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Guardia asesinado: Fiscalía apunta al Ministerio de Trabajo por negligencia

El asesinato de un sereno, no solo dejó en evidencia la inseguridad del país, ya que además, permitió que salieran a la luz denuncias por presunta precariedad laboral para estos oficios. Desde el punto de vista investigativo, la fiscala a cargo del caso, reconoció la existencia de irregularidades en las condiciones laborales del guardia fallecido. En ese punto, más allá de investigar a la empresa, cuestionó la labor del Ministerio de Trabajo por su falta de control.

La inseguridad se cobró la vida de otra persona, este lunes en la madrugada. El guardia de seguridad, Oscar Baranda (41), fue asesinado por asaltantes mientras cumplía con su trabajo en la empresa TecnoStore SRL. Este hecho dejó en evidencia una serie de irregularidades y negligencias.

En ese contexto, Laura Riquelme, la esposa de la víctima, denunció a través de los medios y las redes sociales, que Óscar no tenía ni siquiera chaleco antibalas.

Manifestó además, que tampoco tenía seguro de IPS y que se encontraba trabajando en muy precarias condiciones. La mujer sostuvo, incluso, que solo le daban una silla y un balde, porque no podía acceder al baño de la empresa.

Al respecto, RadioCast25 conversó con la fiscala a cargo del caso, Teresa Sosa quien dio detalles sobre los datos que manejan y respondió si los responsables de la compañía para la que trabajaba Baranda, podrían ser investigados por negligencia o exposición al peligro.

No tener chaleco antibala le causó la muerte

La agente del Ministerio Público fue contundente al asegurar que el guardia de seguridad fallecido no contaba con un chaleco antibalas que lo proteja. De hecho, fue uno de estos disparos mortales en la zona abdominal la que terminó con su vida.

“Justamente el disparo que acabó con su vida fue el que ingresó por el Tórax, que comprometió los vasos y el pulmón, y es lo que le ocasionó la muerte. No los otros disparos que recibió en la pierna izquierda y derecha de acuerdo al informe del médico forense, del doctor Joel Bernal”, dijo la agenda fiscal.

De esta manera, la fiscala dio a entender que si el personal de seguridad contaba por lo menos, con el chaleco antibalas, podría haber seguido con vida.

Falta de control del Ministerio de Trabajo

Por otro lado, la fiscala Teresa Sosa dijo que ya han tenido dificultades con la labor del Ministerio de Trabajo en el pasado, y que este caso no es el primero de estas características. Urgió la oportuna intervención de la cartera a efectos preventivos.

“Por ejemplo, obreros que trabajan en altura, en edificios de construcción que caen, mueren, porque la empresa no está cumpliendo con las reglas de seguridad. Yo no observé que tengan ningún programa de trabajo para identificar aquellas tareas que requieren el control, permanente por parte del Ministerio del Trabajo”, resaltó.

Hizo énfasis además a que esta es una problemática antigua. Entonces, insistió en que hasta ahora no visualiza que el Ministerio de Trabajo se haya organizado al respecto. “Es decir, bueno, estos son los tipos de trabajo que requieren un control”, subrayó.

Apuntó a que esta fiscalización necesariamente se debe realizar fundamentalmente al sector empresarial, por parte del ente encargado, porque es una problemática diaria.

“Yo siento muchísimo que esto haya desencadenado en la muerte de este trabajador, pero, aparentemente, las condiciones de trabajo no estaban dadas”, remarcó.

Ni estaba registrado ante la Policía

La fiscala Sosa afirmó que está verificando si hubo una violación de la ley de armas con respecto a la empresa. “No te puedo afirmar todavía, pero estoy viendo eso”, refirió.

Con respecto a este tema, la fiscala comentó que ya libró diligencias a la empresa TecnoStore, para conocer las condiciones de trabajo del lugar. Agregó que solicitó nuevamente la intervención del Ministerio del Trabajo, para que verifique con respecto a las líneas laborales, su cumplimiento.

Explicó que, en primer lugar, para que una persona pueda portar un arma de fuego, como guardia de seguridad, tiene que estar registrada en una Dirección Especializada, dependiente de la Policía Nacional.

En segundo lugar, el arma en sí tiene que estar registrada en Dimabel, lo que aun no está confirmado por la fiscalía.

El tercer punto hace referencia a que la empresa, para quien la persona trabaja, tiene que tener el permiso de portación de armas, que también otorga la Policía Nacional. En total, son tres permisos.

“Ya tenemos información del comisario Cristian Aranda, quien dijo de que no le tiene registrado a la persona fallecida, como un guardia de seguridad de la empresa TecnoStore. Entonces, estamos haciendo también esa tarea investigativa y a ver si es que la conducta de las personas que representan a esta empresa se encuentran dentro de los artículos que sancionan la violación de la ley de Arma”, concluyó.

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