El cartismo tiene marcada su hoja de ruta, y parece no haber obstáculos ni temor a los efectos que podrían despertar a un gigante dormido. La ciudadanía, que dice estar harta de los abusos de sus gobernantes, aun se mantiene aletargada, consintiendo el atropello de sus autoridades. Sin embargo, existe un riesgo en puerta, que podría ser el límite.
La intención del gobierno de Santiago Peña de modificar normativas tributarias que permitan a los municipios contar con el 100% del impuesto inmobiliario, podría tener otras intenciones, según advierten referentes de la oposición e incluso desde la disidencia colorada.
Esta tentativa de impulsar la discusión hacia una modificación de disposiciones tributarias vía enmienda, podría ser constitucional a criterio de especialistas. No obstante, coinciden en que es riesgoso por varios motivos, uno de ellos, la falta de credibilidad del gobierno.
Paralelamente, la supuesta intención de destituir a la senadora Kattya González (PEN) por supuesto tráfico de influencias, sería una nueva demostración de poder de la mayoría cartista. El aditivo: un mensaje claro a la oposición, que si sacan a Kattya, la lista de destituidos continúa.
La senadora, que a estas horas persiste en su huelga de hambre hasta que el gobierno retire su intención de presentar una enmienda, dijo que en realidad lo que el cartismo busca es distraer, para que no se sepa que quieren manejar los USD 1400 millones del programa Hambre Cero.
González sugirió que fue el propio Pedro Alliana, vicepresidente de la República, quien habría dado la orden a parlamentarios colorados para sacar a Kattya del Senado. «Este es un golpe cívico y es la instalación de un neostronismo», aseveró la parlamentaria.
Ante esto, preguntamos cuán peligroso es lo que se viene, cuáles son las pretensiones reales del cartismo y si estamos en el principio de un estado totalitario que podría revivir prácticas de épocas oscuras.
Un paso a la vez, más lejos de la democracia
«No creo que sea un error, no creo que sea una casualidad, sino una causalidad», dijo contundente el abogado Manuel Riera, ex presidente del Colegio de Abogados, quien analizó cómo opera Honor Colorado y su dinámica de poder, en cuanto a la propuesta de enmendar la CN.
Riera coincidió en la preocupación de la ciudadanía, pero no con la idea de la confianza que pretende instalar el gobierno en cuanto a que no existe plan de enmienda constitucional.
«Es irrelevante que el Presidente nos hable desde el corazón o no. Honestamente no pasa así, el gobierno es la cosa pública, no reposa sobre confianza en las personas, sino que funciona sobre un régimen de atribución reglada y normativa de instituciones», dijo el abogado.
Según el especialista, cada paso que se da en sentido contrario a la democracia, nos aleja de ella. «Si vemos que esto que sucede, se está acercando a la concentración, el silencio es complaciente. Hay que advertir esto», dijo.
Riera también se manifestó sobre el caso de la senadora Kattya González y dijo que «no tiene sentido destituir a una senadora por algo hecho permitido en la ley», en relación al comisionamiento de su asesor José Luis Torales, que derivó en una acusación por supuesto tráfico de influencias. El propio contralor, Camilo Benítez, también expresó que no existiría irregularidad en el comisionamiento.
A todos los paraguayos:
— Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) February 10, 2024
Comparto con mis conciudadanos este mensaje de resistencia contra la violencia política y el golpe cívico que en estos momentos está gestando el cartismo y sus aliados.
A partir de hoy sábado 10 de febrero (14 horas) se da inicio a esta medida de fuerza… pic.twitter.com/R8PZE4eAss
Manuel Riera, que coincidentemente es sobrino del actual ministro del Interior, Enrique Riera, brazo político del gobierno de Peña, destacó que plantear una enmienda es innecesario y aseguró que el gobierno puede alcanzar los mismos objetivos que persigue, sin utilizar esa herramienta.
Sin credibilidad, no es viable
Desde la disidencia del Partido Colorado, no ven impedimentos en la utilización de la enmienda para modificación de normativas tributarias, como sostienen desde la oposición. Sin embargo, aseguran que un gobierno sin credibilidad, no tiene legitimidad para impulsar una medida como esta.
El diputado colorado Mauricio Espínola, dijo que ya nadie cree al gobierno, en caso de concretar la enmienda, de que en seis meses no vayan a solicitar otras, con otras intenciones.
«Nadie les cree. Por ahí debe ir el cuestionamiento, porque si querés ir por el lado constitucional, vas a tener mayoría de constituyentes que te digan que es constitucional tratar modificaciones en el tema tributario», dijo el parlamentario.
La normalización de la figura de la enmienda constitucional, es el riesgo que puede abrir la puerta para que cualquier cometido político que se trace el gobierno, pueda ser legitimado a través de esta herramienta, sin tener la credibilidad necesaria para impulsarla, expresó.
«La Constitución del 92 va a quedar totalmente enmendada. Si se quiere enmendar cada tres o seis meses, hacé nomás ya una reforma, pero no hay condiciones de hacer una reforma y tampoco una enmienda, porque será una enmienda pro Ejecutivo», aseguró Espínola.
Peña generó la crisis a propósito
El diputado Espínola, aseguró que una modificación de normativas tributarias, puede ser realizada bajo la figura de la enmienda, pero que ante ese dilema, hay otro punto a considerar que aun es más importante, el abuso de una herramienta constitucional ajustada a pretensiones políticas.
«Peña utilizó una herramienta constitucional (enmienda) para solucionar una crisis política generada por él mismo», dijo, haciendo alusión a la reunión mantenida días atrás por Santiago Peña, en la que se comprometió a rever la financiación de los municipios.
La gente entendió desde el vamos, que el cartismo en el gobierno Peña, atropelló todo lo necesario con la designación inconstitucional de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, la reculada en el convenio con la Unión Europea o la descontratación de 185 funcionarios de Itaipú, según el diputado Espínola.
Cree que existen sobrados elementos para alertar de las pretensiones totalitarias y aseguró que hasta la misma disidencia colorada estuvo involucrada con la oposición para confrontar las intenciones del gobierno actual.
«Peña generó él mismo la crisis con todos los intendentes y luego es él quien propone que el impuesto tributario quede en su totalidad para los municipios», remarcó.
Con esta movida, el gobierno no solo cuenta con el apoyo de todos los intendentes que podrán disponer de la totalidad de este dinero, sino que además, allana disimuladamente el camino hacia la reelección u otras figuras que podrían ser introducidas en la Constitución, pero no por la vía confrontativa como ocurrió en 2017.
Falta contrapoder en la ANR
Espínola aseguró que no puede renunciar a su antigua resistencia a la enmienda pro reelección, postura que caracterizó al bloque que respondía al ex presidente Mario Abdo Benítez en 2017 y que incluso lo llevó a la presidencia un año después.
«Si hay una enmienda pro reelección, yo voy a salir a la calle como salí en 2017», aseguró el diputado, quien en su momento había prometido que no se abrazaría con el presidente Santiago Peña, pero que por motivos coyunturales del momento, terminó prestando su apoyo en campaña.
Según el diputado, el gobierno padece de una mezcla de improvisación e intereses que están marcando los primeros meses de la administración Peña.
«Es como un mita´i que quiere tomar helado pero no sabe cómo llegar a la heladería. Dice nomás: quiero tomar el helado, porque tiene una mayoría que puede hacer que él tome ese helado, pero es una irresponsabilidad», ejemplificó.
Citó como otro ejemplo de improvisación, que actualmente, el 15% de lo que va al Tesoro proveniente de los impuestos de cada distrito va redestinado a los municipios más pequeños del país. De realizarse la enmienda, quedarían desfondados dichos distritos más pequeños.
