La infame dictadura colorada de Alfredo Stroessner (1954-1989) dejó un saldo de 423 desaparecidos en el territorio nacional en sus más de tres décadas de opresión. Hasta la fecha, 32 años después, las familias de las personas que sucumbieron siguen sin respuestas y sin ningún tipo de indicio para determinar qué pudo haber pasado con ellas.
En el 2013, se creó la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, dependiente de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, con el objetivo de organizar, articular y llevar adelante un Sistema Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.
A cargo de la dirección está Rogelio Goiburú, un médico que durante años ha luchado por la reivindicación de la memoria histórica, quien puede hablar en primera persona de lo que implica para las familias de los desaparecidos no saber qué pasó de esas personas. El padre de Rogelio, Agustín Goiburú es uno de los 423 desaparecidos de los que aún nada se sabe.
Cada hallazgo de restos humanos, supone una nueva esperanza para determinar que pudo haber pasado con su padre, a 44 años de su repentina desaparición en la ciudad de Paraná, de la provincia argentina de Entre Ríos.
En primer momento, Goiburú expresó preocupación por el tiempo que ya transcurrió desde el golpe al dictador y que, hasta el momento, Paraguay no haya saldado esta deuda por los aberrantes crímenes que el Estado cometió contra la humanidad.
«No es que el Estado tiene una deuda solamente con los familiares directos, sino con la sociedad toda, a todas las organizaciones a las cuales pertenecían las personas que primero fueron secuestradas, después torturadas, asesinadas y enterradas en fosas comunes», comentó.
Hizo énfasis en que esta fue una metodología represiva para que nunca más se sepa qué pasó con estas personas. «Eso significa que se eligió hacer esto para producir ese daño», subrayó.
¿Cómo debe reconocer su responsabilidad el Estado?
Goiburú indicó que se deben generar recursos, es decir, una línea presupuestaria para buscar a los desaparecidos. También acotó que se debe crear un equipo de antropología, una base de datos genéticos y mantenerla en el tiempo, además de trabajar sobre las recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia.
Sin embargo, sostuvo que hasta ahora no existe la voluntad política para arrojar luz sobre estos casos. «Hasta el día de hoy no tengo un presupuesto para realizar estos trabajos. Día a día tengo que andar como un mendigo, para realizar los trabajos de exhumación, yo por supuesto que no me quedo quieto, ando de aquí para allá», aseguró.
Resaltó que ya tiene localizados 12 puntos en diversas localidades del país, donde deben ir a excavar con la seguridad de que van a encontrar los cuerpos que buscan, pero el problema, es que no hay plata.
«Somos todavía un equipo incipiente porque somos solo tres personas en la dirección. En cuanto a presupuesto, serían necesarios al menos G. 300 millones, serían aproximadamente, USD 40.000, para realizar los trabajos necesarios de cada sector y después pagar los análisis genéticos que hay que hacer en el laboratorio de Córdoba, con quienes tenemos un convenio firmado –con el equipo argentino de antropología forense–», detalló.
Todos los poderes del Estado estuvieron implicados
Goiburú remarcó que en primer lugar, al Estado le hace falta reconocer esa responsabilidad, porque cuando se hace referencia a la desaparición forzada, los tres poderes del Estado tuvieron un papel en ese escenario.
El legislativo, indicó, era el principal opresor y articulador de estas torturas y desapariciones, el Poder Legislativo que sancionó leyes represivas para aparentar que era necesario y legal.
«La Justicia colaboró también para que eso suceda. Siempre miraban para otro lado. Así que los tres poderes fueron responsables de estos actos», concluyó.
