En el 2007, se promulgó la ley “Que exonera a las personas con discapacidad visual del pago del pasaje en el transporte terrestre”; en el 2013, se publicó la ley de “Accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad” y recientemente, en el 2020, se hizo la modificación de la primera, “Que establece la gratuidad del pasaje urbano e interurbano para todas las personas con discapacidad en todo el territorio nacional”.
Además de estas leyes, hay una serie de resoluciones y hasta un Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, todavía siguen las trabas de todo tipo para poder acceder a los servicios básicos públicos y a derechos fundamentales del ser humano.
Según el mencionado plan, el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2012, arrojó una estimación de 514.635 personas con discapacidad, lo cual sería el 10.7% de la población. Sin embargo, desde las instituciones y organizaciones que trabajan en esta causa, afirman que actualmente no hay datos certeros sobre cuántas personas con discapacidad hay en el país.
Hay avances, pero hasta cruzar la calle es un desafío
Al repecto, Latitud 25 conversó con Teo Urbieta, activista por los derechos de las personas con discapacidad, en comunicación con Latitud 25, quien consideró que sí hay algunas mejorías en la accesibilidad física en los espacios.
“Creo que en normativa andamos bien, si bien es cierto hay algunos avances en la accesibilidad, eso no se da en todos los espacios. Hay iniciativa en la calle Palma y en la calle Estrella, donde hay senderos para personas con discapacidad visual, estos senderos le permiten a la persona saber que el sendero está libre y cuando llegan a la esquina, cambia, por dar un ejemplo, de rayas a puntos, entonces con el bastón puede identificar que está en un lugar peligroso”, manifestó.
Urbieta resaltó que este tipo de iniciativas son muy importantes, porque a veces algunos consideran que es suficiente con implementar las rampas para que la ciudad sea inclusiva, cuando en realidad hay un mayor espectro que se debe abarcar.
No obstante, remarcó que este tipo de iniciativas, si bien son buenas, no están extendidas a toda la capital del país. La inclusión todavía no es totalmente funcional, porque por ejemplo, no hay semáforos sonoros, que le permitirían a una persona con discapacidad visual tener autonomía para cruzar la calle, comentó Urbieta.
Incluso, en ese punto, hizo énfasis en algo más preocupante aún, que si en Asunción hay algunos avances hacia la inclusión, en el interior del país es totalmente otra realidad. “Entonces finalmente esas políticas de inclusión benefician otra vez a un grupo privilegiado”, subrayó.
Resaltó que a causa de estas falencias, para muchas personas con discapacidad el hecho de simplemente cruzar y moverse por una vereda, representan un verdadero desafío.
La dificultad de acceder al transporte público
Marcos Caballero, vocero de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, señaló a Latitud 25, que aproximadamente 1000 personas con discapacidad visual accedieron al carnet para el boleto del pasaje gratuito con un acompañante, gracias a la ley 3365/07.
En el 2020, se modificó esta ley con la 6556 para que el beneficio, de acceder al pasaje gratis, alcance a todas las personas con discapacidad, a través de un carnet que otorga la Senadis.
Desde la promulgación de esta ley, alrededor de 2.000 personas accedieron a este carnet. Para el efecto, las personas interesadas deben tener la constancia que certifique al menos un 30% de discapacidad y presentar su cédula.
El documento que es para las personas con discapacidad visual es azul y para las personas con otro tipo de discapacidades es de color naranja. Sin embargo, todavía es una lucha acceder a ese derecho reconocido por ley.
Según señalaron desde la Senadis y también desde el Viceministerio de Transporte, diariamente reciben numerosas denuncias de que los choferes no quieren cumplir con la normativa y que desconocen el carnet en cuestión.
¿Dónde hacer la denuncia?
El número habilitado para las denuncias es la línea de Whatsapp, el 0986 898 600, que sería el Centro de reclamo del Viceministerio del Transporte.
Desde esta dependencia, reconocieron en contacto con Latitud25, que todos los días reciben denuncias sobre discriminación en el transporte público.
La recomendación de la estatal es que si alguna persona presencia este tipo de situaciones, aunque no sea la afectada directamente, busque obtener algún tipo de prueba: una grabación, el número de la chapa o del bus, ya que para la persona con discapacidad probablemente sea más complicado tomar nota o recabar evidencia de lo sucedido.
Justamente, días atrás se registró un hecho de discriminación en un transporte de la Línea 15-1, que se registró y publicó.
Al respecto, el viceministro del Transporte, Ing. Víctor Sánchez, dijo el pasado miércoles –15 de setiembre– que ya fue establecida la sanción a la empresa, que deberá pagar una multa equivalente a 50 jornales, que serían unos G. 4.402.550. Advirtió además que si se da un caso de reincidencia, la empresa podría recibir sanciones más severas.
Un drama más complejo
Marcos Caballero del Senadis reconoció que el tema al transporte tiene un par de aristas más, que todavía son un pendiente en relación de las normas en general.
“Los vehículos tienen que estar preparados, tienen que tener rampa, hay que hacer un par de ajustes. También el tema de las paradas tiene que ver con eso, es complejo”, comentó.
Por su parte, Urbieta dijo que el transporte público, además de un servicio malo y costoso, todavía tiene las unidades que no son todas accesibles para personas con discapacidad.
“Muchas están fuera de servicio, entonces es muy difícil hablar de una política laboral o educativa inclusiva mientras no haya un transporte para todos. El servicio de por sí ya es malo, pero es bastante excluyente a las personas con discapacidad física, por ejemplo”, recalcó.
Agregó que lo realmente necesario es que haya un servicio de calidad, que realmente nos permita acceder de una manera autónoma y no a través de la solidaridad de la gente para subir a un transporte público.
En ese punto, Urbieta dijo que en general, es tan difícil para las personas con discapacidad moverse en la ciudad de Asunción que muchas prefieren quedarse en sus casas. Esto hace que el problema incluso esté invisibilizado, mencionó.
Además del problema del transporte, la dificultad de accesos físicos, no solo en lugares públicos, sino también privados, falta facilitar la comunicación para las personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual en las instituciones del Estado que son indispensables para la ciudadanía como los hospitales, comisarías y Fiscalía.
“Mientras que no entendamos que en la diversidad está la riqueza de la sociedad, difícilmente logremos –a pesar de las políticas y leyes en favor de las personas con discapacidad– porque sencillamente la inclusión se tiene que dar por una conciencia y un entendimiento de la sociedad”, concluyó.
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