Como cada año, una de las organizaciones emblema de la defensa de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional, presentó su informe sobre la situación de los países y sus esfuerzos por proteger este principio humano básico. En su capítulo: Paraguay, relata varios hechos que constituyen una grave amenaza a los DD.HH.
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Algunas de estas situaciones, guardan relación con la arremetida antiderechos de grupos fundamentalistas. Pero otras, tienen un nexo con directo con la deuda histórica de un Estado, que da la espalda a situaciones a las que están expuestos varios grupos vulnerables.
Este informe cobra una significancia especial a juzgar por la intromisión de grupos religiosos extremistas en espacios de discusión social y política, interfiriendo la concreción de derechos o incluso, interrumpiendo la consolidación de estas conquistas sociales.
Ámbitos como la educación, niñez y adolescencia, la salud sexual o reproductiva, el empoderamiento de la mujer y hasta la tenencia de tierras se han visto afectadas por el intenso actuar de estos colectivos de militantes antiderechos.
La doctora en Derecho, Alejandra Peralta, resalta que Amnistía hizo un recuento de las sentencias de la CIDH, que condenó a Paraguay por casos de violación de Derechos Humanos.
Habla de casos como: el de Santiago Leguizamón, en que se condenó al Estado por violación del derecho a la libertad de expresión. Así como el de Goiburú, por desaparición de personas durante la dictadura stronista. “Esto va construyendo estándares dentro del sistema interamericano que Paraguay debe ir respetando. Cuando Paraguay se allana, significa que reconoce que está en deuda”, agrega.
No obstante, lamenta que se cambien gobiernos y no se salden las deudas. “Esto es preocupante, que cada informe de Amnistía sigan año tras año informando sobre lo mismo”.
Derechos de la infancia
El informe de Amnistía resalta que, la Fiscalía reportó un total de 1.452 casos de malos tratos y 3.804 casos de abuso sexual.
“Hasta noviembre, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 10.332 alumbramientos adolescentes, de entre 15 y 19 años, de las que 570 de entre 10 y 14 años, de las cuales 84 indígenas”, apunta.
Recuerda además que el Ministerio de Educación y Ciencias ordenó acatar la resolución que prohíbe la Educación Integral de la Sexualidad (EIS). Además refiere que el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió al cuerpo diplomático evitar términos como “diversidad”, “interseccionalidad” y “derechos sexuales y reproductivos”.
Peralta lamenta además que las autoridades –quienes tienen la lapicera y están sentados en silla de poder– desconocen el valor de los Derechos Humanos.
“Hemos notado un retroceso enorme en lo que respecta a educación, al proceso de Transformación Educativa, en lo que respecta a las donaciones de la Unión Europea. Imagínense teníamos textos que claramente establecían un protocolo de actuación, que lastimosamente tuvimos casos en Paraguay. Sin embargo, estos textos han sido rechazados tal vez por un mal entendimiento o tal vez una priorización de la captación de votos por sobre la dignidad humana”, subraya.
Tierras usurpadas a pueblos indígenas
El documento habla de que las autoridades nacionales no avanzaron en la defensa de los pueblos indígenas. Hace varios meses, que diversas comunidades indígenas siguen estando abandonadas en absoluta indigencia frente a la sede del Instituto del Indígena, sobre la Avda. Artigas, reclamando por una pronta asistencia por parte de las autoridades.
“La comunidad Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní seguía esperando que le devolvieran sus tierras, usurpadas decenios atrás por Itaipú Binacional mediante una demanda en curso en 2022, la empresa intentó desalojar a personas de la comunidad de otra parte de su territorio ancestral donde se hallaban asentadas”, expresa.
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En ese contexto, relata que, en junio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que Paraguay seguía violando los derechos de la comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet.
“Anunció medidas de seguimiento más firmes para garantizar el acceso de la comunidad a su propio territorio, así como su intención de visitar el país en los meses siguientes”, agrega.
Creciente desalojos a campesinos
El informe, asevera que las autoridades nacionales no avanzaron lo suficiente en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta situación afectó principalmente a las comunidades más marginadas.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre las políticas agrarias que habían generado un número creciente de desalojos forzosos, que a su vez habían derivado en detenciones arbitrarias y homicidios y dejado a miles de campesinos y campesinas de pequeña escala y de familias indígenas sin sus medios de vida”, puntualiza.
Feminicidios e impunidad
El informe también se hace eco, que el año pasado se registraron 36 feminicidios. Así también cuenta lo ocurrido con el caso de Alexa Torres, quien había denunciado al sacerdote Silvestre Olmedo por acoso sexual. El mismo fue declarado culpable en 2021, sin embargo, un Tribunal de Apelación decidió que la causa ya prescribió y sobreseyó a Olmedo.
En cuanto a la impunidad, también destaca la falta de avances en causas penales que involucran a la comunidad LGTBI+.
También remarca que la demanda presentada por Amnistía Internacional –en octubre de 2019– contra la decisión de la municipalidad, continuaba paralizada. Así como el hecho de que dos mujeres trans, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, vienen pidiendo desde desde 2016, poder cambiar legalmente sus nombres de acuerdo con su identidad de género, pero hasta el momento, la justicia paraguaya no les ha permitido acceder a ese derecho.
En ese contexto, la doctora Alejandra Peralta, explica resalta que en Paraguay existe una marcada discriminación hacia la comunidad LGTBI. Asimismo, respecto a los feminicidios considera que acá tenemos que prender la luz roja.
“El estado debe poner toda su energía, más aún de quien va a tomar la posta en los próximos cinco años, en cuanto a la protección de las mujeres y niñas contra toda forma de violencia, porque la violencia está en aumento”, refiere
Un momento de retroceso
La abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, coincide con el informe de Amnistía, en términos generales. Además opina sobre varios aspectos que amenazan diariamente los derechos de los ciudadanos.
Dijo, en contacto con Latitud25, que estamos en un momento de retroceso en materia de defensa y conquista de Derechos Humanos.
“Los Derechos Humanos están ausentes de la agenda pública, así como no hay acciones de protección cuando ocurren violaciones de Derecho Humanos, por ejemplo, vinculada a acciones policiales de uso abusivo de la fuerza. Tampoco cuando se da esto de justicia por mano propia, digamos que hay un retroceso en considerar esto como un grave hecho y más bien estamos perdiendo como la capacidad de asombro y no hay acciones desde ningún espacio. Digamos que estamos acallados desde distintos ámbitos”, apunta.
Asimismo, hace referencia al ámbito penitenciario. Señala una administración deficiente y sostiene que la corrupción sistemática ha empeorado, lo cual también empeora las condiciones de vida de las personas que están privadas de su libertad. Esto salvo, las personas que pueden comprar privilegios.
La inversión ausente en DD.HH.
En cuanto, a la niñez y adolescencia, Diana Vargas señala las cifras de abuso que cada tanto alarman a la sociedad y a los medios de comunicación, no ha implicado una mayor inversión en materia de prevención y protección de la niñez.
Esto, tanto en el ámbito de las políticas públicas de protección social y de la protección judicial, una vez que haya habido una situación que ameritó intervención del Estado.
Dice, que si bien hay un avance legislativo en materia de vivir en familia y cuidados alternativos, enfatiza que en la práctica estamos muy lejos. También hace alusión a la Ley de Salud Mental, que pretende un cambio paradigmático.
No obstante, subraya que todavía va a llevar un tiempo su implementación, porque todavía tenemos la cultura del encierro, muy presente.
Afirma además que un gran problema central del cual el Estado no se está ocupando tiene que ver con el consumo de drogas, cada vez desde menor edad.
“No tenemos políticas públicas descentralizadas, para atender en territorio y con un fuerte enfoque de prevención. Cada vez es más complejo el servicio de atenciones, no está centrado en las personas. No hay medidas para mejorar el acceso, sino todo lo contrario, y eso claramente es un retroceso”, concluyó.
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Asimismo, la especialista Alejandra Peralta finalmente hace énfasis en que si los ciudadanos no exigen el cumplimiento de los Derechos Humanos, van a seguir las injusticias.
