El cuerpo sin vida de Isaura Bogado fue encontrado el 2 de junio de 2021, dos meses después de su desaparición, solo porque se estaban haciendo trabajos de limpieza en un patio baldío. Los restos físicos de Analía Rodas, otra joven de la que nadie conocía su paradero, fueron hallados enterrados en el jardín de su casa, siete meses después de ser reportada como desaparecida.
Un trágico final se registró en ambos casos, en los cuales el principal cuestionamiento se basó en la búsqueda deficiente realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
«Un patrón del Estado»
Sobre este punto, RadioCast25 conversó con Mirta Moragas, abogada especialista en derechos humanos, respecto las fallas que se están dando desde el Estado, en cuanto a garantizar el hallazgo en tiempo y forma de las personas desaparecidas.
Respecto al caso de Isaura, señaló que este caso es muy revelador respecto a un patrón de comportamiento del Estado paraguayo, que no busca a las personas desaparecidas en general, pero especialmente a las mujeres que desaparecen, y que además, en estos casos se juzga la intimidad y el entorno de la víctima.
«Si desaparecen adolescentes preguntan si tienen novio, si desaparecen mujeres adultas, preguntan cuál era su vida, como si hubiera una justificación para no buscar, ahora hay personas desaparecidas que no son buscadas. Si se trata de un cuerpo, el Estado tiene que encontrarlo a tiempo», aseveró.
Según el informe del Departamento Anti Trata de Personas de la Policía Nacional, que data de noviembre de 2020 hasta mayo de 2021, en total 121 personas fueron reportadas como desaparecidas. Sin embargo, no se dio a conocer un listado con el nombre y las edades de estas personas.
En este sentido, el abogado penalista Guillermo Ferreiro presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados contra la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, por inacción del Ministerio Público. En el documento, solicita la remoción de la máxima representante de la Fiscalía vía juicio político.
Cabe señalar que los cuestionamientos políticos en cuanto al desempeño de Quiñónez no son nuevos, por la aparente instrumentación del Ministerio Público en beneficio de un segmento del Partido Colorado que responde al ex-presidente Horacio Cartes, que fue quien la nominó al cargo en marzo de 2018.
Una cuenta pendiente
Al respecto, Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia y activista en la lucha de la recuperación de los restos de desaparecidos durante la dictadura, manifestó que es histórica la indiferencia del Estado en relación a su responsabilidad de encontrar a personas desaparecidas.
Apuntó que en el marco de su trabajo, cuando se habla de desaparecidos, desde la perspectiva de derechos humanos, se habla de la responsabilidad que tiene el Estado cuando por su accionar desaparecieron las personas. No obstante, apuntó que en los recientes casos, desde el contexto de la labor de la Fiscalía, en Paraguay existe un déficit por falta de inversión.
«Paraguay es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene un equipo antropólogo forense. Nosotros por eso trabajamos con el equipo argentino de antropología forense que se dedica a investigar crímenes de Estado, por eso no nos cansamos de señalar de que el Estado se haga cargo de todos estos hechos, no solo de las desapariciones forzadas sino también de crímenes comunes», enfatizó.
Aseguró que el gobierno nacional tiene mucho trabajo por hacer en el campo de las desapariciones de nuestro país. Además explicó las diferencia que hay entre los desaparecidos por terrorismo de Estado y por otro tipo de crímenes.
«Yo me dedico a la búsqueda de desparecidos en contexto de terrorismo de Estado, que fueron centenares y probablemente miles. Lo que nosotros recogimos de la Comisión Verdad y Justicia son alrededor de 300 denuncias, seguimos trabajando y hoy tenemos alrededor de 500», apuntó.
Finalizó que todo lo que pasa en Paraguay es consecuencia de los 35 años de terrorismo de Estado que se vivieron durante la dictadura. «Estamos viviendo una película de terror en nuestro país, uno sale a la calle y no sabés si se va a investigar lo que pasó», concluyó.
