Que el narcotráfico y los grupos criminales avanzan en nuestro país, más que un secreto a voces, es una cruda realidad que, cada vez, es más palpable. La ciudadanía en general siente los efectos de esta irrupción de manera más frecuente, a través de hechos que demuestran que la seguridad de funcionarios de la Justicia, autoridades y del Ministerio Público, también están en juego.
El caso más cercano, es el sicariato del ex director de la Penitenciaría de Tacumbú, Óscar González, asesinado el pasado 19 de junio en pleno Barrio Obrero de Asunción, frente a la casa de sus padres, un domingo en el que se celebraba el día del padre, un mensaje claro de la mafia.
Según las investigaciones, este ataque fue en represalia por un allanamiento que se realizó en la prisión y con el cual se desmanteló un laboratorio de drogas. El procedimiento de ese entonces, fue encabezado por el fiscal antidrogas, Marcelo Pecci.
Justamente, uno de los casos que provocó el replanteamiento de la seguridad de fiscales fue el sonado asesinato de Pecci, el pasado 11 de mayo, mientras se encontraba de luna de miel en Colombia. Si bien, este hecho ocurrió en el extranjero, guarda relación con operativos realizados en el país, vinculados al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, que opera con fuerza en Paraguay, desde hace varios años.
Asimismo, también se registró el caso de la jueza de Ejecución y Crimen Organizado, Sandra Silveira, quien denunció que fue amenazada de muerte, vía mensajes de texto, en junio pasado. Tras ese episodio, ahora cuenta con custodia especial gracias a una resolución de la Corte.
Fiscales se asesoraron tras atentado contra Pecci
La fiscala Liliana Alcaraz, quien integra la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo –misma unidad de Marcelo Pecci–, dijo en contacto con Latitud25 que tras el asesinato de su colega, todos reflexionaron sobre la manera en que llevan a cabo su, día a día.
Reconoció que sus quehaceres diarios revistieron una modificación en el día a día e incluso afirmó que deben tener mucho cuidado cada vez que salen de la oficina, ya sea para un operativo o para trasladarse a su casa.
“Empezamos a hacernos asesorar con respecto a cómo uno tiene que manejarse en su vida cotidiana y a algunas personas se les reforzó la seguridad. Algunos agentes fiscales tienen custodia policial, pero yo creo que es necesario replantear absolutamente todo”, enfatizó.
A su vez, el fiscal Andrés Arriola, tras ser designado en reemplazo de Marcelo Pecci, dio declaraciones ante ABC TV, y aseveró que existe un antes y un después, tras el asesinato de su colega. Recalcó que esta es la primera vez que asesinan a un fiscal y reconoció que todos, de alguna manera, se habían relajado en cuanto a seguridad.
Opinó que es momento de ser más precavidos, manejar con mayor confidencialidad los casos y rodearse de personas de entera confianza.
“Tengo que ver con quién relacionarme, con quién no, en quién confiar, en quién no”, subrayó.
Fiscales y jueces anónimos
La fiscala Liliana Alcaraz, quien fue dupla de trabajo de Pecci en varias causas, consideró particularmente que es necesario que los magistrados y fiscales tengan voceros, para que los directamente implicados con los casos delicados no estén expuestos al monitoreo de los criminales.
Afirmó que ese procedimiento se está realizando en varios países, como Colombia, en donde los fiscales y jueces están amparados por mecanismos de protección que resguardan la identidad de quienes atienden investigaciones de combate al crimen organizado, de modo a precautelar a sus funcionarios encargados de operativos delicados.
“Desde ahí creo que es incorrecto nuestro manejo respecto a la exposición que tenemos frente a cámaras, hay jueces a los que nunca se les ve la cara. Tenemos que reflexionar sobre esa exposición que tenemos hoy, porque fácilmente se nos identifica. Creo que desde la dirección de Comunicación del Ministerio Público se tiene que poner un vocero”, remarcó.
No existe ley que proteja a fiscales y jueces
Por su parte, la ministra Cecilia Pérez, Asesora de Asuntos de Seguridad de Presidencia, en comunicación con Latitud25, recordó que cuando uno viaja al exterior debe informar debidamente a las instancias que correspondan y si es necesario, se designa cobertura en el país que visita, con excepción del Presidente de la República, quien va con custodio propio.
Resaltó que ese el esquema de trabajo que se venía llevando a cabo hasta el momento y reconoció que en Paraguay no tenemos una ley que obligue a los funcionarios encargados de investigaciones o relacionados a la Justicia para que tengan una custodia especial.
Agregó que en algunos casos, hay autoridades que desconfían de sus custodios, o de las personas que están alrededor de que pasen información de uno con quién se vincula. No obstante, hizo énfasis en que el tema de pedir un custodio al viajar, es una recomendación, no una obligación, porque finalmente es una decisión personal.
Sin presupuesto para custodiar a todos
Ante la consulta de si se está elaborando alguna normativa que estipule la custodio especial de fiscales y jueces, respondió que no se analiza concretamente este punto, porque argumentó que eso tiene que venir emparejado con una dotación de personal para el efecto, lo que requiere de una importante demanda presupuestaria.
“Hay que determinar si la custodia va a ser privada y va a quedar a cargo de cada institución, porque nosotros tampoco tenemos la cantidad de personal policial para custodiar a todos. Precisamos de más personal policial para la seguridad ciudadana y no podemos cubrir ambas cosas, entonces se tiene que conseguir más personal, si esta custodia va a salir como algo obligatorio del Estado”, aseveró.
Lo que queda: hacer la denuncia de amenazas y analizar caso por caso
La asesora de seguridad de Presidencia dijo que es necesario debatir caso por caso, pero subrayó, que en caso de amenazas es necesario en primer lugar, denunciar y dejar constancia del amedrentamiento, en las condiciones que se haya dado.
“Un juez civil no es lo mismo que un juez especializado, pero hay que tener en cuenta que puede estar tocando un caso importante en base a sus procesos. Hay algunos jueces y fiscales de alto perfil que tienen que tener custodio, porque son inherencias al cargo que uno tiene. En el caso de Marcelo Pecci, obviamente tocó intereses de personas importantes del crimen organizado, eso no podemos desconocer”, puntualizó.
Asimismo, recordó que hay personas, primero, que no denuncian y segundo, quienes no aceptan custodias, lo que genera una oportunidad importante de ser vulnerados en su integridad.
“Después nos pasamos discutiendo por horas si es que estaba amenazado o no y resulta que estaba amenazado, pero nunca hizo la denuncia, en el caso de la jueza sí, en el caso del director de Tacumbú estuvimos discutiendo si se denunció o no, hay que promover que se hagan las denuncias de amenazas si hay y si no hay, analizar por la función o el cago lo amerita”, expresó.
Añadió que hoy es el Poder Judicial el que tiene que tramitar la custodia para los jueces tengan su custodia.
“La Policía no puede repartir toda su dotación del personal solamente para que esté custodiando a autoridades”, reiteró.
Finalmente comentó que los funcionarios del Poder Judicial como del Ministerio Público ya tuvieron capacitación de seguridad personal persona, porque recordó que no pasa solamente porque uno tenga custodia, sino que hay ciertos aspectos que afectan a la vida diaria que se deben tener en cuenta.
“Eso es categórico; muchas veces la investidura del cargo no permite o no recomienda algunas conductas en su vida”, concluyó.
