La pena de muerte fue abolida en nuestro país con la Constitución de 1992. En Paraguay, ni siquiera está vigente la acumulación de penas o la cadena perpetua.
Ahora, después del asesinato de Jorge Ríos (24), por parte de un grupo criminal, el diputado Édgar Ortiz, propone la idea que se realice una enmienda constitucional para que se implemente la pena de muerte.
En comunicación con RadioCast25, el parlamentario liberal brindó algunos argumentos sobre este controversial planteamiento.
En un primer momento, afirmó que la idea es aplicar esta pena a secuestradores, criminales que cometan homicidios de estas características y violadores de menores.
«La idea es que no ocurra más secuestros, yo creo que el que tiene derecho de opinar si es correcto, es el pueblo paraguayo», indicó.
Al ser consultado, si el artículo que quiere modificar de la CN corresponde al artículo cuatro, que habla del derecho a la vida, respondió que sí. «La idea no es matar, es que terminen estos crímenes, yo creo que existiendo esto, vamos a evitar que vuelvan a ocurrir», subrayó.
¿En qué se basa para asegurar que esto podría ser efectivo?
Según Ortiz, en Indonesia la delincuencia decreció considerablemente con la aplicación de la pena de muerte.
Sin embargo, según los datos recabados, durante la pandemia se registraron 177 condenas a muerte, en comparación al 2019, año en que solo se contabilizaron 80, por este mismo motivo. Es decir, hubo un aumento del 46%.
Lo más crítico, según una nota de AFP, es que durante la cuarentena dictada por la pandemia del COVID-19 se realizaron numerosas condenas por Zoom u otros medios telemáticos.
Además, el diputado Ortiz reconoció que no está seguro de que su propuesta sea aprobada por la ciudadanía, por lo que quiere «discutir con la sociedad».
«Somos muy tolerantes, con los secuestradores. Ojalá que puedan morir todos. Yo no quiero estar en el lugar de los familiares que fueron secuestrados. Simplemente la idea es terminar con este flagelo. Yo no estoy asumiendo solamente esta responsabilidad», aseveró.
No se trata solo de enmendar la Constitución
Al respecto fue consultada la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien afirmó que para llegar a esta instancia, no se necesita solamente enmendar la Constitución, teniendo en cuenta que Paraguay forma parte de una comunidad internacional que está en contra de este tipo de medidas.
Agregó que el país deberá denunciar (retirarse de) a sus tratados y eso a su vez, traería consecuencias. Si uno va a denunciar al pacto de San José de Costa Rica, dos años es lo que tarda este proceso de retiro, según aclaró Pérez.
Además aseguró que no se puede abordar este tipo de temas a través de una enmienda, sino que se debería realizar una reforma. En ese caso, no se puede tratar solo un aspecto; tienen que ser analizados y modificados varios otros puntos conflictivos en la Constitución.
En ese contexto, la abogada especialista en derechos humanos, Diana Vargas rememoró que el Estado paraguayo ratificó un tratado de DD.HH. que justamente hace referencia a la abolición de la pena de muerte.
Condenas erradas que no pueden revertirse
La ministra de Justicia también recordó que se debe considerar que en los países que todavía se permite imponer una pena de muerte, se han dado varios casos de condenas erradas. «Hay países que han tenido penas de muerte con codena errada, como Estados Unidos. Cuando la condena es a pena de muerte, ya no se puede revertir».
«Estados Unidos tiene toda una organización, Innocence Project, donde se trabaja sobre casos de condenas erradas», agregó.
El proyecto busca corregir los casos –en que personas inocentes son condenadas a muerte injustamente– mediante litigios estratégicos, reformas de políticas y educación.
Cuando hay hechos que sacuden a la ciudadanía, como el caso de Jorge Ríos, ese contexto es propicio para este tipo de reacciones. «Las condenas erróneas son experiencias que alteran la vida y tienen consecuencias para toda la vida», señala esta campaña.
Asimismo, afirma que las exoneraciones nos enseñan las causas más comunes de condenas injustas. Según las cifras, el 52% de las condenas erróneas se dio a causa de la ciencia forense mal aplicada.
