En nuestro país, la mujer tuvo derecho a votar recién hace 60 años, mientras que el sufragio a nivel mundial ya se dio hace 128. En ese camino hacia la participación política, todavía hace falta eliminar una serie de obstáculos para motivar la incursión de las mujeres en la política y una de ellas es la violencia que reciben, por el solo hecho de ser mujer.
Debido a varios hechos de evidente violencia o amedrentamiento hacia las mujeres en política, en abril de este año, siete senadoras de diferentes nucleaciones políticas presentaron un proyecto de ley para evitar que esta situación se siga dando con total impunidad.
La única legisladora de la Cámara Alta que no firmó el documento es Georgia “Nani” Arrúa del Partido Patria Querida, quien respondió a Latitud 25, que no lo hizo porque no tuvo tiempo de leer el documento.
Haciendo un ejercicio rápido de recopilación de casos de violencia política, el último escándalo es el del diputado Roberto González (ANR) quien trató de “putitas con escapulario” a sus colegas mujeres, molesto por el resurgir del #ANRNuncaMás tras la publicación del informe de Contraloría que tacha de ilegal la deuda de Itaipú.
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Las diputadas Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González (PEN), quienes vienen encabezando la presión política para lograr la auditoría de las binacionales, responsabilizaron directamente al Partido Colorado de la estafa y posterior robo sistemático al pueblo paraguayo. Esto generó la airada reacción misógina del diputado González.
También se había registrado un hecho similar cuando el diputado Colym Soroka (ANR) trató de “Maria’i” a quienes impulsaron la interpelación a Juan Ernesto Villamayor, cuando este se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Presidencia.
Cabe recordar, que María’i es un término que se utiliza despectivamente en Paraguay para referirse a mujeres que son utilizadas como objeto sexual. En algunos casos, para hacer referencia a mujeres, niñas o adultas, que son explotadas a través del trabajo doméstico y abusadas sexualmente.
¿Además de estos casos, en qué consiste la violencia política?
Para abordar esta cuestión, Latitud 25 conversó con la Dra. Lilian Soto, política y activista, parte del grupo de mujeres que participó en la elaboración del mencionado proyecto de ley.
Soto explicó que hay todo un análisis de lo que es la cultura machista y patriarcal con la división sexual del trabajo, que es uno de los elementos principales: las mujeres en la casa y los hombres en lo público.
Otro elemento, es que cuando las mujeres van incursionando en la política, se le presentan muchos conflictos para su participación.
Lo que juzgan en las mujeres –prosiguió– es su vida sexual, su apariencia y aquellas cuestiones que se refieren a su vida familiar.
“Eso se manifiesta verbalmente, por una parte, con agresiones verbales, que es lo que últimamente estamos viviendo en el gran escenario del Parlamento nacional, eso es lo que te muestra. Nadie se va y le pega a su colega parlamentaria, pero utilizan un lenguaje que las discrimina y las disminuye, que busca interiorizarlas y colocarlas en el rol de lo que históricamente le asignó la sociedad a las mujeres, las mujeres como objetos sexuales, las mujeres como las responsables del hogar y punto”, remarcó.
Entonces, agregó que también es una agresión que pregunten a una mujer, por dar un ejemplo, si es multiorgásmica o no. Recordó que cuando una mujer está incursionando en la política, a los entrevistadores, no les tiene por qué importar sus relaciones personales o su vida íntima, sino más bien sus propuestas políticas.
“Ese tipo de situaciones solo sucede con las mujeres, y de eso se trata de la violencia de género en la política, pero hay otros casos más graves: cuando hay acoso sexual o cuando hay amenaza. Sucedieron dos casos en Paraguay con la intendenta de Nueva Colombia (en un atentado contra su vida) y una candidata (a quién amenazaron de que no siga con su candidatura)”, referenció.
¿Qué plantea la ley?
El documento tipifica los tipos de violencia hacia la mujer en política como: manifestaciones leves, graves y gravísimas, que van desde impedir su participación, proporcionar datos falsos sobre las mujeres que participan en política hasta amenazar o intimidarlas. También señala otras manifestaciones que configuran como hechos punibles.
Justamente el objetivo de hacer esta distinción de manifestaciones de violencia es aplicar sanciones.
“Las manifestaciones de violencia política contra las mujeres en razones de género, conforme su gravedad, serán penalizadas a través de sanciones administrativas, disciplinarias o electorales según corresponda”, señala la ley.
Estas sanciones se pueden dar desde una amonestación escrita, hasta suspensiones sin goce de sueldo e inhabilitaciones en el cargo, mientras que, aquellas que configuran un hecho punible irán por el camino penal.
Soto recalcó que mientras no se combate esta violencia, cada vez restringimos más la posibilidad de las mujeres de militar en la política, de candidatarse y de ocupar espacios de poder político.
