Actualmente está en el Congreso el proyecto denominado “ley de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19”. Esta iniciativa del Ejecutivo, se dio a conocer, «coincidentemente» el pasado 4 de mayo, fecha en la que se recuerda el inicio de la cruenta dictadura de Alfredo Stroessner, en 1954.
Ese mismo día, Mauricio Espínola, secretario privado de Mario Abdo Benítez, al ser consultado sobre esta iniciativa, metió el dedo en la llaga al responder provocativamente «4 de mayo».
Esta propuesta, fue severamente cuestionada por referentes políticos y empresariales, ya que la calificaron como un intento de regular libertades y de legalizar la represión policial, con la excusa de recrudecer los controles para evitar el contagio del virus.
La iniciativa se diferencia a la ley anterior, con nombre similar, puesto que busca reglamentar por ley las sanciones por incumplimiento de las restricciones emitidas vía decreto presidencial que se emite periódicamente, de acuerdo a la situación epidemiológica.
El proyecto dispone entre otras cosas, que se apliquen sanciones administrativas a las personas físicas o jurídicas. Además busca asignar más atribuciones de control a la Policía.
¿Cuáles son las sanciones?
Los castigos administrativos previstos en el documento podrían ir desde amonestación, a multas desde cinco a 300 jornales mínimos.
En ese contexto, Hernán Huttemann, Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, aseguró hoy en la reunión virtual con el Senado, que es necesario separar estas sanciones administrativas del ámbito penal que figuran en los dos artículos que guardan relación con las penitencias a la inmunización irregular.
«Son dos cosas distintas que lastimosamente crearon confusión y en muchos casos se entendió que el incumplimiento de una medida sanitaria podía tener una sanción penal y en ningún momento prevé eso el proyecto de ley», puntualizó.
Sin embargo, es necesario resaltar que la propuesta legislativa afirma textualmente que si «de los hechos que fueren puestos a conocimiento del juzgado sumariante (…) Se constatare la existencia de conductas que pudieran traer aparejada responsabilidad penal, el juzgado remitirá las actuaciones al Ministerio Público para que dicha institución actúe en el ámbito de sus competencias».
¿Cómo se aplicará esta ley si llega a promulgarse?
El organismo de aplicación de esta iniciativa será principalmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Además tendrán facultades para realizar las sanciones el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Viceministerio de Transporte (DINATRAN), las municipalidades y los demás organismos públicos correspondientes. Todo esto, dentro del ámbito de sus competencias legales.
La ley señala que «las sanciones serán graduadas y determinadas conforme con la gravedad de las violaciones cometidas por el supuesto infractor y el eventual perjuicio a la salud pública que se hubiere causado», afirma el documento.
No obstante, el ministro de Salud, Julio Borba, confesó este lunes en la reunión virtual, que la estatal actualmente no da abasto con la cantidad de casos que están recibiendo.
«Mal no nos va a venir una ayuda de otros entes, como podrían ser las municipalidades, ¿verdad? Ahora acabo de firmar más de 100 instrucciones de sumario, que hemos recibido de la Policía Nacional (…) Ayuda de otros ministerios para sumar al trabajo que está haciendo asesoría jurídica por la sobrecarga», indicó.
Por su parte, Hernán Huttemann, agregó que si bien existen muchas críticas, el ministerio de Salud hoy aplica sanciones al igual que otras autoridades administrativas.
Ley debe ser más clara
Al respecto, Latitud 25 conversó con el abogado constitucionalista Marcelo Duarte, quien consideró que la ley tiene que establecer cuáles son las faltas y cuáles son las sanciones que corresponden a esas faltas.
Opinó que el Ministerio de Salud puede ayudar, reglamentando los procedimientos, pero aseguró que la estatal no está prevista para este tipo de tareas de perseguir a infractores.
«Hay que crear una unidad especial, no contratar más funcionarios, pero sí reasignar los que ya están», enfatizó.
Resaltan falta de confianza en el Ejecutivo
La senadora Desirée Masi, dijo abierta y directamente a los representantes del Poder Ejecutivo, que en el Parlamento hay una gran desconfianza de que ellos vayan a cumplir una sola de las medidas.
«No han sancionado a transportistas, no han sancionado a un solo local, que estaba repleto y han sancionado a lomiterias», expresó.
«No queremos hacer de pasapapeles del poder Ejecutivo, porque no sancionan, esa es la realidad. Están poniendo ahí que van a limitar la cantidad de gente en el transporte público y quiero saber cómo van a limitar realmente», cuestionó.
La senadora recordó que la Cámara Alta colaboró, todo este tiempo, con las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, remarcó que el gobierno «se ha aplazado en el manejo de la pandemia».
¿Qué puede hacer la Policía?
El documento que se encuentra en el Senado, apunta a que la Policía, además de acompañar a las autoridades competentes en las intervenciones, puede constatar las violaciones a las medidas sanitarias en lugares públicos y privados de uso público.
Esto, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización.
Además debe instar al infractor a que dé cumplimiento a las medidas sanitarias y labrar acta de los incumplimientos, para luego comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
«En caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, disponer la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de seis horas», enfatiza el documento.
Al respecto, Huttemann afirmó que no habría ningún inconveniente en eliminar el inciso de la «resistencia». Aseguró que si eso puede dar pie a interpretaciones o abuso, están de acuerdo con la eliminación.
Añadió que se puede discutir si la Policía va a ser el órgano requirente. Sostuvo que el rol de la Policía es auxiliar al rol administrativo y aseguró que propusieron a estos uniformados como apoyo, en relación a lo que se viene haciendo actualmente.
Dijo también que la idea de este proyecto de ninguna manera buscó afectar el derecho constitucional de manifestarse. Dijo que incluso se puede agregar un artículo que aclare eso.
«Podemos discutir medida por medida, en qué estamos de acuerdo y en qué no. Finalmente son ustedes quienes van a estudiar el proyecto de ley», puntualizó.
El gobierno finalmente, reconoció que la ley se presta a confusiones y que ante la posibilidad de malas interpretaciones, decidieron clarificar algunos puntos conflictivos e incluso eliminar aspectos como «la aprehensión por resistencia».
Además, hasta el momento, no existirían los votos para aprobar esta ley tal como se presentó, por lo que, con esta apertura manifestada por el Ejecutivo de realizar varias modificaciones, la ley volvería a ser analizada en el Senado.
