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¿Riera defensor de los DD.HH? Sus antecedentes dicen lo contrario

Enrique Riera será desde agosto próximo, el ministro del Interior y brazo político del gobierno de Santiago Peña. La primera designación del próximo presidente, no corresponde a una figura nueva, más bien se trata de un político de larga trayectoria con numerosos cuestionamientos en sus gestiones pasadas como ejecutivo y legislador. En esta nota, hacemos un recuento de lo que denunciaron las propias organizaciones que luchan en defensa de los Derechos Humanos.

La designación de Enrique Riera como titular de Interior fue anunciada por el presidente electo a través de un video. En dicho video, Santiago Peña afirma que Riera será un gran articulador con las organizaciones sociales y destaca su apego a los Derechos Humanos, describiéndolo como una persona a favor de las libertades, la democracia y el respeto de los Derechos Humanos.

Sin embargo, a lo largo de su carrera como ministro de Educación y legislador de la República, la historia presenta una perspectiva diferente.

Desde el 15 de agosto, Riera estará a cargo de todo el manejo de las relaciones políticas del gobierno con gobernaciones, municipio y hasta con el Poder Legislativo, del cual es miembro titular, como senador electo.

Pero además, Riera tendrá en sus manos la conducción de la política de seguridad interna, contando con la Policía Nacional a su disposición.

Riera restringió el horario de salida en Asunción

Enrique Riera fue intendente de Asunción por el periodo 2001-2006. En ese marco, en 2003 ya dio a conocer una de sus primeras muestras de restricción de libertades. Emitió el conocido y controversial “edicto Riera”.

Esta ordenanza limitaba el horario de comercialización de bebidas alcohólicas y también el horario de clausura de los establecimientos nocturnos. Por ese motivo, los locales nocturnos, los fines de semana, solo podían abrir hasta las 2:00 AM.

Numerosos usuarios, a través de las redes sociales, señalan a Riera como el responsable del detrimento de Asunción. Refieren que esta decisión hizo que muchos comercios migraran hasta otras ciudades, donde podían trabajar con mayor libertad.

Peligro y retroceso para los DD.HH.

El 5 de octubre del 2017, el Ministerio de Educación y Ciencias, bajo el mandato de Enrique Riera, emitió la Resolución N.° 29664. En la misma, “se prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a la ‘teoría y/o ideología de género'”, en instituciones educativas dependientes de este Ministerio”

“Esta decisión representa un peligrosísimo retroceso en materia de derechos humanos en el país. Bajo el malintencionado término de ‘ideología de género’ en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación; que no es una ideología, sino una obligación internacional del Estado paraguayo”, publicó entonces Amnistía Internacional.

Esta organización que lucha por los Derechos Humanos, calificó esta decisión como peligrosa y un gran retroceso en materia de derechos. Incluso, en ese entonces, Riera había expresado que quemaría libros, de ser necesario.

Criminalizar la invasión de tierras

Siempre hablando de criminalización de luchas sociales, el senador Enrique Riera, también fue uno de los proyectistas, junto a su colega Fidel Zavala, de la ley que elevó a crimen la invasión de tierras.

La Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas entre otras nucleaciones campesinas, había emitido comunicado, el 1 de setiembre de 2021, solicitando el rechazo total del proyecto de ley.

Esta organización recordó que hay un total de 8 millones de hectáreas de tierras, que fueron invadidas y usurpadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Asimismo, urgió la aplicación de la reforma agraria antes que una ley represiva. Argumentaron que leyes como estas solo impiden a las comunidades indígenas y campesinas luchar por las tierras de las que han sido despojadas. También habían cuestionado la aplicación selectiva de la ley.

“Lo que más nos preocupa de esta situación de blanqueamiento de la tierra mal habida en nuestro país. Después, por otro lado, cómo criminalizan la lucha por la recuperación del territorio, porque para nosotros los invasores son ellos, los que usurpan, los que ocupan las tierras. Nos castigan, nos quitan todo lo que tenemos y presentan este proyecto de ley para condenar a la gente que lucha por un pedazo de tierra”, había señalado en una entrevista con RadioCast25, Alicia Amarilla vocera de CONAMURI.

Sin embargo, esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional y Promulgada por el Ejecutivo. Desde entonces, se realizó una mayor cantidad de desalojos violentos y con fuerza desmedida en contra de ciudadanos campesinos e indígenas, sin atender las necesidades de fondo, como la realización de un catastro, la titulación de propiedades y la devolución de las tierras malhabidas.

La búsqueda de criminalizar las manifestaciones

El senador Enrique Riera, fue uno de los principales voceros y defensores de la polémica propuesta de modificación del Artículo 216 del Código Penal.

Entonces generó un intenso debate en relación a la criminalización de las manifestaciones en vías públicas. Riera se ha destacado como promotor de esta iniciativa, que buscaba sancionar legalmente a aquellos que participen en cierres de rutas y calles.

Nota relacionada: Criminalización de protestas: Apuntan a incoherencias y peligro de selectividad

En ese contexto, Tomas Zayas, dirigente campesino e integrante del Foro Social del Alto Paraná, calificó esta iniciativa de Riera, como un intento de censura.

“El proyecto Riera lo que quiere es coartar la libertad de manifestación, que es un recurso legal y constitucional que tienen los sectores organizados y en particular los campesinos e indígenas”, afirmó el dirigente en una entrevista con Base Is.

Asimismo, la coordinadora de DDHH rechazó el proyecto y comparó la iniciativa promovida por Riera con la dictadura de Stroessner. Posteriormente, tras varios cuestionamientos, este proyecto, fue archivado por el Senado, en abril de 2022.

Buscó dejar sin financiación a Educación

Enrique Riera, en su carácter de senador, fue uno de los impulsores de la propuesta legislativa que buscaba derogar el convenio con la UE. A través de este acuerdo, la Unión Europea dona al Paraguay, al menos 16 millones de euros para diferentes rubros de la educación. Dicho monto es distribuido para alimentación escolar, infraestructura y programas de apoyo escolar.

A pesar de la advertencia del Ministerio de Educación de la catástrofe que se podría dar, si Paraguay dejara de recibir ese dinero, siguió adelante. Riera –como ex ministro de Educación– no solo firmó, sino impulsó el proyecto, desde el Congreso.

Al ser consultado al respecto, insistió en que la preocupación de los padres es genuina y negó que la idea de derogar el convenio venga netamente del cartismo.

Sin experiencia en Seguridad y con interpretación “restrictiva” de los derechos

Ahora, tras la designación de Riera como ministro del Interior, opinó al respecto, el abogado Jorge Rolón Luna, especialista en seguridad ciudadana, Derechos Humanos y derecho constitucional. A través de su cuenta de Twitter cuestionó dos aspectos de esta elección.

Uno de ellos, guarda relación con que Riera no tiene experiencia ni conocimientos en materia de seguridad o de la complicada corporación policial.

En segunda instancia, resaltó que el exministro de Educación tiene una interpretación restrictiva en materia de derechos, especialmente en relación a la manifestación y la protesta.

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