Cada vez que se discute la necesidad de incrementar la inversión pública en campos como educación o salud, la reiterada excusa de las instituciones públicas en Paraguay, radica en que no alcanza el dinero previsto o que existen contratiempos en los desembolsos del presupuesto previsto.
Esto se complica cuando el destino de la inversión es algo tan sensible como el alimento que se brinda en las escuelas y colegios en varios puntos del país.
En este sentido, un complejo trabajo realizado por la Contraloría General de la República (CGR) demuestra que sí existía dinero suficiente para alimentar a los niños y adolescentes, pero nuevamente, los fondos no fueron gestionados correctamente para que alimento llegue a la boca de esos estudiantes.
Eso se debe a que este mes, la CGR ha finalizado una rigurosa auditoría de gestión al Ministerio de Educación y Ciencias, a municipalidades y gobernaciones durante los ejercicios fiscales de 2021 y 2022, relacionada con la alimentación suministrada en los centros educativos estatales, financiada a través del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).
En resumen, de los 17 departamentos, solo uno ejecutó sus fondos al 94%, que es el departamento de Ñeembucú. Seguido de Misiones, que logró una ejecución del 72% y Alto Paraná, que llegó a un 59%. La mayoría, es decir, un total de 11 departamentos ejecutaron menos del 50%. Quedan tres que se mantuvieron en un rango similar; Concepción 51%, Central 51% y Presidente Hayes con 53%.
Las irregularidades en Asunción
En Asunción se pueden describir dos escenarios: un exceso de porciones para la cantidad de estudiantes en algunas zonas y exclusión de alumnos y alumnas de zonas vulnerables.
La Contraloría señala que en el control realizado en los centros educativos de la zona Asunción, Capital, donde el MEC proveyó la alimentación escolar, se observó la existencia de diferencia de raciones.
Uno de los casos puntuales se dio en el Colegio Nacional Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, donde del 21 de febrero al 31 de mayo de 2022 se recibieron 3.648 raciones para los alumnos.
Sin embargo, se demostró con documentos, la asistencia presencial en aulas de un total de 787 estudiantes, resultando una diferencia de 2.861 raciones, y el costo total abonado por dicha diferencia fue de G. 42.763.367. El órgano contralor refiere esta misma situación se replicó en otras instituciones.
La auditoría realizada reveló un hecho preocupante: un total de 33 instituciones educativas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, y que debían recibir prioridad en los servicios de alimentación escolar, han sido excluidas del Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP) durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
Esto ha dejado a numerosos estudiantes de escuelas oficiales desfavorecidas sin acceso a comidas nutritivas y plantea serias interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos.
Más plata, menos estudiantes beneficiados
El minucioso trabajo de los auditores permitió detectar una disparidad preocupante en la asignación de recursos para el servicio de alimentación escolar.
La Contraloría observó que un total de ₲1.654.119.797.093 se destinó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a la Municipalidad de Asunción para la alimentación escolar. En esta zona, ese monto solo benefició a 852.270 estudiantes.
Por otro lado, en el departamento de Alto Paraná, con un monto total adjudicado menor al de Asunción, en este caso consistió en ₲384.904.726.495, se benefició a 2.236.764 estudiantes. Esta diferencia en la cobertura entre el MEC y la Municipalidad de Asunción se evidencia aún más al compararla con los departamentos de Central, Itapúa y Caaguazú, los cuales lograron beneficiar a más estudiantes con menos recursos económicos.
En otras palabras, resulta sorprendente que a pesar de que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Municipalidad de Asunción recibieron una mayor cantidad de recursos para el servicio de alimentación escolar, beneficiaron a un número menor de niños en comparación con los departamentos mencionados.
Estos últimos, a pesar de contar con un presupuesto menor, lograron atender a una mayor cantidad de niños durante un período de diez años, resalta la Contraloría.
Hay municipalidades que cuentan con ejecución 0
También se destaca la poca ejecución presupuestaria de varios de los municipios, situación que repercute directamente en la provisión de los alimentos.
En el departamento de Caaguazú, se han identificado distritos con un preocupante bajo nivel de ejecución de los fondos asignados. Entre ellos se encuentran Repatriación, con apenas un 17,8% de ejecución, seguido por Dr. Cecilio Báez con un 24,9% y San Joaquín con un 41,5%.
Además, se destaca la alarmante falta de ejecución en el programa de almuerzo escolar en Santa Rosa del Mbutuy, donde se registra un preocupante 0%. Lamentablemente, esta problemática se repite a nivel nacional, generando serias dudas sobre la eficacia en la gestión de los recursos destinados a la alimentación escolar.
Se ha descubierto, además, que un sorprendente total de 56 municipalidades han ignorado su obligación de comunicar los llamados para la contratación de servicios de Alimentación Escolar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
A pesar de los plazos legales establecidos, estas municipalidades han eludido su responsabilidad, lo que ha resultado en adjudicaciones por una suma exorbitante de ₲19.250.119.778. Esto evidencia, no solo falta de transparencia, sino la falta de cumplimiento de los procesos de contratación pública.
Alumnos del distrito de Fram pasaron hambre
La auditoría de cumplimiento realizada por la CGR a la Municipalidad de Fram revela lo que pasaron los niños y niñas de esta ciudad. Según la cantidad de escuelas y días, en promedio los estudiantes almorzaron solamente dos veces por semana, en 2022.
En Fram, los niños y niñas no pudieron almorzar durante 104 días. Esto se debió a que no recibieron los kits escolares a tiempo.
Entre los descubrimientos más destacados se encuentra el alarmante retraso en los procesos de licitación para la provisión de alimentos no perecederos destinados a las escuelas. Según revela el informe, estas licitaciones fueron realizadas en etapas cercanas al inicio del año lectivo. En algunos casos, incluso, se realizaron una vez que las clases ya habían comenzado.
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Este hecho generó importantes demoras en la entrega de alimentos a las instituciones educativas, poniendo en riesgo la alimentación de los estudiantes.
