Esta semana, la cruda realidad de la violencia en Paraguay se ha hecho eco en los titulares. El conocido «sicario de sicarios» fue asesinado hoy con 33 balazos en Pedro Juan Caballero, un guardia de seguridad fue asesinado al inicio de esta semana, e incluso, se viralizaron videos de ladrones rompiendo candados para ingresar a tiendas comerciales. Estas son solo algunas de los hechos que se dieron a conocer esta semana en Paraguay.
En ese contexto, todavía resuenan las expresiones del ministro del Interior, Federico González, quien dijo ayer que Paraguay es el segundo país más seguro de Latinoamérica, después de Chile. Solo con datos, pudimos contrastar que esta información es engañosa.
Leé la nota completa: ¿Qué tan cierto es que Paraguay es el 2° país más seguro de Latinoamérica?
No obstante, la realidad de la inseguridad en nuestro país va mucho más allá de los números proporcionados y las diferentes estadísticas que se presentan, por eso, abordamos algunos conceptos que tanto el Ministerio, como la Fiscalía y la Policía, deben considerar. Al respecto, habló –en comunicación con RadioCast25—, el doctor en Criminología, Juan Martens.
Expresiones que deslegitiman una gestión
El especialista recordó que para hablar del estado de la seguridad en un país, como el nuestro, hay que considerar: los índices de homicidio, los índices de agresiones, los ingresos y hurtos en domicilios, los delitos contra el hogar y los delitos contra las personas. Solo una ecuación entre estos componentes, nos permite decir que el índice objetivo de la seguridad en un país es alto, bajo o medio.
Entonces, señaló que el ministro González, al tomar una parte de ese conjunto de dimensiones que tiene la seguridad objetiva y sacar conclusiones generales sobre el país, lleva a sesgos y a aseveraciones equívocas.
También habló de la diferencia de las cifras puntuales, pero más allá de eso, consideró que estas expresiones tuvieron un efecto bumerán, en una población temerosa.
«Asunción y Central tuvieron aumento de homicidios, de delitos contra la propiedad. Esto genera ilegitimidad, entonces otra vez volvemos a esta mala la gestión de la seguridad y con gente que, evidentemente, no está a la altura de la gestión que exige hoy este complejo tema», resaltó.
En pocas pocas palabras, el experto resaltó que efectivamente los hechos que generan inseguridad están aumentando en varios puntos del país. Asimismo, habló de algo que va más allá de los números, conocida como «la sensación de inseguridad».
¿Por qué es clave entender la sensación de inseguridad?
Juan Martens explicó que la sensación de inseguridad consiste en ese temor latente que se arraiga en nuestras mentes y moldea nuestras acciones. Según las cifras, señaló, el 97% de los ciudadanos paraguayos sostiene firmemente que la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes.
Afirmó que no se trata de un dato anecdótico, porque esta creencia arraigada tiene un impacto directo en nuestras decisiones cotidianas.
Ante este panorama, consideró que urge la implementación de políticas encaminadas a mitigar ese miedo y la sensación de inseguridad que se ha apoderado de nuestra sociedad. En ese contexto, es necesario abordar esta problemática de manera contundente y restituir la confianza en nuestras calles.
Acotó que esta sensación, por ejemplo, define nuestra elección de destinos, nuestra cautela al permitir que nuestros hijos se aventuren en determinados lugares, nuestras decisiones de adquirir seguros e, incluso, el anhelo de algunas personas de poseer armas de protección.
«Aquí se entrelazan dos dimensiones fundamentales que merecen ser evaluadas minuciosamente: la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva», aclaró.
Esta sensación es tangible
Comentó que, ahora, está terminando la Encuesta de Victimización Paraguay, que se está repitiendo cinco años después, con la Corte Suprema de Justicia y con financiamiento extranjero.
«Ahí nos damos cuenta de que el 70% de las personas que denuncian un delito, tal vez no lo volverían a hacer porque se sienten maltratados por el Ministerio Público. Es percepción, pero es tangible», indicó.
Ejemplificó que, a estas personas, cuando se fueron a denunciar algo, tal vez no le trataron debidamente, no le miraron, le preguntaron tres veces su nombre, no le miraron o le preguntaron cuatro veces cómo se dio el hecho. Entonces, esas cuestiones que hacen que las personas, se sientan maltratadas, además de haber sido víctima de un delito.
«Eso aumenta esa percepción de que nada funciona, que nada sirve y que todo va a seguir peor, son cuestiones concretas que se establecen están súper estandarizadas y que pueden incidir en la sensación a través, o a partir de acciones, de estas instituciones como el Ministerio Público y la Policía Nacional», explicó.
Nuevas designaciones, ¿viejas prácticas?
El futuro gobierno de Santiago Peña, ya anunció las designaciones de quienes estarán al frente de los ministerios que velarán por la seguridad interna, el manejo de las fuerzas militares y la situación penitenciaria. Esto último cobra principal relevancia, ya que desde los penales, los grupos criminales organizados siguen operando en el exterior, perpetuando los índices de violencia en las calles.
El senador cartista Enrique Riera en el Ministerio del Interior, como brazo político de la seguridad interna, el ex embajador en Qatar, Ángel Barchini, en Justicia, como responsable de la política penitenciaria, y el Gral. (SR) Óscar González al mando del Ministerio de Defensa, son las nuevas designaciones con las que Santiago Peña hará frente a este flagelo.
Ninguno de los tres nombramientos ha causado gran expectativa en la ciudadanía, considerando los antecedentes de las personas nominadas y sobre todo su perfil para manejar carteras tan sensibles.
Riera defendió días atrás, que la policía a su cargo tenga la potestad de retener y solicitar documentación ante la simple presunción de «actitudes sospechosas».
Barchini reivindicó varias de las medidas implementadas en El Salvador, por su presidente Nayib Bukele, en cuanto a la política de combate a los cárteles y la detención masiva de personas, sin las debidas evidencias de la vinculación con estos grupos criminales, lo que le valió denuncias internacionales por violación de derechos humanos.
La necesidad de considerar el Índice de Seguridad Humana
En 1994, las Naciones Unidas, publicó un informe sobre el desarrollo humano, que introdujo el concepto de seguridad humana. En ese material lo definió como “la seguridad de las personas en sus hogares, sus empleos, sus comunidades y su medio ambiente”.
El documento identificó siete tipos de amenazas a la seguridad humana, que guardan relación con la: pobreza, enfermedad, hambre, desempleo, represión política, violencia social y degradación ambiental. También planteó la necesidad de una cooperación global para promover la seguridad humana.
Según Juan Martens todo eso se tiene que evaluar y tomar esos indicadores. «Se debe trabajar ahí en esos conceptos y no en esta visión reducida de protección a la vida o de protección de bienes, que lastimosamente usa ahora el Ministerio del Interior», concluyó.
