Miles de niñas que son violadas, maltratadas, obligadas a dar a luz, a amamantar a sus bebés, a dejar sus estudios y su infancia, son ignoradas por un Estado que no les brinda el acompañamiento adecuado para contener a la niña, ni económica, ni sicológica, ni emocionalmente. Son niñas que deben renunciar, muchas veces, a su realización como personas.
Estas niñas, se quedan con secuelas físicas, después de estar en riesgo de morir por parir, a pesar de que sus cuerpos todavía no están preparados y ni qué decir de las consecuencias sicológicas y el estigma que llevan de por vida. Esas niñas siguen siendo violentadas por falta de protección del Estado.
“Fueron obligadas a tener relaciones sexuales bajo presiones, fueron castigadas físicamente, amenazadas constantemente generándoles miedo para paralizarlas, pasaron por largos tiempos de abuso», es una descripción hecha por uno de los psicólogos clínicos entrevistados durante la investigación realizada en agosto de 2019, por Amnistía Paraguay y que derivó en el informe “Un laberinto sin salida: violencia sexual, embarazos e impunidad para niñas en Paraguay”, presentado hoy a las instituciones del Estado.
En nuestro país, las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas, y el 13% de muertes maternas causadas por abortos inseguros, según datos Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
Las niñas menores de 15 años tienen cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo.
A pesar del peligro, 1.000 niñas de 14 años o menos, dieron a luz entre 2019 y 2020 en Paraguay y, aunque el aborto está permitido cuando la vida de la gestante corre peligro, la ley rara vez se aplica, según este reporte de la organización por los derechos humanos.
«Estas cifras son solo uno de los indicadores de la crisis monumental que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes», manifestó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara-Rosas.
Una forma de tortura
Guevara-Rosas dijo que si bien el Estado reconoce esta situación, no atendió sus nefastas consecuencias en niñas y adolescentes, ni de sus comunidades enteras.
Resaltó que las niñas, además de verse amenazadas en su integridad, también tienen que realizar una especie de gestión de responsabilidad sobre esa maternidad y sobre esa relación socioemocional, que deben o espera la sociedad que tengan con él o la recién nacida.
«Amnistía Internacional considera que obligar a niñas o adolescentes –que han sido violadas– a llevar a término un embarazo y no dejarles más opción que convertirse en madres es una forma de violencia institucionalizada que puede constituirse, bajo leyes internacionales, como tortura y malos tratos«, aseveró.
Las acciones insuficientes en el Estado, demuestran la falta de voluntad política que existe para poner freno a la crisis. «Se debe crear una ruta única de atención para evitar la revictimización que pasa por las autoridades del Estado, donde la niña debe repetir su testimonio cientos de veces, y en los que incluso sus testimonios son cuestionados», remarcó.
Señaló que esta burocracia, de que varios funcionarios del Estado tomen el testimonio, o que pase por diferentes instituciones sin que haya una unificación en el proceso, le cuesta anualmente al Estado, USD 1.300 millones.
La investigación hecha por Amnistía involucró a médicos, sicólogos y profesionales forenses. En ese contexto, eligieron no entrevistar a niñas y adolescentes embarazadas para evitar la revictimización, pero sí trabajaron con una organización local que proporcionó apoyo a unas nueve familias que pasaron por esta situación.
Ni Abdo ni Brunetti
Este informe, que se empezó a realizar desde el 2017, interrumpido por la pandemia y culminado este año, se presentó hoy oficialmente ante las autoridades del Estado. Sin embargo, a pesar de solicitar audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, ninguno de los dos aceptó estar en el encuentro.
La directora de Amnistía Paraguay, Rosalía Vega, expresó preocupación por la falta de voluntad política que existe en nuestro país para abordar esta situación. Recordó que si bien existen leyes que pueden dar una respuesta a esta problemática, no pasan de los papeles.
Prohibir la Educación Sexual Integral violenta derechos
«El Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay reconoce la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad. Sin embargo, en el 2011, las autoridades frenaron su implementación. En 2017, el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió “la difusión y utilización de materiales […] referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas”, señala el informe.
Lamentablemente estas prohibiciones han tenido repercusión y han permitido que la violencia sexual se incremente, de esta manera se les priva a los niños, niñas y adolescentes de herramientas de empoderamiento, para tomar decisiones autónomas, expresó Guevara-Rosas.
«El Estado no ha brindado a niñas y adolescentes educación sexual integral basada en la ciencia. De esta manera, les están privando de la posibilidad de disfrutar de sus derechos», enfatizó.
También agregó que estas prohibiciones incluso tuvieron repercusiones en las capacitaciones del Ministerio de la Mujer que dejaron de lado materiales de educación sexual integral.
El problema con «la ideología de género»
La directora para las Américas de Amnistía Internacional resaltó que hay grupos que están instrumentalizando la frase «ideología de género» para infundir ideas de que supuestamente la educación sexual integral amenaza valores ideológicos y familiares.
«Estos grupos no solamente se oponen a leyes de protección a niños, niñas y adolescentes, sino que también encabezan esfuerzos para eliminar la educación integral del sistema educativo», puntualizó.
En ese contexto, no solo lamentó que autoridades del más alto nivel no están ordenando acciones para atender esta crisis sino que además permiten construir este tipo narrativas nocivas.
Además, agregó que la normalización de la violencia sexual obstaculiza de manera radical los esfuerzos de erradicación de la violencia. Señaló también que no se proveen de recursos financieros para poner en marcha herramientas de identificación y prevención de casos de abuso sexual del niños niñas y adolescentes.
Las faltas de respuestas de las autoridades terminan por truncar los proyectos de niñas, que no deberían ser madres.
