En medio de la polémica generada por la histórica falta de control en el uso de los fondos socioambientales de las binacionales, el contralor Camilo Benítez reconoció, en comunicación con Latitud 25, que ya recibió la negativa de ambas binacionales para que la institución a su cargo audite los fondos socioambientales.
Explicó que en este caso la única alternativa que tienen consiste en dejar el ámbito administrativo para acudir al jurisdiccional.
Refirió que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el artículo 20 establece, que si existe algún impedimento en los pedidos de informe que realizan, pueden pedir al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que otorgue una medida judicial para que la entidad en cuestión, facilite la información.
Agregó que ese trámite están preparando ahora para presentar la semana que viene.
La negativa de las binacionales
El contralor resaltó que la situación está compleja, porque es de ambas binacionales y comentó que la postura de Itaipú es mucho más fuerte y fundada que la de Yacyretá.
«Ellos alegan que las binacionales se rigen por los tratados internacionales y que la Contraloría, así como también el órgano de control del otro país (ya sea Brasil o Argentina), no tiene competencia para auditarle a ellos, bajo el argumento que si nosotros revisamos la contabilidad de un Estado, atentamos contra la soberanía del otro país», explicó.
No obstante, afirmó que la institución a su cargo tiene una tesis contraria a eso. Argumentó que la Contraloría es un órgano constitucional y cuando se firmó el tratado de Itaipú aun no existía esta institución. Recordó que en el año 1992 se creó este organismo extra poder que tiene competencias constitucionales y que le habilita a ejercer el control de gastos, en este caso, del lado paraguayo.
«Como la respuesta es negativa es probable que tengamos que recurrir a la justicia, ahí veremos si no dan la medida y ahí agotaremos todas las instancias para cumplir este cometido que nos dio el Senado», concluyó.
«Nadie lloraba por los fondos sociales»
El titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, habló esta mañana durante un acto del gobierno. Durante su alocución hizo pública su negativa de que la Contraloría ingrese a la entidad para realizar el control.
“Los fondos sociales operan desde el 2003. Muchos gobiernos ya pasaron en nuestro país, ya mandó un liberal, un izquierdista, un sacerdote y también un empresario. Todo tipo de personas ya mandaron y nadie lloró por los fondos sociales», dijo en un primer momento.
Agregó que cada gobierno aprovechó «como corresponde los fondos sociales. Señaló que algunos invirtieron mejor, otros peor, pero nunca ni los liberales ni los izquierdistas ni ningún sector había reclamado el fin de los fondos sociales y de pronto se han preocupado por la transparencia, aseguró.
«Hay parlamentarios que después de 30 años escuché de su boca la palabra transparencia (…) y me parece una esperanza, un gran giro ético y moral en el moralismo que yo aplaudo con sinceridad», manifestó.
Nuevos requerimientos de la ciudadanía
Respecto a las declaraciones de Duarte Frutos, la diputada liberal Celeste Amarilla, cuyo marido, Franklin Boccia, fue en vida director paraguayo de la Itaipú Binacional, afirmó que su esposo no tuvo problemas en llevar documentos a la Contraloría en su momento. Resaltó además que estamos en tiempos distintos «en los cuales nos hemos dado cuenta palpablemente del mal uso de los fondos sociales, públicos» .
Por otra parte, manifestó que no puede hacerse cargo, por más de que sean sus correligionarios, de lo que pensaban los parlamentarios de hace 10 años.
«Somos nuevos parlamentarios, hay nuevos requerimientos de la ciudadanía y hay hechos nuevos porque han tocado la plata hasta de la salud», apuntó en relación a los escándalos que se dieron en el marco de la pandemia del COVID-19.
Amarilla recordó que desde la Cámara Baja ya hicieron un pedido de informes a Itaipú, que fue remitido en la fecha. Añadió que lo mismo van a hacer para Yacyretá. «Una vez enviado, tienen días hábiles para responder», subrayó.
Antecedentes
La ley que destina los fondos socio-ambientales de las binacionales –Itaipú y Yacyretá– al Ministerio de Salud para la lucha contra la pandemia del COVID-19, fue promulgada el pasado 26 de abril y reglamentada esta semana.
Sin embargo, su reglamentación generó una nueva polémica, puesto que el gobierno, durante una conferencia de prensa afirmó que no eran USD 150 millones los que serían remitidos a la estatal, porque solo quedan unos USD 34 millones.
Desde el Ejecutivo insistieron en que el resto de los fondos fueron ya asignados y también aseguraron que gran parte de ellos fueron invertidos en salud.
En ese contexto, la Cámara de Senadores solicitó a la Contraloría General de la República que audite estos fondos.
Al respecto, la senadora Desirée Masi, refirió a Latitud 25 que desde el Senado solicitaron al contralor que por lo menos audite el último año de los gastos de los fondos socioambientales de ambas binacionales. «Porque ahí vamos a saber cómo gastaron, en qué gastaron y cuál es el saldo real», concluyó.
