Una estructura institucional frágil, las fuerzas públicas corroídas o la falta de tenacidad adrede de los órganos de investigación son solo algunos resultados concretos de la narcopolítica en Paraguay. Esto fue nuevamente evidenciado tras el asesinato de dos personas (Cristina ‘Vita’ Aranda’ y Marcos Mora Rojas) además de las seis personas que quedaron heridas en el «Ja’umina Fest», en el Anfiteatro de San Bernardino.
Este episodio del domingo último, hizo caer accidentalmente, hasta el momento a 2 eslabones de estructuras narco muy bien consolidadas. Para dar un ejemplo, José Luis Bogado Quevedo, resultó ser un componente clave en el mecanismo de envío de grandes cargamentos de cocaína a Europa, según los registros de la SENAD.
La orden de captura internacional que pesaba en su contra, fue borrada del sistema de la Policía Nacional, institución que sostiene la versión de que esa eliminación del registro se dio de manera accidental, y que el oficial Ramón Vargas Espinoza, de la comisaría de Pilar Ñeembucú repuso el «error» una vez que se dio cuenta del mismo.
El beneficiado del «error» es un narcotraficante con 34 procesos abiertos en Brasil y con orden de captura internacional desde 2014.
Luego de esta seguidilla de desprolijidades, las flechas apuntan hacia todas partes, hacia los organizadores del evento, la empresa de seguridad contratada, la Policía, la SENAD y el Ministerio del Interior. Nadie parece hacerse cargo del problema, todos justifican su incompetencia con excusas como «que no era su objetivo» el seguimiento de los narcos, como aseveró la titular de SENAD, Zully Rolón.
El sentimiento de desesperanza y tristeza colectiva se percibe tras un hecho que no solo enlutó a un país, sino además demostró cuan vulnerable está la ciudadanía. Pero ¿será que esta indignación permanecerá y castigaremos con el voto a los responsables?
El avance del crimen organizado en Paraguay no es una novedad, hace al menos 30 años se sabe de su poder en zonas del país como el departamento de Amambay, Concepción y San Pedro, y de las connivencias con autoridades públicas que los amparan por ser parte del negocio. Mientras, el Gobierno demuestra su incompetencia constante para hacerse cargo del problema.
«El crimen organizado cuando ve un espacio libre, ocupa. Hoy se puede ver el vínculo que hay entre el narcotráfico y la política, en diferentes zonas del país, no solamente ya en la frontera, porque encontraron en la política un espacio donde por poco dinero para ellos, van comprando voluntades», expresó al respecto, el abogado penalista, Dr. José Casañas Levi.
En ese punto, resaltó que no debería ser llamativo que ellos vayan avanzando por el territorio. «¿Cómo alguien que está en los primeros de niveles de narcotráfico en Paraguay, decide ir a un concierto, donde puede ser visto, decide salir de su franja de seguridad? Es porque siente que tiene ese poder. Sus enemigos saben y van para matarlo», apuntó.
En ese contexto, el abogado Jorge Rolón Luna, investigador de la actividad criminal y especialista en derechos humanos, afirmó que la sociedad tiene que pensar seriamente a quiénes va a votar, a quiénes elige y posiciona, porque reconoció que actualmente hay muchas actividades «que la gente hace a la luz del día» y que de alguna manera son aceptadas.
Complicidad estatal
Rolón Luna resaltó que el narcotráfico particularmente «es un tipo de crimen que se sostiene únicamente con complicidad estatal, a diferencia de otros delitos que hay que esconder. Los narcotraficantes tienen que salir a vender y cualquier persona que quiere droga, tiene que saber dónde se vende», afirmó.
Además remarcó que no solamente las campañas electorales están financiadas por el crimen organizado, sino que «también hay instituciones frágiles y corrupción».
«El dinero que mueve el narcotráfico tiene demasiado impacto en cualquier institución del mundo, más en Paraguay donde los funcionarios están siendo mal pagados, donde existe una impunidad estructural. ¿Qué podemos esperar? Ahí hay que pensar en soluciones estructurales», aseveró.
El crimen organizado, formalizó su poder
Casañas Levi, por su parte, afirmó que estamos hablando de décadas de avance del crimen organizado en el país, que no solo guarda relación con el narcotráfico, sino también con el contrabando, el lavado de dinero y la trata de personas.
«El narcotráfico encontró en la política una manera de formalizar su poder, al contribuir con un partido político para comprar votos y ocupar bancas o cargos de intendente o gobernador», señaló.
Apuntó a que esto es en gran parte responsabilidad de los partidos políticos. «Ahí yo puedo decir: podríamos pensar en leyes de trazabilidad, pero la informalidad es la que se mueve el Paraguay. Es un conjunto de situaciones que son aprovechadas por criminales», acotó.
Agregó que sancionar más leyes solo sirve para autoconvencerse de que se hace algo, como para poner en nuestro currículum internacional, pero recalcó que si eso no se trasmite en acciones dentro de la sociedad, eso no sirve.
«Yo puedo crear enormes estructuras en la ley, pero si no logro bajar eso a la realidad, no voy a poder solucionar nada, porque el efecto es momentáneo, porque la gente cree que se está haciendo algo, pero en la vida de la gente eso no cambia nada», puntualizó.
El abogado Jorge Rolón Luna apuntó a cifras que señalan que hubo un aumento importante que puede guardar relación con ciertos fenómenos al interior del negocio del narcotráfico.
En términos estadísticos, refirió que en enero de este año ya tuvimos más casos y más víctimas que en el mes más violento de 2021, que fue en octubre. «Esto hay que tomar en serio, uno la relación entre el narcotráfico de la política, como consecuencia del sometimiento de las fuerzas de seguridad a los narcotraficantes. También podemos verlo desde otra perspectiva, el pacto, el acuerdo que existe entre la Policía y los narcotraficantes», indicó.
¿Qué dicen las autoridades nacionales y locales?
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, reconoció en una entrevista con ABC Color que la Policía Nacional ya manejaba el dato de que estos supuestos narcotraficantes iban a estar en el Ja’umina Fest de San Bernardino. Asimismo el subcomandante de la Policía, Gilberto Fleitas, reconoció que un trabajo de inteligencia podría haber evitado el sicariato y habló de que debería realizarse cambios en la cúpula policial.
Por su parte, esta mañana el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hizo referencia al sicariato, pero en ningún momento habló de tomar medidas drásticas. En tono resignado, dijo que el país está de luto y además de reconocer que todas las instituciones del Estado están permeadas, desde el Gobierno hasta la Policía Nacional, afirmó que esta lucha no tiene fecha de vencimiento.
Finalmente, esta mañana también el Gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, cuya hija falleció en un atentado de sicarios meses atrás, dijo que las autoridades van hasta el departamento a «mostrarse un rato y después se mandan mudar». Acotó que no cambió nada en en el Amambay. «Por eso es que esta gente tiene terreno fértil, porque en Brasil no van a hacer lo que quieren», refirió vía 1020 AM.
Mucho se puede analizar sobre la situación del país y el crimen organizado, a puertas de la Evaluación de Gafilat, sin embargo, más que acciones externas para pasar una prueba, es necesario tomar medidas urgente para seguir evitando la pérdida de vidas inocentes, ¿será que a partir de ahora realmente la ciudadanía ejercerá la presión necesaria a las autoridades? ¿será que finalmente vamos a aprender a votar como país? A puertas de las elecciones, esta situación da como para pensar antes de tomar esas decisiones que van a marcar el destino de Paraguay en los próximos años.
