Los candidatos a presidencia lanzan sin tregua, sus propuestas de gobierno, a 48 días de las elecciones generales, de abril próximo. En ese contexto, el colorado Santiago Peña, con miras a la presidencia, apuntó a que de convertirse en el futuro presidente del Paraguay, su gobierno va a decir “chau chespis”, para devolver la seguridad a las calles y plazas del país.
Peña, a través de un video publicado en redes, agrega que abordará el problema de forma integral con prevención, rehabilitación y combate a los puntos de venta.
Basta con escuchar detenidamente el video de casi 50 segundos en el que detalla la implementación de su plan en tres ejes, presentado como una de sus futuras políticas de seguridad. Peña habla de inseguridad, pero no de pobreza, un factor multidimensional que genera el gran drama social de la drogadicción de niños, niñas y adolescentes y la eventual comisión de hechos punibles como una consecuencia de este flagelo.
Habla de rehabilitar a los adictos al chespi o crack, una de las drogas más baratas, por ser el resultado más residual de la cocaína, pero no menciona a la salud pública. Al quedarse en el aspecto punitivo del problema y eludir el sanitario, uno puede notar el enfoque con el que se implementará el combate a la drogadicción.
¿En qué se basan los cuestionamientos hacia el candidato de HC? Tanto Yanin Barreto, coordinadora general del Colectivo de Estudiantes de Psicología UNA y el ex titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, hablaron en RadioCast25 al respecto.
Ambos, señalan que el consumo de drogas, más que un problema de seguridad, es un problema de salud pública y que no aborda el problema de raíz. Además rechazan la estigmatización de las personas en esa situación, en el marco de una propuesta electoral, al calificarlas como “chespis”.
Estigmatizan a pobres pero narcos siguen libres
Yanin Barreto, dice que como estudiantes de psicología, repudian el abordaje del problema, como lo planteó Santiago Peña.
“Nos parece muy grave que un candidato esté difundiendo un mensaje que estigmatice y eleve el prejuicio a las personas en situación de consumo. Lo que dice es que hay personas a quienes se les considera chespis, que no nos dejan disfrutar de plazas y veredas (…) No sé si él no está enterado de la problemática en Paraguay y que esas personas que duermen en las plazas, son niños, jóvenes y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad por el consumo de sustancias”, refiere.
Agrega que el mensaje de esta propuesta revictimiza a las personas que pasan por un periodo de consumo. Continúa diciendo que, como estudiantes de psicología, recuerdan que esta problemática es un asunto de salud pública y debe ser tratado como tal.
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“Él habla de caerle con el peso de la ley a las personas que consuman, a los que venden, genial está bien. Pero los grandes capos de la mafia siguen libres. ¿Entonces el plan es perseguir al último eslabón de la cadena de narcotráfico?”, cuestiona.
Un parche y no una solución
Barreto señala que los estudiantes no consideran esta propuesta como algo inocente, ya que este tipo de propuestas no buscan solucionar la problemática de raíz. Menos aún, de una persona que tiene estrecha relación “con un político que construyó su patrimonio en base al narcotráfico y al crimen organizado”.
Subraya, que el objetivo de los estudiantes es dejar en claro que los niños, jóvenes y adolescentes con problemas de consumo, no son los criminales, “que no nos dejan pasear o disfrutar de nuestras veredas”.
“Son compatriotas en situación de vulnerabilidad por salud mental y pobreza, a quienes el Estado les negó una vida digna y también un derecho tan básico como el derecho a la salud, educación y a la vivienda. “, agrega.
Recuerda que hay datos que demuestran que el consumo de drogas se agravó por la pobreza y la falta de empleo. Asimismo, resalta que el consumo de sustancia es cinco veces más alto en jóvenes que no tienen expectativa de terminar sus estudios.
“Es muy fácil para Peña tratar de criminales a estas personas, que tienen aristas y tiene un trasfondo más profundo. Nos preocupa, porque lo único que hace, es que la poca información basada en evidencia que hay, haga que no se presenten políticas públicas en esta materia ¿Para qué, según él, vamos a presentar políticas públicas si son criminales?”, pregunta.
Adictos no tienen a donde acudir
El ex ministro del Interior y titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, remarca que el consumo de drogas va más allá del problema de seguridad. Lamenta que la prevención o tratamiento de las adicciones no sean una prioridad del gobierno y su resultado tiene consecuencias en la inseguridad ciudadana, que se busca subsanar con prisión.
“Los diferentes centros de reclusión, entiéndase penitenciarías, están abarrotados de personas jóvenes y adultas que son adictas. La forma más fácil de sacarlos de la calle es metiéndolos a la cárcel. Esa es la solución como sociedad (…) El problema de la adicción no es un problema que se debe atacar con la cárcel o desde el punto de vista penal o punitivo, es un problema de salud pública, es una enfermedad”, enfatiza.
En ese punto, señala que el Gobierno debe invertir más en ampliar la capacidad del único Centro de Adicciones que existe en el país.
¿Por qué cuesta tanto la reinserción de las personas?
Yanin Barreto recuerda que los problemas de consumo no pasan por una decisión propia de la persona. Explica que se trata de una necesidad fisiológica de consumir una determinada sustancia para reducir una ansiedad que se presenta.
“Ese tipo de conducta se conoce como síndrome de abstinencia. En esos casos, es fundamental el tratamiento clínico con un psicólogo o un psiquiatra, y también es clave para que la persona se pueda recuperar el acompañamiento de la familia”, cuenta.
Dice además, que en medio del tratamiento una de las cosas principales a hacer es reemplazar la conducta de consumo con otra que genere también bienestar, como realizar actividades físicas.
“Por eso cuesta tanto la reinserción de esas personas, primero porque el tratamiento es muy caro y no hay suficiente inversión en el ámbito público. Segundo porque no hay esos espacios a los que pueden acceder las personas en situación de pobreza para complementar el tratamiento. Lo otro es que evidentemente por el prejuicio –según especialistas del centro de adicciones–, la mayoría de los jóvenes y niños están siendo echados de sus casas, por la adicción”, detalla.
En ese marco, refiere que si no hay acompañamiento de los seres queridos y los demás aspectos antes señalados, esto incide en que una persona no se pueda recuperar.
“Esto no se soluciona solamente desde el área de salud mental, debe ser integral. ¿Cómo vas a tratar a una persona que consume por hambre? ¿O que consume por preocupación de no llegar a fin de mes? ¿O que consume porque no tiene una casa? Necesitás oportunidades de empleo, acceso a la primera vivienda, educación (…) Entonces si realmente queremos solucionar esto, hay que garantizar derechos básicos y brindar políticas públicas que los niños y adolescentes están necesitando ahora”, concluye.
