fbpx

Las ramificaciones del caso RGD: éstas serían las nuevas líneas de investigación

La condena de 15 años de prisión a Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años y 7 meses, por lavado de dinero, usura y declaración falsa, revela lo funcional que ha sido el sistema judicial y el financiero para gestionar grandes operaciones ilícitas por al menos USD 900 millones en los últimos 5 años, sin órganos de control que detengan a esta estructura ilícita criminal que afectó la vida de miles de familias de Luque.

El lavado de dinero en Paraguay es uno de los flagelos que corroe visceralmente la formalidad del Estado paraguayo y que se manifiesta de diferentes maneras y que está presente en toda la sociedad como un mal endémico, un secreto a voces que rodea a muchos, que no es ajeno a las autoridades, pero que muy pocas veces se investiga y se llega a una condena real.

Uno de los pocos casos con una sentencia lograda, es el del poderoso ex dirigente futbolístico Ramón González Daher, quien fue condenado el viernes 10 de diciembre, a 15 años de prisión por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa, mientras que su hijo su Fernando González Karjallo, a cinco años y siete meses de prisión, por lavado de dinero. 

Esta sentencia se fundó sobre cientos de denuncias contra este esquema criminal, que no solo cobraba intereses excesivos a sus víctimas, sino que además usaba al sistema judicial para amedrentarlas y exigirles el pago de sumas elevadas y hasta despojarlas de sus propiedades o bienes.

Los cuestionamientos no quedaron solamente en González Daher y su hijo, pese a conocerse las condenas y cómo operaba este clan desde el momento que Ramón prestaba el dinero a sus víctimas, hasta el hostigamiento judicial por mensajes y llamadas para lograr la devolución, respaldado por el propio aparato judicial instrumentado por Oscar.

Ahora las dudas recaen no solamente sobre los actores de justicia (jueces y fiscales) que favorecieron a esta mafia luqueña, sino además sobre los organismos de fiscalización financiera y tributaria como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Sub-Secretaría de Estado de Tributación (SET), además de los bancos con los que este clan operaba.

¿Dónde están los organismos de control? ¿Qué hizo la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)? ¿Qué hizo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad)? ¿Y la Superintendencia de Bancos?

Al respecto, la fiscala Teresa Sosa afirmó en contacto con RadioCast25 que también se debería investigar a la Superintendencia de Bancos. «¿Quiénes eran los directores que omitieron su trabajo?, o al revés, ¿lo hicieron para blanquear el lavado de dinero?», se preguntó.

Destacó que hasta el momento, no está viendo un sumario que el Banco Central del Paraguay haya ordenado con respecto a los bancos, a los responsables de SEPRELAD y a los funcionarios que hicieron sus dictámenes favorables. «Hay que hacer una investigación, porque la gente tiene que analizar que cada responsabilidad es personal», puntualizó.

En ese contexto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, reconoció en comunicación con varios medios de prensa, que hubo una omisión por parte del sistema bancario al momento de reportar estas operaciones sospechosas. Dijo incluso que algunos bancos fueron cómplices.

Sin embargo, al ser consultado por su institución, apuntó contra la administración anterior, de Marta González (2013-2018). Afirmó, en una entrevista con ABC Color, que en este lapso de tiempo «no hubo predisposición» para investigar y aseguró que en este periodo la SET colaboró con la Fiscalía.

Orué mencionó además, que desde el año 2018 inició la auditoría a los números del clan González Daher, lo que derivó en una orden judicial para el pago de una millonaria suma en concepto de impuestos no abonados más intereses y multas, que rondaba los USD 6.000.000, en julio de 2021.

«Los grandes lavadores de dinero»

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, se niega a controlar los grandes movimientos de dinero, como por ejemplo del tabaco, manifestó en contacto con RadioCast25, el abogado penalista y referente de la oposición, Guillermo Ferreiro.

En ese contexto, afirmó que este es un «narcoestado», tras señalar que los narcotraficantes no tienen problema en mover sumas de dinero constantemente, pero para cualquier trabajador honesto, sí existen inconvenientes. Consideró que esa es una manera de hacer creer que hay control y que las medidas se aplican, por eso cada tanto «alguien tiene que caer».

«Somos un narcoestado, ya está eso establecido o acaso no sabemos que en el norte, la Policía abre camino para que pasen camiones de droga. La gente de SEPRELAD debería callarse nomás. Vos te vas y le decís algo y te dicen es cosa de narcos. Yo sé que SEPRELAD son los grandes lavadores de dinero del Paraguay (…) SEPRELAD no es inútil, es cómplice. SEPRELAD es parte del problema, no parte de la solución», aseveró.

El abogado consideró que si no existía presión de la embajada de los Estados Unidos o de la ciudadanía, que se involucró bastante en el caso del fallecido Óscar González Daher y de su hermano Ramón González Daher, probablemente no se iban a realizar ni siquiera las audiencias para los juicios.

El sistema judicial usado de apriete

El Tribunal de Sentencia, que condenó a Ramón González Daher, señaló que en juicio se pudo demostrar que, entre 2014 y 2019, el procesado dio préstamos a 156 personas, con intereses muy por encima de lo permitido y que no eran regulares, sino que iban aumentando conforme pasaba el tiempo.

Durante el juicio, el abogado Federico Campos López Moreira, Julio Adolfo Mendoza Yampey, el escribano Ramón Zubizarreta, la empresaria Tania Villalba, además de los empresarios Edemilson de Lima y Armindo Vera Ferrer, contaron las situaciones que debieron atravesar debido a estos préstamos usuarios y la hostilidad con la que González Daher los acosaba para lograr el pago.

Según la acusación, Ramón González Daher presentó un total de 156 denuncias por estafa ante las fiscalías de la ciudad de Luque y otras del departamento Central, en contra de las personas que no podían pagarle los préstamos. De esta manera utilizaba al sistema judicial como medida de apriete contra sus víctimas.

¿Por qué los bancos no alertaron?

El fiscal Osmar Legal, quien investigó esta causa de Ramón González Daher, recordó que cuando abrimos una cuenta bancaria dejamos constancia de los ingresos para que el banco establezca un límite operacional.

«Si hay un límite operacional mayor en el mes, vos tenés que justificar, si no le convencés al banco, tiene que reportar a la SEPRELAD», señaló el fiscal sugiriendo que esa alerta no provino de los bancos con los que operaba esta estructura criminal.

«Hay cuestiones que llaman la atención en los bancos en especial. Ellos (Ramón González Daher y su hijo) presentaron las declaraciones juradas de IVA, contratos de alquiler y declaración de bienes, con eso levantaron un límite operacional, pero la misma documentación replicaban en todos los bancos», comentó.

No obstante, el representante del Ministerio Público reconoció que en algunos casos sí pasaron los límites establecidos.

«Ahí es cuando nos preguntamos ¿por qué no levantaron la alerta? y si reportaron ¿por qué SEPRELAD no hizo nada?», cuestionó. Justamente esas son las preguntas, que hasta el momento ni una autoridad de la SEPRELAD ni de los bancos respondió.

Por otra parte: fiscales y jueces

Tras la sentencia de Ramón González Daher, se dio a conocer un listado de fiscales que recepcionaron y dieron curso a las denuncias que el exdirigente de fútbol realizó contra sus víctimas, en las que él se presentaba como víctima; cuando las víctimas reales, eran presentadas como victimarias.

Al respecto la fiscala Teresa Sosa, dijo que el el Ministerio Público debe hacer una investigación de los funcionarios públicos que eran parte de esta rosca: fiscales, jueces penales de garantía y miembros de la cámara de apelaciones, porque sin estas tres instancias no puede ocurrir esa persecución de la que se habló en este juicio.

«Pero hay que hacer las salvedades, y no decir que todos los fiscales estaban implicados, porque se está faltando a la verdad y se está perjudicando a gente que está haciendo bien su trabajo», objetó.

A su vez, el ahora ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Fernando Silva Facetti manifestó que es la Fiscalía la que debe presentar acusaciones contra los jueces y fiscales implicados.

Artículos Relacionados
Leer Más

A 35 años del golpe: Santiago Peña no se atreve a hablar de la dictadura stronista

Febrero no es un mes cualquiera para el Paraguay cuando hablamos de democracia, en tiempos en los que el autoritarismo se va instalando sin disimulos. Casi como un hecho simbólico, en febrero se dio una de las pocas condenas a un ex torturador stronista. Sin embargo, Santiago Peña se muestra cauto al no hablar de ´dictadura´ en actos de gobierno. Debemos recordar que la negación del régimen, representa un riesgo para nuestro futuro democrático.
Leer Más

Rápida guía para entender los efectos de las redadas masivas de la policía de Riera

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional se jactaron días atrás, de un operativo en el que detuvieron a varias personas en controles aleatorios. La gran mayoría por no portar cédula de identidad, una práctica ilegal arraigada en la policía. La arbitrariedad de estos procedimientos, denota que la presunción de inocencia es letra muerta para los organismos de seguridad y evidencia que la línea es reprimir a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas.
Leer Más

Alertan que jueces mal utilizan ley contra violencia hacia la mujer, para censurar

El empresario Christian Chena, hizo pública una notificación judicial en donde se le prohíbe mencionar a la esposa de un asesor del ex presidente Horacio Cartes, en redes u otro medio. El caso llama la atención por tratarse de un hecho de censura, cuando la Constitución la prohíbe en cualquiera de sus formas. Especialistas advierten que es una distorsión adrede de la ley contra la violencia hacia la mujer y que se podría volver frecuente entre jueces afines al poder.
Leer Más

Activó el protocolo de acoso escolar y logró la detención de un padre abusador

Un hombre de 54 años hoy está preso luego de ser hallado culpable de abuso sexual en niños y no saldrá de ahí hasta cumplir 25 años de prisión. La fiscalía pudo intervenir gracias a una docente que activó el protocolo de acoso escolar. En el juicio se comprobó que el mismo, abusó sistemáticamente de dos de sus tres hijas. Autoridades afirman que la prevención es el único camino para que el Estado pueda llegar antes de que ocurran los abusos sexuales en niños y niñas.