En sociedades en las que la institucionalidad del Estado es una constante inmutable, la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia no es discutida en el servicio público. De esta manera, se complica la irrupción de poderes externos, como la influencia del crimen organizado, o la corrupción sistemática en la que funcionarios deshonestos priorizan sus intereses antes que los de la ciudadanía en general.
En este debate, la clave es entender que el aspecto legal o las eventuales repercusiones penales de los escándalos que involucran a funcionarios del Estado, es tan solo una parte del análisis de estos hechos. Otro aspecto clave es el ético, en el que la propia persona debe anteponer su honorabilidad como individuo, para tomar acciones de reconocimiento de responsabilidades.
Mientras tanto, en Paraguay, no es nuevo que se hayan visto casos en diferentes estamentos, que a pesar de haber fallado éticamente, por haber participado en actividades con claros conflictos de interés con sus funciones públicas, de igual manera permanecieron en sus cargos, sin pudor alguno.
Varios de los “escándalos” terminaron sin procesos judiciales o con sobreseimientos definitivos como el caso del diputado Tomás Rivas, quien fue procesado por supuesto pago a sus empleados particulares con dinero público. El legislador no solo reconoció el hecho, sino que “reparó los daños”, es decir, devolvió el dinero, de un total de G. 121 millones, que sus empleados cobraron irregularmente y así dieron el sobreseimiento definitivo.
El 22 de febrero pasado, el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio fue destituido por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, luego de que reconociera que la empresa Ombu S.A., del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, le haya prestado una camioneta blindada para sus vacaciones en Brasil.
Este presunto miembro del crimen organizado fue detenido en Foz do Iguazú en el marco del operativo transnacional Turf. Giuzzio aseguró antes de ser despedido, que desconocía los antecedentes de Espíndola Marques de Padua, pero el propio había reconocido haber tenido encuentros personales con Espíndola en carácter de proveedor del Ministerio del Interior.
Luego de estallar el caso del operativo “A Ultranza”, en el que se posicionó con fuerza en el eje de la investigación a la empresa Grupo Tapiracuay y su propietario Alberto Koube Ayala, se daría la segunda destitución consecutiva dentro del gobierno.
El dos veces nombrado ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en los gobiernos de Horacio Cartes y en el actual, mantenía una imagen de reconocimiento público por la efectiva gestión de su cartera, hasta que la incautación de un lujoso yate Antares de USD 400.000 lo vinculó con un presunto esquema del crimen organizado del que Koube sería parte.
Roa confirmó que adquirió la embarcación en 2018 y reconoció ser amigo de Koube quien también era proveedor de servicios de logística para la SEN. Sobre la no inclusión de la embarcación en su declaración jurada de bienes, la Contraloría General de la República (CGR) aclaró que la normativa no impone la actualización periódica de sus DD.JJ. que datan del 2014.
La ética es irrelevante para la sociedad
En ese contexto, es necesario abordar el por qué la ética en la función pública no es un tema menor, independientemente al aspecto legal y cómo esto puede afectar al Estado más de lo que creemos.
A criterio de José Casañas Levi, doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal, hechos como éstos son irrelevantes para la sociedad paraguaya, lo que compromete severamente para la democracia ya que se ataca directamente su calidad, en detrimento de los ciudadanos.
“La parte ética para la sociedad paraguaya en general es irrelevante, porque no es algo de lo que pueda sacar una ventaja, o no es algo que le pueda generar un daño directo. Es una sociedad bastante primitiva la nuestra en ese sentido”, comentó.
En ese sentido, Casañas Levi dijo que la ética es imprescindible en la lucha contra la corrupción, puesto que uno de los valores que debe cultivarse como ineludibles en el servicio público es el respeto a la ley y para que eso se dé, los valores de ética deben ser irrenunciables.
El fracaso de la ética en el servicio público
Comentó que la intención de incorporar la ética al servicio público incluso contó con apoyo internacional, de modo a garantizar que las buenas prácticas en el servicio público puedan contar con un irrenunciable mandato ético.
Uno de estos planes fue el Programa Umbral, la ambiciosa iniciativa de gobernabilidad y transparencia respaldada por el gobierno de Estados Unidos que se llevó a cabo en Paraguay años atrás, que tenía como objetivo la lucha contra la corrupción, para fortalecer las instituciones del estado. Pero esa lucha no se puede llevar a cabo si no se cambia la mentalidad de ética del servidor público y de la sociedad, según dijo el especialista.
“La ex procuradora de Colombia, Luz Marlene Ospina (que formó parte del programa), nos explicó que en Colombia también había un alto nivel de corrupción y ellos lograron disminuir esos niveles –en gran parte– gracias al tema ético, que se trabajó fuertemente en todas las esferas. El programa era muy grande. En Paraguay, no se lograba llegar a la cabeza de las instituciones con la idea de que eso era importante. El titular de la institución, por dar un ejemplo, aceptaba sancionar las normas y todo eso, pero no se comprometía con la idea”, puntualizó.
Agregó que la consideración del componente ético en el ejercicio del servicio público es un proceso lento que viene fracasando hasta ahora en Paraguay.
“En otros países, se ven obligados a renunciar, porque la sociedad no le tolera. En Alemania renunciaron cancilleres, en Francia, en Inglaterra ni qué decir. Acá no hay relevancia porque no hay castigo. Es algo similar a lo que pasa con la parte penal, pero el tema ético es más complicado para una sociedad como la nuestra porque la gente no le ve un beneficio. Es una cuestión sociológica bastante compleja”, aseveró.
“Mentir no es antiético para el funcionario público“
En cuanto a los casos recientes, del ex ministro de la SEN, Joaquín Roa y el ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; Casañas Levi sostuvo que para ninguno de los dos funcionarios representa un problema lo que sucedió.
“El servidor público no cree que utilizar su cargo, su influencia de alguna manera sea algo que riña con la ética, no cree eso y por eso hace ese tipo de cosas, para él no es un problema. Él te va a decir: ‘pero si yo no toqué dinero, yo solo recurrí a esa persona para que me alquile’ o me venda” asegura Casañas en directa alusión al caso de los ex ministros Giuzzio y Roa.
Agrega también que la mentira tampoco es un problema para el funcionario público en muchas ocasiones, “no es algo antiético”, acotó.
Los vínculos sociales nunca son irrelevantes
El especialista en derecho penal mencionó la necesidad urgente de poner este tema en la agenda nacional y que sobre todo exista voluntad política del gobierno central y las instancias judiciales para priorizarla como un tema que no puede seguir siendo evitado y sancionar cuando haga falta.
“Yo creo que es necesario instalar el debate, que considere que es importante hablar de eso, es un tema que no está en la agenda, ni de los medios, ni siquiera política, pero hoy nosotros nos damos cuenta de que eso no puede luego figurar en la agenda política, porque los narcos son los que solventan las campañas”, aseguró.
Agregó que “hay muchas cosas” que no sabemos de estos casos de escándalos con las autoridades nacionales y funcionarios públicos, que solo se van a saber si es que se hacen investigaciones verdaderas por parte de las instituciones competentes.
“La ostentación o los vínculos sociales, religiosos, que tenga una persona, cuando está en la función pública, nunca es irrelevante. Es un tema global y eso no puede cambiar si no se instala eso como tema, por lo menos para que sea incómodo”, reflexionó.
Casañas finalizó destacando que una valiosa enseñanza que le dejó su paso por el programa Umbral es que aunque se logre la sanción de un código de ética, esto no tendrá trascendencia automática si no hay un convencimiento de las personas.
