Las comunidades originarias del Paraguay llevan años solicitando el respeto por sus tierras ancestrales y la posibilidad de acceder a servicios básicos, así como la defensa de sus derechos, de esto son testigos los medios digitales de comunicación con notas de hace al menos 15 años atrás en que se firman acuerdos y promesas para desactivar movilizaciones.
Entre saqueos, ataques e indiferencia del Estado, siguen llegando cada cierto tiempo hasta la capital del país para solicitar ayuda de las instituciones que tienen que velar por su integridad, como el Instituto Nacional del Indígena (INDI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Al poco tiempo de los mencionados acuerdos, ante las necesidades y la falta de cumplimientos, los integrantes de diversas comunidades retornan hasta Asunción y el ciclo se repite.
Una jornada conflictiva
En esta ocasión fue diferente, el miércoles 27 de setiembre, los nativos llegaron hasta la capital con filosas flechas y con una serie de reclamos al Estado, además de la petición de que el Congreso rechace el proyecto de ley, que eleva a crimen la invasión de tierras, ya con media sanción del Senado.
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El conflicto se desató en la Plaza de Armas y aunque no hay una certeza exacta de cómo empezó todo, hubo un fuerte cruce de balines de gomas y flechas, que terminaron hiriendo a indígenas y uniformados. Además de eso, se quemaron y saquearon vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones del Parlamento Nacional, que también generó un daño a terceros. La situación se tensó en extremo y sobrepasó incluso a las fuerzas policiales.
Finalmente, la Cámara de Diputados sancionó la ley y solo con un día de diferencia, algo inédito en este gobierno, el presidente Mario Abdo Benítez la promulgó con celeridad.
Reconocen falencia del sistema y falta de comunicación
Al respecto, conversó con RadioCast25, Cecilia Pérez, titular del Ministerio de Justicia, institución que tiene como misión «asegurar el derecho a la identidad y garantizar la vigencia de los derechos humanos a todos los ciudadanos, con énfasis en el acceso a la justicia y a la información pública».
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La representante del gobierno, si bien defendió el proyecto de ley, reconoció las falencias en la comunicación por parte del Estado para con los indígenas.
«Eso dijo el presidente del INDI (Édgar Olmedo Silva)… Hizo una autocrítica. Faltó un esquema comunicacional y llevar una comunicación concreta rebatiendo la historia de que mañana mismo se les va a entrar a agredir a todos y sacar de sus tierras», indicó.
Además de la comunicación sobre la modificación de la parte penal en la cuestionada ley, es necesario conocer el problema de fondo, que tiene varias aristas: ya que hay una necesidad de saneamiento del Registro Público, del Catastro y todo esto implica trabajar en el reclamo de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, reflexionó Cecilia.
«Acá se usó esto para decir que ya no van a poder subarrendar sus tierras, que ya no van a poder más reclamar sus tierras ancestrales, eso en ninguna parte va a ser así y sí, puede ser que en lo que se haya fallado es en la socialización de la implicancia propiamente», puntualizó.
Asimismo, el 30 de septiembre de 2021, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, reconoció también que todo el conflicto se dio porque no se socializó la ley en el tiempo en el tiempo que se necesitaba.
Una reiterada promesa
Documentar las propiedades, fue la nueva promesa que hizo el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
“Si está a nombre de un particular, traspasaremos a nombre de la comunidad. Si está a nombre del Indert, también traspasaremos a la comunidad. Ese título le servirá a la comunidad como garantía de que nadie le va a tocar su posesión, le va a servir para defenderse si otra comunidad quiere entrar a sus propiedades”.
Tras labrar un acta, para que las comunidades indígenas levanten la movilización, el ministro del Interior aseguró que la regularización de tierras será un compromiso de todo el gobierno, en el que estarán involucrados el INDI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Los nativos, decidieron aceptar el acuerdo y una vez más volvieron a sus comunidades con la promesa de que el gobierno va a prestar atención a sus necesidades.
