Los documentos que la iniciativa pretende digitalizar son: la cédula de identidad, la cédula verde, la licencia de conducir y la habilitación vehicular. La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y simplificar los procesos burocráticos mediante el uso de la tecnología.
Según la ley, los ciudadanos podrán presentar sus documentos a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Esta aplicación debe ser gratuita y ofrecerá la opción de pago en línea por los aranceles correspondientes. El formato digital tendrá la misma validez que el formato físico ante las autoridades responsables del control y supervisión.
La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto. El Senado aprobó con modificaciones el pasado 16 de junio. Por ende, vuelve a la Cámara Baja.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que deberá desarrollar la aplicación oficial del Gobierno. La ley se adecuará a las normas vigentes sobre firma electrónica, documento electrónico y servicios de confianza para las transacciones electrónicas. El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la ley serán sancionados con responsabilidad administrativa.
¿Por qué esta propuesta podría ser beneficiosa?
Al respecto, el viceministro de Tecnología de Mitic, David Ocampos afirmó, que de aprobarse la ley, eso evitará que muchas personas usen billetera, ya que incluso ahora se puede pagar con QR.
“Lo único uno necesita hoy día es el celular. Muchas veces tenés una cartera por tus documentos nada más. Encima se te puede perder y todo esto será una simplificación para la gente”, indicó.
Asimismo, manifestó que también este tipo de propuestas facilitarán los controles. “Porque automáticamente el policía de tránsito puede saber todo en tiempo real; si uno tiene antecedentes, orden de captura. Ahí está todo vinculado…”, acotó.
El viceministro aclaró que esto será una alternativa a los documentos físicos, no buscarán reemplazarlos. “Si yo no quiero tener en mi vehículo el documento físico, la autoridad tiene una obligación de reconocer lo que yo le muestre en el celular”, subrayó.
Más leyes digitales de manejo de datos personales
Eduardo Carrillo, investigador en políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación, digitalización y co-director de TEDIC, afirmó que, por un lado, celebran los esfuerzos de modernización del Estado paraguayo, que implican legislar sobre la digitalización de procesos públicos.
Sin embargo, resaltó que se están aprobando leyes sin considerar las cuestiones de fondo que son necesarias para regular de forma integral y transversal un proceso de digitalización responsable del Estado. En ese punto, hizo referencia a la Ley Integral de Protección de Datos Personales.
Acotó que estamos cerrando ya prácticamente este periodo legislativo sin que se haya tratado esta propuesta. “Alrededor de esa iniciativa más macro, hubo una serie de intentos que por sí mismo no pueden operar correctamente ni garantizar los derechos de los ciudadanos”, explicó.
En ese contexto, dio como ejemplo el rechazo de la ley de historial clínico, que habían recomendado no se apruebe. “Justamente decíamos que recolectar datos personales sensibles es una cuestión preocupante si es que no hay una ley integral de protección, de datos personales, que justamente regule la manera en la cual se recolecta, almacenan y tratan esos datos personales. También sin que haya reparación en caso de abuso “, aclaró.
Asimismo, consideró que este proyecto de ley está ante el mismo escenario.
“Vemos nuevamente un esfuerzo de digitalización, sin que haya una ley más marco que regule de manera transversal de manera en la cual, el Estado paraguayo opera y funciona con datos personales. Entonces para nosotros es riesgoso de que este tipo de iniciativas ocurran sin que haya esta ley marco”, puntualizó.
Puede habilitar a una serie de abusos
Eduardo Carrillo reflexionó respecto a que una ley como esta, puede habilitar toda una serie de abusos, que hoy ya mismo estamos viendo. Entre ellos se encuentran la cantidad de bases de datos que contienen nuestra información de carácter personal como: correo electrónico, número de teléfono y cédula de identidad.
Recordó que actualmente estos datos son vendidos de manera bastante barata para que posteriormente la ciudadanía reciba spam y publicidad no solicitada. “Ese es solamente un ejemplo que podemos dar de como ya de manera no digital ocurre en este tipo de abusos”, refirió.
En base a ese argumento, consideró que es bastante razonable argumentar que una ley de este tipo, que digitalice los documentos, puede generar nuevas maneras de vulneración de ese tipo de información de carácter personal.
El riesgo de no tener normativas para la ciberseguridad
Desde TEDIC, hicieron énfasis en que nuestro país enfrenta el desafío de carecer de un plan nacional de ciberseguridad plenamente operativo. En lugar de contar con una política marco que establezca estándares de ciberseguridad para todas las instituciones y actores, actualmente dependemos de las decisiones individuales de cada entidad, lo cual resulta precario, indicó.
Agregó que es fundamental contar con una política integral que regule y oriente a todas las partes involucradas sobre los estándares de ciberseguridad que deben seguir. Además, es importante reconocer que los documentos digitales probablemente se almacenarán en dispositivos móviles, como teléfonos celulares.
En este sentido, es crucial promover buenas prácticas que incluyan el uso de teléfonos cifrados y medidas de seguridad, como contraseñas únicas, para acceder a dichos sistemas. Estas medidas mínimas deben acompañar la implementación de la política, y es probable que se requiera una campaña de difusión por parte de las autoridades públicas para fomentar su adopción, detalló.
“Sin embargo, nuestra principal preocupación radica en la continua promoción de la digitalización de políticas públicas sin contar con una ley integral de protección de datos personales. Es necesario abordar este tema de manera prioritaria para garantizar la privacidad y seguridad de la información en el entorno digital”, resaltó.
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Tecnologías no pensadas en derechos, pueden terminar excluyendo
Carrillo señaló también que existe una enorme tendencia de los estados de digitalizar sistemas de identidad. Esto, a través de creación de bases de datos biométricas centralizadas, hasta digitalización de documentos por diversas vías, incluida la que plantea este proyecto de ley.
Al respecto dijo que existe la duda de cómo se van a poner en la práctica leyes como estas. “Pero justamente, hay toda una tendencia de defensores y defensoras de Derechos Humanos a cuestionar cómo estos sistemas de identidad, cuando se plantean desde la digitalización, pueden terminar excluyendo ciertas comunidades”, explicó.
Preguntó, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las personas que no tienen teléfonos celulares o no tienen sistemas digitales para alojar esos documentos de identidad? En ese punto, consideró que a futuro, podrían haber lugares que solamente van a requerir documentos digitales y no más los documentos físicos.
“O sea, hay una enorme realidad de brecha digital a nivel nacional que tiene que ser también pensada para que no se creen políticas que creen ciudadanos de primera y de segunda en temas de identidad con componente digital como con otros temas”, reflexionó.
