«Yo creo que se ha perdido el miedo a Dios, por eso ocurren este tipo de delitos contra la familia, contra las esposas», dijo el ministro de Justicia, Ángel Barchini, al intentar justificar un aparente incremento de los casos de feminicidio que azotan a Paraguay.
En las últimas semanas, al menos tres muertes provocadas de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas, engrosaron la lista de este tipo de crímenes que parecen aumentar rabiosamente, ante el intento de sensibilización de la sociedad en cuanto a su rol para denunciar estos hechos.
El caso que recientemente conmocionó a Paraguay, fue el de Katia Brítez, no solo por el hecho en sí de alargar la lista de muertes provocadas por motivos de género, sino además, por la brutalidad con la que el feminicida procedió, a sangre fría.
Según datos actualizados por el Observatorio contra la Violencia de Género, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), el cómputo de feminicidios en lo que va del 2023, es de al menos 32 paraguayas asesinadas en territorio nacional.
Fátima Rodríguez, responsable del seguimiento de las estadísticas del CDE, señaló que solo en el mes de agosto, fueron cuatro feminicidios los que se produjeron en Paraguay.
La ocurrencia periódica de estos casos, generó una reacción por parte del nuevo gobierno y sus aliados en el Congreso, para tratar de contener la situación.
Estas medidas planteadas van desde la sorpresiva declaración de estado de emergencia social con enfoque de género, planteado por varios senadores, entre ellos, la cartista Lizarella Valiente, hasta la implementación de una ley que hace tiempo fue aprobada pero nunca reglamentada, la ley de tobilleras electrónicas.
Una medida útil pero insuficiente
En 2020 se promulgó la Ley n.º 6568, que autoriza el uso de dispositivos electrónicos, en formato de tobilleras, con personas procesadas por violencia doméstica. Pero hasta hoy, no ha sido implementada.
En este sentido, el gobierno de Santiago Peña lleva adelante un plan piloto para el uso de 100 tobilleras electrónicas, de modo a probar cómo funcionan y si son efectivas para descongestionar las penitenciarías y mejorar el control de las personas con medidas alternativas a la prisión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, como una de las cabezas responsables de esta medida, dijo que si bien la implementación del sistema tecnológico para el control de personas con prisión domiciliaria tendrá su costo, este importe corresponde a la mitad de lo que hoy se gasta en la manutención de esa misma persona privada de libertad en la penitenciaría.
Según su pronóstico, Riera dijo que a fin de año se prevé que esté listo, incluso los procedimientos de cómo reaccionar, cómo responder y los tiempos previstos en la implementación de esta medida.
No es la panacea, pero ayuda
Este dispositivo electrónico puede ser un recurso efectivo para poder tener una reacción inmediata en caso que el procesado rompa el aparato o viole el espacio georreferenciado donde el victimario puede moverse, alertando a la policía y la víctima a través del celular.
Pese a esto, esto no debería ser planteado como solución en sí misma, ya que en efecto, es una medida complementaria a un conjunto de otras acciones que busquen proteger a la víctima, en base al monitoreo del victimario.
La socióloga, abogada y especialista en derechos humanos, Diana Vargas, dijo a L25 que uno de los principales problemas es que las autoridades que deben intervenir preventivamente estos casos de violencia hacia las mujeres, carecen de los conocimientos necesarios para hacer frente a estas situaciones en las que se debe precautelar la integridad de la víctima.
«Hay una resistencia ideológica de parte de quienes tienen que lidiar con una atención efectiva», como efecto directo de la falta de formación y de un cambio cultural que permita aprender a interpretar estas realidades, según la especialista.
Vargas mencionó que otro problema estructural es la falta de voluntad política real para asignar recursos a los sistemas de contención a víctimas de violencia, y que esto termina debilitando los mecanismos de monitoreo y control a agresores.
«Hablamos mucho de violencia y de preocupación por estos hechos, cuando son graves y sobre todo públicos y grabados. Sin embargo, al momento de asignar recursos públicos no es a la prioridad ni las niñas ni las mujeres», lamentó.
Sin miedo a Dios
Días atrás, llamó la atención la conclusión a la que llegó el ministro de Justicia, Ángel Barchini, para tratar de justificar la alta ocurrencia de los casos de feminicidio en Paraguay, atribuyendo esto a una cuestión de fe.
«Este tema del feminicidio, es una pandemia que nos está azotando. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado. Yo creo que se ha perdido el miedo a Dios, por eso ocurren este tipo de delitos contra la familia propia, contra las esposas», dijo el responsable de la política de justicia del estado paraguayo.
También comentó que la idea es que los procesados que precisen los grilletes electrónicos paguen por los dispositivos, ya que «el gobierno no tiene por qué pagar a personas privadas de libertad que estén en su casa, controladas por el sistema tecnológico y que puedan ir a trabajar».
«Y aquellos que no pueden (pagar), está contemplado también que nosotros podamos subsidiar eso», aclaró el ministro.
Sobre esto, la abogada Diana Vargas cuestionó la falta de preparación de las autoridades encargadas de esta medida, aludiendo al costo que tiene su incompetencia.
«El costo finalmente lo termina pagando la ciudadanía al tener autoridades políticas de turno que lejos de construir institucionalidad, políticas y programas rigurosamente diseñados con base en evidencia, lo que hacen es aplicar medidas populistas que no se condicen con la evidencia que existe en esta materia y eso genera todavía un estado más limitado al responder a las problemáticas», dijo Vargas.
La socióloga advirtió que de no tener medidas integrales que aborden el problema con perspectivas ajustadas a la realidad, los índices de violencia, en todas sus formas, tienden a incrementar, ante un estado que aun no entiende cómo contrarrestar los efectos de esta avalancha de agresiones.
