Es tiempo de plantear un debate serio y necesario sobre cómo se abordan casos sensibles que implican el bienestar de niños, niñas y adolescentes, considerando la manera en la que se viralizó una reciente situación de maltrato doméstico a una niña de 9 años, víctima de agresiones por parte de su madrastra.
Cada vez que se da a conocer un nuevo caso de abuso o maltrato de niños, niñas o adolescentes, casi siempre, aparece un usuario exigiendo la publicación del nombre del autor de los hechos. Esto se da incluso, con la insinuación de que la prensa busca «proteger» al abusador.
Por otra parte, están los medios de comunicación o los usuarios particulares que en redes sociales publican nombres de las víctimas, de los padres, de la vecina, la dirección del lugar, la institución en la que estudia y peor aún, videos en los que se perpetúan los maltratos.
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Estos ciclos de violencia que involucran a menores de edad, terminan condicionando el desarrollo psicosocial y afectivo de estas personas, según el viceministro de protección de la Niñez, Eduardo Escobar en RadioCast25, quien refirió que en el Código de la Niñez y Adolescencia se hace una explícita referencia del por qué no revelar datos sobre este tipo de casos.
Un estigma de toda la vida
El viceministro Eduardo Escobar hizo énfasis en que esta reserva de publicar datos, no solo es para los medios de prensa, sino además, en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, también se establecen las reservas para los funcionarios públicos, que intervienen en los casos.
Agregó que, en tiempos de sobreexposición de información, la víctima (que hoy es menor de edad), en el futuro tendrá dificultades para olvidar este tipo de situaciones, por la perpetuidad de este contenido en internet y que esto podrá representar un eterno escarnio en la vida de esa persona en cuanto a su autoestima y la relación con su entorno.
Ejemplificó que esta persona, en algún momento, podría llegar a buscar sus datos en la web y encontrar cómo fue maltratada, lo que le puede generar un estigma perpetuo.
Escobar insistió además en que publicar datos o videos de violencia o abuso va en contra del proceso de recuperación de la víctima, que busca superar esa situación adversa.
«En el tema de niñez, hay que tener muy en cuenta eso, porque queriendo hacer un bien, podemos dañar aún más a las víctimas», subrayó.
Denuncias en la Fiscalía, no solo en las redes
La fiscala, Carina Serón, quien se encuentra investigando el caso de la niña de 9 años maltratada por su madrastra, insistió en RadioCast25 en la necesidad de que tanto la ciudadanía y los medios respeten la situación y no se brinden públicamente más datos sobre menores que estén en una situación de vulneración de sus derechos.
«La gente dice: ‘no estoy dando el nombre de la niña, estoy dando el nombre de la madrastra’ Si estoy dando el nombre del padre o la madrastra, entonces detrás de ellos están esos chicos», resaltó la agente del Ministerio Público.
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Serón insistió en que es mejor no dar nombres y agregó que si hay alguien que tiene alguna información para aportar al Ministerio Público, la información es bienvenida. «Estamos en la Fiscalía Barrial 7, para que nos acerquen esos que tienen algo, si alguien quieren prestar declaración testimonial, también, pero no hacerlo a través de las redes», aseveró.
Fiscala contó que hay antecedentes de maltrato
El caso particular de la niña de 9 años, fue difundido esta semana. La fiscala Carina Serón contó que inicialmente hubo una denuncia contra la madre biológica y tras un largo proceso, el padre obtuvo la custodia de la niña.
Eso pasó, hace aproximadamente tres años y existe una causa en la que la madre está acusada por otro fiscal (Federico Leguizamón), caso que sigue pendiente de audiencia preliminar, contó Serón.
Ahora hay otra causa simultánea por maltrato, pero esta vez, por parte de la madrastra que es la que le corresponde a le corresponde a la fiscala Carina Serón. «La madre denunció a la madrastra, que es lo que se ve en el video y dice que el padre tenía conocimiento», sostuvo.
Asimismo, reconoció que el padre también está siendo investigado y afirmó que será llamado a prestar declaración ante el Ministerio Público.
«Los comentarios son muy dañinos y la gente no tiene el conocimiento completo de todo lo que le tocó a vivir a esta niña por parte de la madre», acotó.
«El mal mayor que ella recuerda y mantiene es contra la mamá, entonces para ella es menor lo que estaba pasando en esta segunda situación. Lo que se hizo fue una contención y toma de relato primeramente, todavía no es un estudio victimológico que toma más días», apuntó.
Al respecto, aclaró que un profesional de la salud mental quien podrá explicar de manera más técnica estas declaraciones que hizo respecto a la percepción de la niña.
Contó que este miércoles se hizo el allanamiento para poder obtener el circuito cerrado del domicilio de donde la niña vivía con su padre y la madrastra, lo cual fue entregado al laboratorio forense del Ministerio Público, a fin de que se pueda guardar y proteger esa información.
Agregó que tiene otras diligencias pendientes y que de momento no puede adelantar, pero aseguró que pronto habrá más novedades sobre el caso y las personas que van a ser imputadas.
Dijo además que esta cuestión de definir la patria potestad no tiene que ver con dinero o chantajes en la toma de decisiones. Insistió en que las decisiones en torno a casos de menores de edad normalmente se toman tras el análisis de todo un equipo técnico y de varias instancias enfocadas en la defensa de la niñez.
Lo primordial es la protección del niño o niña
El viceministro Eduardo Escobar sostuvo que muchas veces se pierde el enfoque de que el niño, la niña o adolescente, que es víctima de maltrato o abuso, es lo que debe ir en el centro de todo el debate. «Es lo primordial que se debe cautelar ante los conflictos», sostuvo.
Finalmente, comentó que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia está realizando talleres para periodistas en varias ciudades del país, para abordar las noticias que afectan a los niños.
Agregó que existen muchos casos y el objetivo es dar a los comunicadores esta perspectiva de enfoque de derechos, para pensar cómo lo que se publica puede afectar a los niños, niñas y adolescentes, a pesar de que el objetivo sea, justamente, protegerlos.
