El crimen organizado transnacional se fortaleció en las últimas décadas en Paraguay, pero hubo un episodio que significó la consolidación de un grupo en particular que opera con fuerza en nuestro país, el Primer Comando da Capital. Esta facción criminal mueve millones de dólares todos los años entre Paraguay y Brasil, mediante narcotráfico y armatráfico, principalmente.
De esta manera, la vulnerabilidad institucional del combate al crimen organizado, en la que estuvo sumida el Paraguay durante varias décadas, se acentuó con el paso de los años. Aunque en 2019, se han concretado esfuerzos para establecer un marco normativo de diez leyes para combatir al crimen organizado, persisten las preocupaciones sobre éste flagelo.
Una de esas preocupaciones gira en torno a que Paraguay sigue siendo evaluado por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que analiza cómo se ha encarado la lucha del país contra el crimen organizado y el lavado de dinero y si consecuentemente, Paraguay es un destino seguro y previsible para radicar inversiones.
En ese contexto, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez habló en RadioCast25, acerca de cuáles son las dificultades que enfrenta nuestro país en la lucha contra estas organizaciones del crimen. Entre lo más destacado, señaló el complejo trabajo de la Fiscalía en el combate a estos grupos.
“Si bien el Ministerio Público tiene una función reactiva, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. La Fiscalía tiene que actuar con elementos que nosotros después decimos que se convierten en pruebas, pero algunas leyes no ayudan”, reconoció.
Pérez dijo que estuvo conversando con algunos fiscales y que estos le comentaron que existen algunos casos graves donde hay procesamientos dentro del sistema de grupos organizados, en los cuales se decreta la prisión y antes de que termine la investigación se libera a las personas que estaban privadas de su libertad.
“Ahí debería poder garantizarle a la Fiscalía que pueda trabajar de una manera que no tenga un riesgo de obstrucción de la investigación, eso nos pasa en todos los casos de liberación de presos”, subrayó.
“A veces hay que aguantar un poco”
La ministra de Justicia explicó que las acciones del crimen organizado son bastantes complejas, entonces la Fiscalía tiene que, en primer lugar, dilucidar los elementos que tengan para procesar a los integrantes y, después de eso, tener que discriminar qué función tiene cada uno, para tener mayores elementos al momento de acusar.
“Hay fiscales que dicen: ‘prefiero tener casi todo antes de imputar, porque desde el momento en que yo imputo, la defensa va a empezar a poner trabas’, entonces investigan con mayor libertad antes de procesarle a alguien por decirlo de alguna manera. Esas son algunas de las estrategias que son válidas, a veces hay que aguantar un poco, pero siempre hay mucha presión de imputar con los pocos elementos que se tiene”, enfatizó.
¿Sería fiscala general del Estado?
Ante la consulta de si aceptaría ser Fiscala General del Estado, respondió en primer momento que es decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y del Congreso Nacional.
Posteriormente, afirmó que es un cargo bastante difícil. “Hay mucha presión sobre una sola persona. Este cargo en el que estoy ya es bastante agotador, esa es una decisión del Presidente y del Senado, pero esa es una decisión que también se tiene que tomar en familia”, aseveró.
Al respecto, reconoció que el cargo en el que se encuentra hoy, ya le expone a su familia. Contó que se registraron algunos hechos llamativos en torno a su núcleo familiar, como un intento de hackeo de la cuenta de su esposo y algunas publicaciones llamativas en las redes sociales pidiendo datos sobre ellos.
Evaluación GAFI termina en setiembre, pero resultados todavía no se sabrán este año
El país se viene preparando desde hace tiempo para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese marco, se aprobó un paquete de 10 leyes en el 2019, con el objetivo de luchar contra el lavado de dinero y las organizaciones criminales. Además de otros esfuerzos realizados por las instituciones estatales.
No obstante, uno de los principales cuestionamientos, que hacen los propios legisladores, se basa en la escasa cantidad de personas imputadas o condenadas por estos hechos punibles y crímenes.
Los evaluadores llegaron al país el 23 de agosto último y se quedan hasta el 3 de setiembre. Sin embargo, el resultado de estas evaluaciones podrían saberse entre junio del año que viene o incluso en el 2023.
Leé la nota completa: Una guía para saber qué es el informe GAFI y cómo afecta el lavado de dinero
