobre lo que fue a decir en el Congreso.

“En la nota remitida por la Fiscalía le intima a remitir todas las acusaciones y le consultan acerca del conocimiento del propietario de la agencia de turismo Adshey, que se había encargado de coordinar el hospedaje y el traslado de la tripulación. Se informa al Ministerio Público que en su poder obran las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero, que vinculan al dueño de la agencia, Federico Ezequiel Santoro en una causa penal tramitada en la unidad especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, que tiene una investigación muy extensa y completa”, refirió.

Masi asegura que la Fiscalía sabía quién era quién y que no hubo una sola imputación. “El fiscal Lorenzo Lezcano (ex ministro de Interior durante el gobierno de Horacio Cartes) estaba al tanto de lo ocurrido”, aseguró.

El 4 de mayo, el jefe del Comando Tripartito delegación paraguaya, subcomisario Fernando Ruíz Díaz –que sufrió un atentado del que se salvó– elevó una nota al departamento de investigaciones de Ciudad del Este y por su conducto al agente fiscal de turno contra el crimen organizado, Lorenzo Lezcano.

En el documento, pone a su conocimiento un informe reservado, recibido desde organismos de seguridad desde Uruguay, sobre una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos conexos.

En la misma misiva, se sugirió la apertura de una causa penal para seguir los actos investigativos bajo la dirección del Ministerio Público. El fiscal abre la causa, hace un año, caratulada como siempre, contra personas innominadas sobre hecho punible a determinar.

“El objetivo de la investigación ¿quién era? Sebastián Marset (de nacionalidad uruguaya) prófugo, del cual en ese momento se manejaba información de inteligencia que refería su vínculo con el narcotráfico y antecedentes, incluso sobre su detención en un proceso de tráfico de drogas en el cual fue condenado con el paraguayo Juan Viveros Cartes, el piloto (tío del expresidente Horacio Cartes”, comentó.

Agregó que tras las tareas investigativas se pudo identificar a las personas.

“Un año antes sabían, todos estos ahora están prófugos y algunos están muertos, estoy leyendo ahora porque se filtró: Lindomar Reyes Furtado, Alberto Koube Ayala, Marcelo Mauricio Schwartzman, Federico Ezequiel Santoro, Miguel Ángel Insfrán, el famoso tío Rico”, citó algunos y presentó una imagen en la que se ve el esquema presentado en el informe de inteligencia.

La senadora Desirée Masi, acotó que los investigadores seguían presentando empresas, inmuebles, personas, fotos de reuniones, productos del trabajo y seguimiento, se logra identificar como pieza activa del grupo criminal a Federico Ezequiel Santoro, propietario de la agencia de turismo de CDE, con antecedentes de trata de personas, tráfico de seres humanos.

“Santoro se reunió con Marset y Koube, el 5 de junio de 2021 y viajaron juntos a Uruguay, todo esto está en conocimiento de la Fiscalía”, subrayó.

Negaron vínculos de Schwartzman con el narcotráfico

El domingo 12 de setiembre, en horas de la noche, fue asesinado Mauricio Schwartzman en Asunción. La fiscala Alicia Sapriza señaló en una entrevista a la prensa, cuatro días después que no tenían ninguna información de que Schwartzman esté vinculado a hechos ilícitos.

“¿Cómo si tenían este informe del comando tripartito donde le informaban que Schwartzman se andaba reuniendo con Santoro, Furtado, que está vinculado al PCC, con Koube, miente la Fiscalía descaradamente a la ciudadanía paraguaya con todos estos datos”, criticó.

Recalcó además que se conformó entonces un equipo de investigación, integrado por Alicia Sapriza, Federico Delfino y Marcelo Pecci (fiscal asesinado en Colombia) y Lorenzo Lezcano.

“Atiendan la caradurez, tenía toda la información un año antes. No existe ninguna evidencia de que Lorenzo Lezcano haya traído a colación los hechos de los cuales tenía pleno conocimiento, del involucramiento de Schwartzman, con el crimen organizado”, resaltó.

La parlamentaria hizo énfasis en que pasaron nueve meses hasta que se lleve a cabo el operativo de A-UltranzaPy y dijo que las investigaciones pueden durar un año, pero cuestionó que se hayan escapado las personas investigadas.

“Acá están todos los documentos señores, hay varias intimaciones del comando tripartito”, subrayó.

También cuestionó que recién después de 7 meses se trató de detener a Lindomar Reges Furtado, hombre más requerido de la justicia brasileña, que escapó en una camioneta de Tabesa, en un allanamiento fallido en el Paraná Country Club. “Sabían todos, incluso la fiscala general (Sandra Quiñónez)”, aseveró.

A su vez, el fiscal Lorenzo Lezcano, negó las acusaciones de Desirée Masi en comunicación con los medios locales. Agregó que lo que ella filtró fue un informe que él autorizó para que se lleve a cabo y aseguró que se trabajó con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento de Marset y su familia.

Además afirmó que a pesar de los operativos, no había un elemento con el cual la Fiscalía pueda imputar a Sebastián Marset.

Cabe señalar que desde Estados Unidos, no solo este juez requirió a Paraguay información sobre el avión iraní, sino además, varios senadores habían solicitado al fiscal general de Estados Unidos, que envíe la información requerida por Argentina para seguir con las investigaciones.

Asimismo, la semana que viene, la Cámara de Diputados deberá definir si se realiza o no el juicio político contra la máxima instancia del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, mientras la Cámara Baja en medio de conflictos sigue analizando el libelo acusatorio, donde aparece como una de las causales la inacción de la Fiscalía, en varios casos, incluyendo los relacionados al expresidente Horacio Cartes.

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