La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, según las Naciones Unidas.
Cada 30 de agosto, se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, pero cada año que pasa y luego de tres décadas de democracia en Paraguay, la defensa de la memoria histórica se vuelve cada vez más importante para condenar los crímenes de lesa humanidad.
Según la declaración sobre la protección de personas, se entiende como desapariciones forzosas cuando las personas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma. Esto se aplica cuando la privación de libertad se da de parte o con apoyo del Gobierno.
Una búsqueda que no se detiene
500 es el número de denuncias de personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, según actuales registros de la Comisión Verdad y Justicia. Ya pasaron más de tres décadas del fin de ese nefasto mandato y todavía continúa el sufrimiento de cientos de familias.
Una de ellas, es la del propio director de la instancia que lidera las búsquedas de los desaparecidos, la familia Goiburú. Al día de hoy, aun no saben qué aconteció realmente con su padre, Agustín, secuestrado en Paraná (Argentina) el 9 de febrero de 1977.
El año pasado, en entrevista con RadioCast25, el titular de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, Rogelio Goiburú, manifestó que tenía definido lugares para hacer excavaciones, pero no había presupuesto para tal efecto. Por lo que, 12 excavaciones estratégicas, fueron postergadas por la falta de USD 40.000.
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El 14 julio de este año, el Congreso rindió homenaje a Goiburú por su aporte a la memoria histórica. En la ocasión, aprovechó para insistir en el pedido de los G. 300 millones que requiere para seguir buscando a los desaparecidos.
«Hay que permitirle a los familiares de desaparecidos hacer el duelo que tengan que hacer, pero además, rescatar la historia, esa historia oculta que se quiso enterrar para siempre», aseveró entonces.
Consideró que, a pesar de la falta de presupuesto adecuado, han logrado mucho, al lograr identificar a cuatro víctimas del Plan Cóndor y un total 40 exhumaciones. Señaló que esos esqueletos están esperando su identificación y se requería de presupuesto, para seguir sacando sangre a los familiares de los desaparecidos.
Acotó que en la base de datos tenían cerca de 400 muestras, que debían a unas 1.200 muestras de sangre, como mínimo.
«Tenemos además que ir a excavar en los lugares ya investigados. El tiempo pasa y hay más de 30 sitios que excavar, con la seguridad de que vamos a encontrar huesos», detalló.
Fondos disponibles, pero aun no llegan
En agosto último, el Ministerio de Justicia volvió a asignar fondos a la dirección mencionada, para la búsqueda de desaparecidos.
Rogelio Goiburú, confirmó a Radiocast25, que sigue en proceso la transferencia del dinero, que había solicitado al Parlamento, hace más de dos años.
Comentó que recién ahora se emitió la resolución para autorizar el pago de ese monto, pero en dos partes: una este año y la otra, el año próximo. Consideró que ese monto alcanzará, probablemente, para dos de las 30 excavaciones que tiene pendiente.
Dijo además que el dinero será remitido a una ONG y no directamente por él, para que no haya dudas de ningún tipo.
Se conocen los lugares, no la cantidad total
Rogelio Goiburú resaltó que el dato, sobre los lugares para hacer excavaciones, es el fruto de largos años de investigación, lo que llevó a hablar con pobladores, familiares, compañeros y amigos de los desaparecidos. Este proceso también consistió en conversar con los represores de la época, con militares y policías que aun están vivos y que si bien no fueron responsables de los crímenes, sí fueron testigo de lo ocurrido.
«Es decir, es todo un proceso largo de investigación que lleva a encontrar lo que se llama una hipótesis verosímil acerca de los hechos que sucedieron y el lugar donde se enterraron los cuerpos», aseveró.
Estos lugares hacen referencia a departamentos de casi todo el país, Central, Concepción, Caaguazú, Caazapá, Cordillera y el Chaco, por citar algunos lugares.
En cuanto a los números de desaparecidos, dijo que inicialmente con la Comisión de Verdad y Justicia habían recibido cerca de 340 denuncias. Posteriormente, siguieron recibiendo casos y el número, a la fecha, ya ronda los 500 desaparecidos. No obstante, resaltó que es casi imposible que alguna vez se obtengan cifras certeras con respecto a esto.
«Nunca, pero de lo que se dice, nunca, vamos a saber con exactitud, cuántos desaparecidos hay en nuestro país, de la época de la dictadura, porque hay criaturas que fueron violadas y nunca más regresaron a sus casas y los padres jamás denunciaron», comentó.
Acotó que tampoco denunciaron los pueblos originarios las desapariciones de sus seres queridos, durante grandes represiones, que hubo por parte de los militares. «Lo que hasta ahora, sigue ocurriendo», concluyó.
