Los medios de comunicación son uno de los mayores contralores de la gestión estatal de los recursos públicos, del comportamiento de los actores de poder y de cómo se utiliza el dinero que aporta la ciudadanía. En un país con instituciones de control tan cuestionadas reputacionalmente como la Fiscalía, los medios de comunicación cumplen un rol indelegable para velar por la transparencia.
Cuando estas instituciones no responden, por estar condicionadas al poder político, son los medios de comunicación, a los que se acude para ejercer el contraponer necesario en el ejercicio democrático.
Por eso, la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y prensa en su artículo 26, libertad que se vio afectada por una resolución del juez Wilfrido Peralta, a través de la cual condenó al diario ABC Color por difamación en el marco de la requerimiento judicial promovido por Marta González, ex viceministra de Tributación, de la era Cartes.
¿Por qué este fallo debe ser un motivo de debate y análisis sobre las implicancias que esta medida tiene? Ezequiel Santagada, abogado especializado en derecho constitucional y director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), analizó por qué es tan cuestionable esta determinación judicial.
Según Santagada, varios de los elementos que debieron haber existido para que este caso se configure como una difamación no existieron, incluso al demostrar fehacientemente que instituciones contraloras públicas, ratificaron lo que planteaba el medio en sus publicaciones..
Los dos aspectos que no se cumplieron para la condena
El especialista explicó que hay dos cuestiones a considerar; primero, la instancia en la que se llevó a cabo el juicio y segundo, por lo que no se llegó a probar.
Santagada remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clarísima en cuanto a cómo procesar excesos de los medios de comunicación.
“El derecho penal no es la vía para reclamar responsabilidades cuando se trata de cuestiones de interés públicos. ¿Qué son las cuestiones referidas a interés público? Las publicaciones referidas a: funcionarios en el transcurso de sus funciones, candidatos a cargos electivos y cuestiones que tienen que ver con discriminación, ambiente y derechos humanos”, comentó en un primer momento.
Seguidamente, resalta que si en estas cuestiones llegara a haber algún “exceso”, se reclama por la vía civil, es decir, se soluciona con dinero, no con derechos penales. Ahí cierra el primer punto.
En segundo lugar, se debe probar “la real malicia”. ¿Esto qué significa? Que la publicación haya sido con dolo, es decir, con la intención manifiesta de dañar, a sabiendas de que lo que se publica es falso. “Eso se tiene que probar, ni una cosa ni la otra se dieron en este proceso”, puntualizó.
Ningún periodista va a poder publicar absolutamente nada
¿Cuál fue la lógica del juez? El juez –relata Santagada– dijo: hay una contratación pública, no hubo una irregularidad y eso difamó a la señora Marta González. El abogado califica esto como una locura.
“¿Qué implica eso? Si se sigue esa lógica, ningún periodista va a poder publicar absolutamente nada en materia de gestión de la cosa pública”, continuó diciendo que, bajo esa premisa, para que un periodista pueda publicar algo, va a tener que esperar que los órganos administrativos de control y judiciales se expidan sobre la irregularidad de un acto de gobierno.
”Esto es demencial, a los efectos prácticos significa que no se puede opinar sobre la gestión de los funcionarios”, aseveró. Es decir, la prensa ya no tendría razón de ser.
Insistió que esta demanda debería ir por las vías de la instancia civil, como reparación del daño y aseguró que no se trata de una suerte de impunidad. Argumentó este punto señalando que es preferible un debate intenso en el que se hagan manifestaciones chocantes, provocativas y demoledoras, en el debate de la cosa pública.
“Porque si el debate no es intenso, se resiente la calidad democrática. Eso está desde la década de los 80, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…) Es un saber universal en materia de la libertad de expresión”, concluyó.
ABC iría a instancias internacionales
El abogado Rodrigo Yódice, quien defendió a la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo y al periodista Juan Carlos Lezcano del mismo medio, habló con RadioCast25.
Yódice aseguró que en juicio se comprobó la verosimilitud del contenido de las críticas, por lo que cuestionó que se condene la publicación de temas relacionados a irregularidades.
“Quiero que la gente entienda que esto no es un ataque al medio, este es un ataque a la garantía constitucional concedida a favor de todos de obtener información. Es cierto, la Constitución dice veraz y ecuánime. Esa veracidad fue plenamente comprobada en el marco de este juicio oral”, insistió.
Finalmente señaló que van a apelar a todos los mecanismos existentes por las normas paraguayas y en caso de que no obtengan un revés en la condena, acudirán a los organismos internacionales.
Sobre este punto, Santagada recordó que casos como este, en el que se demuestra como un actor de poder ejerce presión para acallar a la prensa, son casos que generan gran atención en estrados internacionales justamente por el antecedente que se establece, recordando que hay fallos históricos a favor del reconocimiento del trabajo periodístico.
Antecedentes
Marta González fue viceministra de Tributación durante el gobierno de Horacio Cartes. La ex funcionaria inició el proceso en contra de ABC Color, por una serie de publicaciones que hizo el medio, entre marzo y abril de 2019, cuestionando el proceso de licitación para la adquisición del sistema de Marangatu.
ABC Color cuestionaba que la SET adjudicó un contrato de USD 3 millones para la actualización de este sistema tributario a una organización de la que ella era directiva, según información del medio. La crítica se basó en que esa contratación fue por vía directa y no tuvo competencia. Tras esto, González presentó una demanda por difamación y calumnia en contra de la directora del diario Natalia Zucolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano.
