La embajada de Estados Unidos, en una conferencia de prensa cerrada, designó a otros tres significativamente corruptos. Dos de ellos, nombres que ya han sido cuestionados en reiteradas oportunidades, por supuestas inconductas en el ejercicio de sus cargos.
Entre ellos, el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo. El mismo había sido imputado en 2020, por irregularidades y sobrefacturación en la compra de insumos como tapabocas, en el marco de la pandemia de la COVID-19.
Lo mismo ocurrió con el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Jorge Bogarín Alfonso; y el funcionario judicial Vicente Ferreira, quien supuestamente operaba directamente con Bogarín Alfonzo desde la estructura judicial.
Según la medida tomada por Estados Unidos, Bogarín Alfonso y Ferreira, «interfirieron en los procesos personales para su propio beneficio personal».
La sanción implica el retiro de las VISA, por lo que tanto ellos como sus familiares, ya no podrán ingresar al país norteamericano.
El embajador de EE.UU. en Paraguay, Marc Ostfield, aseguró que esta es una acción unilateral de EE.UU. para proteger las fronteras. Así como, a sus sistemas financieros al mantener a los funcionarios corruptos y sus ganancias ilícitas fuera del país.
En ese contexto, los funcionarios de la embajada reconocieron que se están llevando a cabo investigaciones de quienes anteriormente fueron catalogados, de esta manera. No obstante, afirmaron que no pueden proporcionar información al respecto ni si esa investigación es de carácter penal.
La justicia como garrote
El fiscal Jorge Eduardo López, de San Pedro del Ycuamandyjú, presentó imputación contra Vicente Andrés Ferreira y otras dos personas más, por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Esto ocurrió el 25 de enero del 2019.
El 10 de noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, votó por remover al fiscal, luego de cuestionamientos a su proceder en esta causa.
Entre los votantes y preopinantes, se encontraba el también declarado como significativamente corrupto, Jorge Bogarín, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente de la instancia de juzgamiento de magistrados.
Los integrantes del JEM alegaron que tomaron esta decisión porque el fiscal decidió inhibirse de la causa.
EE.UU habla de terrorismo, pero Fiscalía no ve nada
El 26 de enero del corriente, el gobierno de Estados Unidos, fue más allá en sus medidas, e impuso sanciones financieras a Cartes y Velázquez. Esto a su vez, afecta a todas las empresas en las que ambos tienen acciones. Lo que generó una gran repercusión en el plano tanto político como comercial, principalmente en las empresas del Grupo Cartes.
Estas sanciones, según EE.UU., se debieron a que tienen información de que tanto Cartes como Velázquez tenían nexos con el Hezbolá.
Esta organización religiosa tiene un brazo político y otro paramilitar. También hicieron énfasis en que la corrupción de Cartes trascendió su mandato como gobernante y sigue realizando acciones desleales, comprando el voto de los parlamentarios para temas de su interés.
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Sin embargo, en febrero de este año, el fiscal Osmar Legal confirmó, en una entrevista con UH, que recibió dos respuestas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Velázquez, uno de los significativamente corruptos. Sin embargo, aseguró que los datos no tenían la entidad suficiente para imputarlo. En cuanto a Cartes, dijo que ni siquiera pidieron informes de HC, porque ya había causas abiertas.
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Nuevo FGE y más de 8 meses
Este jueves 23 de marzo, el Ministerio Público, abrió una carpeta de investigación penal contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes y el actual Vicepresidente, Hugo Velázquez.
Esto se dio como continuidad a las pericias que acompañen las diligencias de eventuales investigaciones penales que puedan llegar a existir en el país del norte, en el contexto de las designaciones de significativamente corruptos, en julio y agosto del año pasado, respectivamente.
Este comunicado se da, días después del cambio de la máxima autoridad de la Fiscalía, Sandra Quiñónez, sobre quien pesaba una extensa lista de cuestionamientos por inacción, obstrucción a la justicia, prevaricato y complicidad.
La bancada del Frente Guasu en el Senado, presentó ayer una denuncia penal contra Quiñónez por la presunta comisión de estos delitos, durante los 5 años de gestión como cabeza del Ministerio Público.
Luego de los anuncios hechos por el país norteamericano, en dos ocasiones la Fiscalía habló de que supuestamente ya tenía causas abiertas en torno a Cartes. Además, pedía información a Estados Unidos sobre las informaciones manejadas sobre Velázquez.
¿Imputación para evitar extradición?
A pesar de que la Fiscalía ya fue cuestionada en varias ocasiones por no investigar la corrupción en Paraguay, que lo haga tarde o que no avance, no faltaron las especulaciones al respecto. Esto se debe a la Ley Nº 1892, sobre el acuerdo de extradición.
Esta normativa afirma que la extradición no se concederá «Si por el mismo hecho la persona reclamada está sometida a procedimiento penal». En torno a esta intriga, ya el año pasado abogados debatían acerca de si un proceso en Paraguay podía evitar o no una eventual extradición.
Al respecto, el abogado penalista y doctor en derecho, José Casañas Levi, había conversado con Latitud25. Manifestó que si se trata de una imputación, que básicamente es la apertura oficial de una investigación para buscar pruebas, no es suficiente. Indicó que sería diferente si el proceso ya estaba en una fase de juicio o sentencia.
“El juez que recibe el pedido tiene que verificar el tratado que hay con el país que está solicitando. Hay todo un trámite bastante delicado, que llega a la Corte en algunos casos como el de Leoz”, explicó.
De igual manera, agregó que a pesar de las acciones que se busquen interponer, será difícil retrasar eso, en caso de que exista un pedido, porque apuntó a que existe un objetivo muy específico.
