En Paraguay aún existen varios tipos de violencia que no poseen ningún tipo de sanción penal: tales como la violencia simbólica, la violencia obstétrica (salvo que configure otros hechos penales como lesión grave u otro tipo penal en el cual pueda ser subsumido), violencia institucional y la violencia política o contra la dignidad.
Esta última se incrementó notoriamente en los últimos meses, pero es necesario definir, que no toda acusación o cuestionamiento político a una mujer, configura violencia política. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer que ostenta el poder, se le cuestiona su integridad ética, su honorabilidad, su conducta política o su nivel intelectual, esto no puede suponer inhibir la libertad de expresión y por consiguiente, no constituye violencia política.
La violencia política se da cuando la respuesta que recibe una mujer a su activismo político, implica hostilidad, agresión o amenazas por su condición de ser mujer. Las consideraciones de tipo sexual, íntima, apreciaciones físicas hacia su cuerpo o su edad, son elementos que configuran violencia política.
El juramento de la ex ministra de Corte, Alicia Pucheta, al Consejo de la Magistratura, que derivó en una protesta dentro del Senado, supuso un ejemplo de esta distinción. El senador Basilio Núñez aseguró que el repudio a su juramento fue un gesto de violencia política por parte de los opositores, cuando en esa ocasión no hubo ataques de tinte sexual ni íntimo, contra Pucheta, que busquen desacreditarla.
Sin embargo, el caso del diputado oficialista Yamil Esgaib, que amenazó de “romperle la boca” a la senadora Celeste Amarilla o “de que acosaría” a Johanna Ortega, muestra el factor distintivo de los casos de violencia política contra las mujeres. Esgaib fue suspendido por un mes sin goce de sueldo por este hecho, aunque la sanción es administrativa, no penal.
En países como Panamá, México, Ecuador y Bolivia, las sanciones para este tipo de violencia fueron establecidas de manera a prevenir y erradicar la vulneración del derecho a ejercer la actividad política de las mujeres.
Pero son México y Ecuador los países con sanciones ejemplares, ya que su sistemas penales incluyen sanciones específicas para los casos de violencia política de género y, en especial, se prevé la inelegibilidad de las personas que hubiesen sido sancionadas por este tipo de actos.
Es decir, si alguien es sancionado por ejercer violencia política por motivo de género, no podrá ejercer ningún cargo público. Este tipo de sanción trasciende a lo más profundo de la carrera política de una persona, ya que pierde sus derechos de competir para cargos públicos.
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Cómo identificar la violencia política
Existen hechos bastantes puntuales que son catalogados como actos violentos contra las mujeres en la esfera política.
Según el Ministerio de la Mujer: “Suelen ser cosificadas, descalificadas, sexualizadas, insultadas, juzgadas principalmente por su cuerpo o apariencia física, además de sus vidas privadas, relaciones de pareja, rol maternal, sexualidad, etc.”.
La Violencia Política contra las Mujeres (VPM), se manifiesta en su participación en el gobierno, en los procesos electorales, y en la participación en organismos no gubernamentales. Muchas de estas formas de violencia están normalizadas, y muchas mujeres piensan que es “el precio” por estar en política, lo que claramente no debería ser así.
El objetivo: callar las voces
Pepa Rubio, politóloga española especializada en violencia de género, visitó Paraguay para brindar charlas a la Policía sobre perspectiva de género y protocolos de abordaje a mujeres víctimas de violencia.
En conversación con Latitud 25, Rubio explicó que las mujeres que se dedican a desarrollar o emprender una carrera en el ámbito político, están permanentemente expuestas a todo tipo de violencia, mucho más de lo que pueden sufrir sus colegas hombres. Y esto, genera un efecto de fuga de las mujeres, de la actividad política.
“Lo que busca la violencia política es callar voces y que esas mujeres valientes que ponen el cuerpo por las demás, sientan que no les vale la pena”.
María Josefa Rubio, politóloga española
Resaltó que usualmente las críticas que puedan recibir las mujeres en el ámbito político no se dan por juicios sobre sus gestiones sino por su simple condición de género.
“Hay que identificar una crítica a una gestión concreta con tratar de desacreditar a una mujer y que ella misma se cuestione si merece la pena de seguir luchando. Muchas veces las críticas a las mujeres es por su aspecto físico, insultos de índole sexual, que sí está ahí es porque eres la mujer de alguien. Tratan de desacreditar y deslegitimar la posibilidad de que estrellas están ahí por su méritos”, indicó.
Destacó que saber cómo tratar estos casos, es un tema de discusión en todo el mundo y que eso implica que sea un objeto de estudio a nivel internacional. Pero lo que sí es claro, es que existen países, como Paraguay, en los que la discusión sobre los derechos de las mujeres está bastante menos avanzada que en otros sitios de la región.
Rubio también mencionó que el ataque político sistemático de hombres a mujeres, es un rasgo de la vigencia de la cultura machista, que busca impedir que las mujeres adquieran más notoriedad y se igualen a los hombres en la administración del poder.
“En España, tenemos lideresas de derecha a las que se les vilipendia más que a sus colegas hombres. Un componente de violencia de género, seas del signo político que seas, es que está tan normalizada, que parece que se detecta mucho menos y que sea más fácil insultar a una mujer que a un hombre, que por solo usar el traje, parece que destila más autoridad”, dijo.
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¿Pero qué dice la ley en Paraguay?
En el 2016 el Poder Legislativo sancionó la ley Nº 5777 de Protección Integral a las Mujeres, contra Toda Forma de Violencia.
Esta normativa describe a la violencia política como “la acción realizada contra la mujer que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la misma participe de la vida política en cualquiera de sus formas y ejerza los derechos previstos en esta Ley”.
Penosamente, la violencia política no tiene sanción penal en Paraguay y es uno de los pocos países que no cuenta con esta tipificación.
En Paraguay el proyecto de ley “Para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género”, es promovido con la idea de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, libres de todas las formas de discriminación y violencia. El proyecto había sufrido modificaciones por las comisiones asesoras de Diputados.
El proyecto perdió impulso y aún falta completar el circuito de formación de la ley en ambas Cámaras del Congreso.
“La elaboración de una normativa (que sancione estos hechos) recae en el congreso y es muy importante porque cuando hablamos de violencia política no es solo en el ámbito partidario sino que se habla de violencia a todas las mujeres que están dentro de la esfera pública que tienen alguna representatividad o cargo de toma de decisión”, explicó Elida Favole del Ministerio Público.
Concienciar y visibilizar
La fiscalía de Paraguay recientemente puso en marcha una campaña de concienciación sobre todo tipo de violencia contra la mujer. Buscan visibilizar estos hechos para poder sensibilizar sobre las formas de violencia y así lograr que los trabajadores del Ministerio Público puedan ofrecer una atención integral a las víctimas de violencia que acuden a la fiscalía.
Los números oficiales siguen siendo alarmantes. De enero hasta octubre de este año la Fiscalía atendió a un total de 28.475 víctimas de Violencia Familiar, o sea: unas 94 denuncias por día.
Estos datos significan un incremento en comparación a lo registrado en el 2022, en el cual se observó 86 casos por día.
“Sabemos que no es fácil denunciar para las víctimas acercarse a las instituciones. Entonces el apoyo de la comunidad, el entorno familiar es importante para que la víctima pueda tener ese empoderamiento para poder hacer su denuncia.”, dijo al respecto Elida Favole, Encargada de la Oficina Técnica de Género de la Fiscalía.
