El 21 de marzo de 2020, empezó la cuarentena total en Paraguay a causa de la pandemia del COVID-19. Los trabajadores que salían a las calles a buscar el sustento diario debieron quedarse en sus casas. La solidaridad de la gente no fue ajena a esta situación y se empezaron a organizar ollas populares para alimentar a las personas más vulnerables.
Debido a que los productos utilizados para preparar grandes cantidades de comida, diariamente, provenían de la colaboración voluntaria de ciudadanos y organizaciones con la donación masiva de víveres, con el correr del tiempo, los insumos empezaron a escasear.
En julio de ese año, las organizadoras de las ollas populares ya sentían con fuerza la falta de ingredientes necesarios para preparar los alimentos y, por ende, solicitaron auxilio al gobierno.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, la incertidumbre sobre la continuidad de esta ayuda comunitaria empezó a crecer.
Posteriormente, en el Congreso se presentó un proyecto de ley para dar sustento a las ollas populares. El 26 de agosto del 2020, el Parlamento paraguayo sancionó la ley que buscaba financiar esta iniciativa ciudadana.
A través de la mencionada normativa se destinó a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), unos G. 15.000 millones; al Ministerio de Desarrollo Social, G. 10.000 millones y al Instituto Nacional del Indígena (Indi) G. 10.000 millones.
¿Cuál es el escenario un año después?
Cira Novara, Coordinadora de las Ollas Populares del Bañado Sur, en conversación con RadioCast25 recordó que las ollas populares vienen sosteniendo hasta ahora, la terrible situación que viven las familias, porque no se puede decir que la crisis haya terminado.
«Hoy día sobre todo las familias de recicladores, que son en su mayoría los que viven en los bañados, están con un ingreso mínimo y ni les alcanza para sostener a sus familias. Lastimosamente la SEN ha planteado a comienzos de julio de este año, que la entrega que se hizo en la primera quincena era la última (…) Ellos plantean que los recursos se terminaron», comentó.
Agregó desde la organización exigen al gobierno, a través de la SEN, que al menos continúen con la entrega de alimentos no perecederos, ya que el dinero –que se destinó de la Ley 6603 de asistencia y apoyo a las ollas populares– era para comprar carne y verduras.
Como una solución momentánea, Novara planteó que si se aprueba la ley, que destinará unos USD 3 millones a la SEN, se pueda utilizar para comprar nuevamente carne y verduras, para que las ollas populares continúen por lo menos hasta diciembre.
Y como una respuesta más permanente, habló de la presentación de un proyecto de ley, para el derecho a la alimentación, propuesta que se hará conjuntamente con otras organizaciones.
«El objetivo es que para el año 2022 se instalen comedores populares, que trabajen con huertas, donde se realice la producción artesanal de productos alimenticios, como para ir complementando toda esa carencia alimenticia y económica que está padeciendo nuestra población de Asunción y a nivel nacional», concluyó.
Cabe recordar que en este año, los productos de la canasta básica familiar fueron subiendo de precio. Incluso el titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, reconoció recientemente que varios productos como los lácteos, harinas y aceite, tuvieron un aumento considerable de precio, debido a que también aumentó su costo la materia prima, así como el precio internacional del flete.
