El caso de la deuda de la Itaipú Binacional, que es investigada por el Ministerio Público, sigue sin avances considerables, tras el lapidario informe de Contraloría que señala, entre otras cosas, que la deuda es ilegal, que lo adeudado ya fue saldado por Paraguay en el año 2016 y que se tomaron decisiones en favor de la empresa brasileña Eletrobras, con anuencia de los representantes paraguayos, en detrimento de los intereses nacionales.
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Al respecto, la diputada liberal Celeste Amarilla en estudios de RadioCast25, confirmó que hasta la fecha realmente no hay ni un solo avance de la investigación dispuesta por la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, semanas atrás.
Agregó que el jueves pasado habló con el titular de la binacional, Manuel María Cáceres, para señalarle que las negociaciones se tienen que hacer teniendo en consideración a la oposición dentro del proceso. «Incluyan a la oposición y compartan la responsabilidad», aseveró en relación a la renegociación del Anexo C de Itaipú.
De lo contrario, la responsabilidad de un eventual nuevo fracaso en las negociaciones con Brasil seguirá siendo exclusiva de la ANR.
En relación al equipo negociador que conformó el Ejecutivo, la legisladora consideró que no están los y las mejores profesionales en ese equipo y que este no está a la altura de las necesidades.
Amarilla resaltó que Cáceres entró recién a la institución y que claramente está escondiendo aspectos importantes del manejo de la institución.
«Él no está escondiendo su gestión, él está escondiendo las anteriores, yo quiero que se auditen esos 13 meses en que estuvo mi esposo porque yo estoy segura de que él no hizo nada», aseveró.
¿De quién es la responsabilidad finalmente?
La diputada Celeste Amarilla respondió sin dudar que «la responsabilidad es de los colorados» y realizó una breve reseña histórica de cómo se dieron los hechos.
Aseguró que la primera auditoría la hace el contralor Daniel Fretes Ventre (1995-2000) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Indicó seguidamente que Juan Antonio Cristaldo, conocido como “Toño” Cristaldo, fue el jefe de los auditores en esa oportunidad.
No obstante, afirmó que el entonces presidente colorado Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) había ordenado que le entreguen los resultados de la auditoría, pero como el documento, ya se envió también a la ANDE, se procedió a realizar una intervención para recuperar esos documentos y requisarlos, «pero Toño Cristaldo guarda una copia y esa copia es la que se tiene hoy», enfatizó.
Acotó que años después, en 2008, otro contralor liberal, Octavio Airaldi (2005-2010), pidió esos documentos, y el entonces presidente Fernando Lugo (agosto 2008- junio de 2012) había ordenado al director de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli (2008-2010), que entreguen esos folios a Contraloría.
«Yo recuerdo haber visto en el noticiero unos camioncitos llenos de biblioratos al tope, yo decía nunca iban a revisar todo, pero revisaron, y sacaron un segundo informe. Ya había salido Octavio Airaldi, entró un oviedista, Óscar Rubén Velázquez (2010-2015), que medio no entendía nada, presentó el informe, e inmediatamente los colorados ordenaron el cajoneo», remarcó.
La parlamentaria alegó que su marido no tuvo incidencia en el tema, mientras que estuvo al frente de la binacional en el año 2012, porque estaba aguardando el informe de la Contraloría General de la República, con las informaciones que había proporcionado ya antes Balmelli.
«Como Contraloría no terminaba, se contrató al economista, Jeffrey Sachs. «Anki» (junio de 2012-agosto de 2013) le contrató a él y Sachs tomó los papeles, fue más inteligente y pidió algunos documentos puntuales. Querían esperar al informe de la Contraloría, pero la gente empezó a decir que él era pagado y que como el presidente de la República, Federico Franco (junio de 2012-agosto de 2013) le contrató, podía decir lo que quería, no se pudo publicar en el gobierno de Federico porque se desestimó a Jeffrey Sachs», concluyó.
Incertidumbre
Hasta el momento no se sabe con certeza qué va a investigar la Fiscalía, quiénes serán las personas procesadas y por qué hechos punibles. La diputada Rocío Vallejo (PPQ) apuntó a que la investigación del Ministerio Público era para generar falsas expectativas, porque el hecho punible ya prescribió, a los cinco años posteriores de la comisión de la irregularidad.
Sin embargo, la legisladora Kattya González (PEN), echó por tierra esta versión y aseguró que delitos de este tipo no fenecen por persistir el daño cometido hasta el día de hoy, por lo que sí se pueden investigar estos hechos en la administración de Itaipú, independientemente al paso de los años y de las personas, al considerar que los paraguayos continúan pagando esa deuda.
