Paraguay participó ayer en el Examen Periódico Universal (EPU), en el cual rindió cuentas sobre su proceder en materia de Derechos Humanos, durante los últimos cuatro años. Unos 76 países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dieron a conocer sus recomendaciones a nuestro país.
El EPU es un proceso que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Este proceso está auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«El Estado puede aceptar, tomar nota o rechazar las recomendaciones. El Estado paraguayo acepta casi todas las recomendaciones. La gran mayoría de ellas, son reiteradas», explicó a Latitud 25 la especialista en Derechos Humanos, Mirta Moragas.
Ley contra la Discriminación
La abogada refirió que ayer se emitieron 18 recomendaciones para que Paraguay apruebe el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que todavía no cuenta con el apoyo de la mayoría en el Congreso Nacional.
Durante el encuentro, hicieron énfasis en este punto países como: Alemania, Francia, Islandia, Canadá, Chile, México, Rusia, Países Bajos, Nicaragua y Argentina.
Varios proyectos de leyes se presentaron en Paraguay en contra de la discriminación, con el transcurrir del tiempo. El último proyecto que llevaba este nombre específicamente, «Ley Contra Toda Forma de Discriminación», fue archivado en noviembre de 2014.
La propuesta fue presentada por los entonces senadores Miguel Abdón Saguier y Carlos Filizzola y tras varias postergaciones finalmente fue rechazada.
En ese contexto, los países sugirieron tomar medidas para eliminar la violencia contra personas LGTBI; garantizar la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad, además de combatir la discriminación a personas que viven con VIH.
También apuntaron que es necesario derogar la resolución del Ministerio de Educación, que prohíbe el enfoque de género en la educación paraguaya, medida impulsada inicialmente por el entonces ministro Enrique Riera de la era Cartes y secundada por Eduardo Petta, de la administración Abdo Benítez.
Muchas deudas, poco cumplimiento
Paraguay todavía tiene muchas cuentas pendientes en materia de derechos humanos, siendo un país conservador que rechaza la mayoría de los intentos por luchar contra la discriminación y el reconocimiento de derechos de diferentes colectivos sociales, en todo sentido.
El concepto de Género, entendido como un tema abarcativo, amplio y necesario de ser incluido, aun genera todo tipo de polémica en el diseño de políticas públicas.
Cabe recordar que el año pasado, se realizó una intensa campaña por parte de grupos pro-familia que trataron de modificar el término «identidad de género» en el plan del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
El paso de los dos ministros de Educación Enrique Riera y Eduardo Petta, quienes implementaron líneas de trabajo muy duras en relación al rechazo de la discusión sobre el enfoque de género, impidió que el debate público prospere y consecuentemente se pueda lograr el cumplimiento de estos objetivos sugeridos por los países.
Por su parte, el actual ministro de esta cartera, Juan Manuel Brunetti, en su primer discurso, dijo que estaba a favor de la familia tradicional compuesta por papá, mamá e hijos, demostrando su negativa a generar espacios de discusión para el debate de este tema.
Por otra parte, el Poder Judicial no muestra señales de independencia política para la protección y cumplimiento de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres continúa en aumento, mientras nuevas leyes para controlar la pandemia amenazan libertades individuales.
Más sugerencias
Implementar medidas contra la mortalidad y morbilidad materna.
Redoblar esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, en particular el criadazgo.
Garantizar la independencia del Poder Judicial.
Fortalecer la Defensoría del Pueblo, conforme a los principios de París.
Adoptar políticas y acciones de capacitación para evitar el uso abusivo y la tortura por parte de agentes de la fuerza pública, en el contexto de la Covid19.
Ratificar el Acuerdo de Escazú, para proteger a defensores ambientales y periodistas.
Combatir la violencia contra mujeres y niñas, el crimen organizado y la trata de personas.
Reducir la tasa de pobreza en poblaciones campesinas e indígenas.
Adoptar medidas para hacer frente al cambio climático.
Combatir el hacinamiento en las cárceles.
Avanzar para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres así como la violencia de género.
Asegurar la participación de los pueblos indígenas en la vida política y pública.
Eliminar la criminalización de periodistas y defensores de DDHH.
Despenalizar el aborto.
