Alexa Torres, Belén Whittingslow y Aurora Lezcano son tres jóvenes mujeres que debieron enfrentarse en instancias legales a integrantes de la Iglesia Católica por diferentes motivos y en procesos iniciados en distintos años, en 2014, 2016 y 2017.
En estos casos se puede ver un patrón similar que guarda relación con el poder manifiesto de la Iglesia en este tipo de circunstancias en las que referentes de su institución están involucrados con hechos de persecución y acoso. Para que la estrategia judicial sea parecida en los tres casos, se precisa al mismo equipo de abogados para llevar a cabo tales estrategias de defensa de la Iglesia.
Estas tres mujeres, desde un principio sabían que el camino no sería sencillo, en atención a la influencia que puede tener la Iglesia por lo que en sí representa, pero más aún, porque las dudas que genera el hecho de que integrantes de esta institución, como Cristian Kriskovich, también formen parte de un órgano creado para juzgar el desempeño de quienes imparten justicia como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Antecedentes
Belén Whittingslow, ex alumna de Derecho, fue expulsada en 2014 de la Universidad Católica por supuesta compra de notas en la que fueron involucrados cerca de 43 alumnos de esta carrera. Posterior a este hecho, la alumna a su vez, había denunciado a Cristian Kriskovich, profesor de la Universidad Católica y posteriormente presidente del JEM, incluyendo mensajes de texto enviados por el mismo Kriskovich a la joven. La denuncia fue hecha por acoso sexual, pero no prosperó en los estrados judiciales.
Sin embargo, el caso en el que Whittingslow es acusada continuó y la Fiscalía ordenó su captura (en 2019), por lo que decidió refugiarse y tramitar su asilo en Uruguay. Kriskovich reconoció que el caso de la compra de notas no tiene vinculación con la denuncia de acoso sexual que vino después del proceso contra la estudiante.
Aurora Lezcano es la estudiante de Derecho de la Universidad Católica, que fue acusada por la Universidad Católica por supuesta coacción grave en el marco de una serie de protestas que realizaron estudiantes, funcionarios y docentes contra la universidad, en el año 2017. Tras varios años de proceso, la joven fue absuelta por la Justicia por prescripción de la causa penal y porque la querellante (Iglesia Católica) no ha podido sustentar con hechos su acusación.
El último caso, de Alexa Torres, volvió a generar polémica tras cuestionamientos hacia el actuar judicial, luego de que el miércoles 27 de abril se diera a conocer, a través de la prensa, que la condena al sacerdote Silvestre Olmedo fue anulada y el procesado absuelto por prescripción de la causa.
Silvestre Olmedo fue imputado en 2016 por presuntamente acosar sexualmente a Alexa Torres cuando ella integraba una Pastoral Juvenil. En una primera instancia, fue absuelto por la justicia, pero en 2020, un Tribunal de Apelaciones anuló el primer juicio. El 5 de noviembre de 2021, fue condenado a un año de prisión por acoso sexual, sin embargo, el miércoles 27 de abril se dio a conocer que esa sentencia fue anulada y que el cura quedaba sobreseído de manera definitiva.
Bajo el argumento de que pasaron más de tres año del último acto interruptivo, la justicia paraguaya no consideró acoso el hecho de tocar una sola vez el pecho de una joven, dejando un antecedente preocupante para otros casos de acoso, según la abogada de Alexa Torres, Mirta -Michi- Moragas, quien explicó en RadioCast25 que se enteraron por los medios de esta decisión de la justicia, sin haber recibido una notificación previa, por las instancias legales.
“Sin que la víctima de violencia sexual haya tenido el derecho de conocer primero el contenido de la decisión del Poder Judicial, eso de por sí es gravísimo, de por sí es una violación a los derechos humanos de Alexa, otra violación más a todo este proceso”, lamentó.
Afirman que hay irregularidades en este caso
Moragas consideró que la resolución es vergonzosa, en primer lugar porque la condena se anuló por prescripción de la causa. Sin embargo, cuestionó que el preopinante, que fue el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, dice que no es acoso sexual, que no es ningún delito el hecho de que el cura haya manoseado a la joven.
Agregó que los otros miembros dicen disentir con él en esa opinión, pero sin argumentarlo. Solo aceptan que la causa ya prescribió.
“En el curso de este proceso, la primera Cámara anuló y dijo que no se puede usar el diccionario de la Real Academia para justificar algo, cuando tenés mecanismos legales, y él vuelve a utilizar el argumento de la RAE, es un retroceso en doctrina. Es muy fuerte porque ya habíamos superado eso en el primer juicio y ahora volvemos a foja cero todos los antecedentes”, cuestionó.
El factor común en los tres casos
La abogada de Alexa afirmó que la intervención de la Iglesia Católica en estos casos, va más allá de una intervención religiosa, sino que es más bien una intervención política.
Asimismo, recordó que Carlos Montalbetti, abogado de Silvestre Olmedo, es quien lleva también el caso de Cristian Kriskovich contra Belén Wittingslow.
“No hay que perder de vista que es un mismo abogado, quien está defendiendo a la iglesia en casos de violencia sexual contra mujeres. Hay una línea muy clara de intervención judicial de la Universidad Católica y de la Iglesia, esto no tiene nada que ver con la creencia, tiene que ver con la forma de intervención política que históricamente tuvo la iglesia y que en los últimos años ha sido muy vergonzante con relación a los derechos de las mujeres”, aseveró.
“Belén está refugiada en Uruguay, debido al enorme poder de Cristian Kriskovich y su propio abogado es también el abogado de Silvestre Olmedo, entonces hay un vínculo absolutamente claro y está la cuestión partidaria, el partido político de gobierno tiene que ver con eso. El Arzobispo de Asunción hasta ahora no dijo nada, eso también tiene que ver. Carlos Montalbetti asumió para el segundo juicio de Olmedo”, agregó.
Mismo abogado, mismo proceder
Respecto al caso de Belén Wittingslow, el abogado Carlos Montalbetti había manifestado en contacto con Última Hora, que el proceso con la estudiante no era una represalia por su denuncia de acoso contra Kriskovich. “Este caso de la denuncia por acoso fue desestimada hace tres años, ahí no hay más ninguna discusión, se acabó ya eso”, refirió.
En cuanto a Aurora Lezcano, había manifestado que pidió dos años de cárcel con cumplimiento efectivo de la condena, bajo el argumento de que Aurora “no es una persona común” al ser estudiante de derecho.
En el caso de Alexa, cuando se dio la condena a Olmedo, había afirmado que “El tribunal se dejó llevar por las presiones”, por lo que iba a apelar la medida y de no tener una resolución favorable, iría a instancias internacionales.
Un patrón sistemático de persecución
Guillermo Ferreiro, defensor de Aurora Lezcano, también se refirió el respecto y afirmó que en esta seguidilla de casos “estamos ante un patrón sistemático de persecución de mujeres y de violación de derecho de las mujeres”.
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“Lo que ocurrió aquí es otra muestra más de nuestro eficaz y corrupto sistema de justicia, que en esta causa que hay muchas sospechas de persecución a personas por grupos de poder no tiene la capacidad de llegar a una sentencia definitiva, que ponga fin a la causa y termina prescribiendo, eso demuestra que hay una suerte de manipulación. Dejan prescribir la causa para no hacerse responsable de nada y eso es a través de un patrón de conducta”, refirió.
En cuanto a la Montalbetti, coincidió con Moragas, en que ha participado en todas estas causas citadas vinculadas a la Iglesia Católica.
“Él hace su trabajo profesional, dentro de la ley eso no es cuestionable, pero demuestra que la Iglesia es la que pone los abogados para estas causas, la que dice que el acoso no es delito, es galanteo, que no es nada”, dijo Ferreiro.
Mencionó además que en la universidad persiguen a estudiantes falsificando actas, oponiéndose a pruebas a que ni la Fiscalía se opuso y que podían haber probado vínculos políticos.
“Según la Iglesia, si la alumna en la católica es acosada y se queda, es por algo. Entonces eso demuestra claramente cómo la Iglesia católica utiliza profesionales y procedimientos judiciales para quebrantar la ley”, concluyó el abogado Guillermo Ferreiro.
