¿Cómo se relaciones este proyecto de ley de emergencia con la situación actual? Cabe resaltar que Paraguay es conocido en gran parte del mundo por ser un epicentro del narcotráfico en América del Sur. También por ser un hub de logística del comercio ilícito de todo tipo de drogas pesadas. Situación que, a su vez, sostiene estructuras criminales trasnacionales que operan en red con otras partes del mundo.
El consumo de drogas no está penalizado de por sí en nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un país con estrictos marcos punitivos en relación a la producción, comercialización y tenencia. Esto se da pese al consumo local cada vez más normalizado, lo que sostiene un combate frontal contra el crimen organizado trasnacional vinculado a este negocio ilícito.
Además existe un segmento importante de consumo de drogas residuales que derivan de drogas procesadas. Esta situación constituye un problema profundo, vinculada a la perpetuidad de pobreza y a la falta de oportunidades para personas de diferentes rangos de edad, desde niños hasta adultos.
Por ejemplo, países de la región como Uruguay, están enfocando el flagelo de las drogas desde una óptica preventista en materia sanitaria. De esta manera cambian el paradigma en el abordaje de este tipo de flagelos, que de acuerdo a las diferentes situaciones afectan a la salud de miles de personas todos los días.
Mayoría considera que es necesario aplicar una ley de emergencia
En este sentido, la Cámara de Diputados sancionó el miércoles último, la ley “Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio nacional de la República del Paraguay”. Si bien el proyecto había sido elevado desde la Cámara Baja, el Senado aprobó con modificaciones y en su retorno, Diputados aceptó estos cambios. Ahora es el Poder Ejecutivo el que tiene la última palabra en la aprobación o veto de la ley.
En una encuesta realizada por Latitud25, el 76% de las personas que respondieron afirmaron desconocer la existencia de este proyecto de ley. En base a la información proporcionada, el 88% afirmó que estaba de acuerdo con una medida como esta, ante un aparente incremento en el consumo de drogas.
Estos son los datos de consumo, según Senad
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) publicó los resultados de su «3° Censo a Centros de Tratamiento de personas usuarias de alcohol y otras drogas». Entre las conclusiones, que se dieron a conocer en marzo pasado, resaltan algunas conclusiones que dan una idea de la situación nacional en cuanto al tratamiento de personas que consumen sustancias ilícitas como:
- La mayor cantidad de centros de tratamiento y grupos de autoayuda se encuentra en Capital y el departamento Central.
- La modalidad más frecuente en el país es el grupo de autoayuda y casi todos funcionan con la modalidad de Narcóticos Anónimos (NA) y Alcohólicos Anónimos (AA).
- En Paraguay, la mayor oferta ofrecida es en el sector privado. Aunque en el sector público el tratamiento es gratuito, solo un centro de tratamiento (CNCA) cuenta con 52 camas para internación y desintoxicación.
- Las solicitudes de ingreso a centros de tratamiento registradas en 2020, duplican la cantidad de pacientes que recibieron tratamiento ese mismo año.
- En los centros que brindan atención a pacientes drogadependientes, el crack o pasta base es la primera sustancia que genera normalmente la demanda de tratamiento, de acuerdo a la opinión del personal directivo entrevistado.
- La mayoría de los directores de centros y grupos de autoayuda opinan que el consumo de drogas en el país ha aumentado en los últimos dos años.
Lo que dice el proyecto de ley
El documento de emergencia aprobado por el Congreso señala que esta ley tendrá por objeto articular acciones para el abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas. Deberán tener en cuenta ejes como: la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y reinserción social de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Aclara que esta declaración de Emergencia Nacional y las acciones que de ella
deriven, tendrán vigencia por tres años, a partir de la promulgación de la presente ley.
El documento señala que con esta Emergencia Nacional las instituciones públicas deberán laborar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional Antidrogas para llevar a cabo acciones previstas en el artículo 3 de la propuesta. Además señala que el Ministerio de Justicia será el que lidere acciones para implementar programas de reinserción de las personas privadas de su libertad.
Establece la creación de una Mesa Interinstitucional de Prevención de Adicciones en el
Ámbito Educativo, coordinada por el Ministerio de Educación y Ciencias. Además refiere que los gobiernos municipales también estarán involucrados en el proceso. También otorga responsabilidades al Instituto Nacional del Indígena (INDI).
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Lo que no dice
Si bien la ley de emergencia habla de lo que busca lograr, no explica cómo. En ese contexto, el especialista en Derechos Humanos, Erwing Szokol, resalta las falencias que tiene este documento así como está redactado.
«El tema principal es que esta declaración de emergencia lo que hace es dar instituciones encargadas, pero no da directrices sobre cómo se va a hacer. Ese es uno de los principales inconvenientes. Porque vos podés decir qué, pero tenés una laguna gigante (….) Carece de herramientas para poder aplicar», expresó.
Recalcó que según su parecer falta considerar una cuestión de fondo. Agregó que hace falta una actualización de la política pública, del Plan Nacional para el uso y prevención de sustancias psicoactivas para todos los casos.
Jerutí Bareiro, integrantes de LANPUD-Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que usan sustancias psicoactivas, dijo que falta definir mejor la ley, porque es muy abarcativa.
«Estamos luchando para que el cannabis sea legal y sabemos que hay muchas diferencias entre las sustancias. Sabemos que hay sustancias más problemáticas que otras. Es muy general esta ley y espero que al aplicarse, con las diferentes instituciones, se pueda esquematizar mejor, porque es muy general», remarcó.
Consumo según ley ya vigente no está penado, pero la práctica sigue siendo punitiva
En Paraguay, el consumo no está penado. La ley N° 1340/88, en su capítulo IV, contiene seis artículos que explican en detalle lo que está permitido y lo que no. La normativa prevé topes, de hasta 10 gramos, que puede poseer una persona de acuerdo al tipo de sustancia ilícita que tenga en su poder. Sin embargo, la misma deberá demostrar que tiene la sustancia para su consumo, si no puede lograrlo, va a prisión.
La figura que se castiga es la tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. Porque si tenés autorización no está penado. Pero para el efecto, la persona tiene que hacer una gestión administrativa, sacar un carnet que certifique la adicción, por si las autoridades te encuentran con el gramo permitido, vos puedas demostrar que es para tu consumo y quedes libre de pena.
Falta el enfoque en Derechos Humanos
Tanto Erwing como Jerutí coincidieron en que hace falta un mayor énfasis en los Derechos Humanos, al momento de abordar esta problemática.
Erwing afirmó que haría falta una revisión, porque la mayoría de las organizaciones trabajan desde le punto represivo, punitivo, de abstinencia y de moral.
«Lo que se necesita son más cuestiones relacionadas a metodología de trabajo y a visiones sobre Derechos Humanos, porque finalmente el problema no es la sustancia, son las condiciones de desigualdad que existen en este país y la forma en que se maneja la información», aseveró.
«Porque cuando vos usás una sustancia, no es la sustancia la que te trae problemas con tu familia, en tu trabajo (….)Te van expulsando de muchos lugares y si vos no tenés herramientas y no tenés recursos económicos, terminás en la calle. Hay todo un todo estereotipo del drogadicto o drogadicta. El problema de esas personas es que están en situación de calle, no es la sustancia porque si tenían una casa, si se podían alimentar bien, tenían acceso a salud, educación e información no iba a ser un problema», acotó.
En ese sentido, Jerutí también sostuvo que el consumo problemático se da en personas que tienen otros derechos vulnerados.
«Como podemos ver a simple vista en el microcentro de Asunción, son personas que no accedieron a una educación, una buena alimentación ni hogares libres de violencia. Entonces es como que hay otros derechos vulnerados, lo cual les lleva a un consumo problemático», detalló.
Agregó que, justamente, la existencia de mucha estigmatización y criminalización no ayuda a las personas en situación de consumo. Asimismo, indicó que a eso se le suma la falta de ayuda por parte de las instituciones del Estado, lo cual enfatiza el problema de las familias.
Finalmente dijo que como organización van a intentar de formar parte del proceso de reglamentación para dar una perspectiva más de derechos humanos, más autónoma no discriminante ni estigmatizante.
