Toda universidad, en cualquier territorio del mundo, se funda con la intención de ser generadora de conocimiento, partiendo del entendimiento que el conocimiento empodera, emancipa, libera. Pero es justamente una universidad la que inició una acción judicial contra una de sus estudiantes de Derecho, cercenando su libertad de protesta, por exigir el esclarecimiento de denuncias de acoso sexual en contra de alumnas.
En 2017, empezó un conflicto de estudiantes con las autoridades de la Universidad Católica de Asunción. Los alumnos realizaron una serie de manifestaciones con medidas de fuerza. Exigían más participación estudiantil en los estamentos de decisión y la remoción de un decano por denuncias de acoso sexual en contra de un docente con respaldo político en estamentos de poder. Aurora Lezcano fue una de los cinco estudiantes procesados en esa causa.
“La Universidad Católica tenía cuando eso vínculos políticos muy fuertes con el Consejo de la Magistratura a través Cristian Kriskovich, había antecedentes de abuso de poder por parte de la Universidad Católica. Ellos en todas las testificales dicen que ese recinto es privado. Entonces, ¿qué hacen? Suspenden las clases y dicen que había coacción. No hay testigos que aseguren que no le hayan permitido ingresar”, expresó el abogado Guillermo Ferreiro, defensor de la estudiante Aurora Lezcano, la única procesada que sigue en la causa.
Denuncian declaraciones idénticas
El abogado Guillermo Ferreiro resaltó, en los estudios de RadioCast25, que hay irregularidades en este juicio iniciado contra Aurora, porque existen fragmentos enteros de los documentos en donde constan las declaraciones testificales que son idénticos.
“Si mentís en una declaración es muy grave (…) Son 3 declaraciones en tres momentos diferentes, cada una tiene la firma de ellos”, puntualizó, al referirse a las declaraciones de tres autoridades de la universidad.
Explicó que una declaración se da normalmente cuando alguien le llama a los testigos o involucrados, pide todos los antecedentes del caso y uno por cuenta propia explica o relata lo que sabe al respecto, bajo juramento.
“En varios párrafos las tres declaraciones coinciden textualmente, hasta las comas e incluso los errores. Yo veo a gente en Twitter que dice que ella está juzgada por un delito, pero hay que resaltar que se establece un delito en base a falsificación de documentos públicos, porque cualquiera puede ser víctima mañana, de la asociación criminal más peligrosa que tiene el Paraguay, que se llama Ministerio Público. Tienen que estar todos presos”, aseveró.
Ferreiro explicó que la universidad pide dos años de cárcel para ella, por el hecho de tratarse de una estudiante de derecho, ya que esto supone un agravante por tratarse de una estudiante que debería conocer las leyes.
“César Rufinelli (Decano de la UNA y uno de los declarantes), es doctor en Derecho y firma una declaración que no es suya”, subrayó.
A las protestas, represalias
Aurora explicó que el delito por el que ella está acusada, que es coacción grave, permite que haya pena sin ningún tipo de sanción. “Esto es un mensaje: ‘vean qué va a pasar si ustedes vuelven a ser irreverentes?”, consideró. Ella recordó que era miembro de la asamblea de estudiantes, cuando se realizó esta medida de protesta.
En ese entonces todos los estamentos: el docente, estudiantil y funcionarios de la universidad, llevaron adelante una serie de medidas, de las que Aurora reconoce haber participado. El estamento docente fue a paro, y los estudiantes no tenían clases, por lo que la forma de participar eran las clases abiertas en la universidad.
“El gran error que yo cometí fue firmar un documento que decía que los estudiantes de filosofía queríamos que las autoridades debían sentarse en una mesa de diálogo para solucionar el conflicto”, agregó, al recordar que en ese entonces ella era estudiante de las facultades de Derecho y de Ciencias Humanas al mismo tiempo.
“Es mi derecho ejercer la protesta”
“Para mí no es fácil llevar este proceso por casi cinco años, yo hoy me encuentro en esta situación prácticamente condenada. Lo que yo hice en el 2017 es ejercer mi derecho a la protesta, ejercer mi derecho a pedir una educación de calidad, exigir espacios libres de violencia”, dijo la estudiante.
Acotó que no se iba a sentir bien si asumía una responsabilidad penal por una decisión política colectiva y arbitraria que se tomó, de llevarle a juicio por este caso.
Además, explicó que estamos hablando de un tipo penal que es la coacción y los hechos acontecidos en esa manifestación, no hacen al tipo penal por el cual es juzgada. Recordó que coacción es obligarle a alguien, mediante el uso de la fuerza o la amenaza, a aceptar algo que no quiere o padecer algo que no desea aparecer.
“Yo no hice eso. Yo lo que hice fue ejercer mi derecho: tengo el derecho de ejercer la protesta y tengo derecho de pelear –en condiciones de igualdad– contra las personas que me están querellando, cosa que hasta ahora no se ha dado. Yo he tenido que pagar una millonada de plata (…) cuando yo no tengo por qué demostrar mi inocencia”, indicó.
Señaló que la prueba solicitada es un cruce de llamadas entre las autoridades de la universidad, Cristian Kriskovich, el fiscal general del Estado en ese momento y los fiscales del caso, de la fecha en que ocurrió el atropello, que fue el 14 de setiembre de 2017.
“Nosotros pedimos que se incluya esa prueba. Se nos negó. Yo apelé y tuve que pagar 12 millones por una apelación que perdí”, enfatizó.
Los otros cuatro estudiantes que estuvieron procesados, reconocieron que cometieron una irregularidad, por lo que lograron una salida procesal sin antecedentes.
En el caso de Aurora, ella se negó a afirmar que hizo mal al manifestarse, por lo que la causa se elevó a juicio oral. El juicio puede terminar con una sentencia absolutoria o condenatoria, se le aplica una sanción y queda un antecedente de por vida, según aclara el abogado Guillermo Ferreiro.
¿Qué dice la UCA?
Carlos Montalbetti, defensor de la Universidad querellante, dijo que pidieron dos años de cárcel para no pedir la multa y que para esta solicitud, tuvieron en cuenta el artículo 65 del Código Procesal Penal, según expresó en una entrevista a Última Hora.
Además afirmó que la casa de estudios perdió aproximadamente un millón de dólares, durante los 45 días en los que no hubo clases a causa de las medidas de fuerza realizada por los estudiantes. Agrego que personalmente se comunicó con Aurora para que ésta haga un pedido de disculpas públicas.
“Pero ella no aceptó, prefirió la mediatización”, resaltó.
Codehupy expresó su postura en contra el juicio
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, red de 40 organizaciones de la sociedad civil paraguaya, publicó un hilo sobre observaciones hechas ante el Poder Judicial sobre la importancia de garantizar el derecho a la protesta social.
