fbpx

Analizamos la violencia de miembros de las barra bravas desde una óptica social

Las imágenes de extrema violencia que recorrieron el mundo en la mañana del domingo, tras los hechos ocurridos en Querétaro México, abrieron el debate sobre la violencia en el fútbol, la conformación de las barras bravas y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Al trasladar esa pregunta a lo que ocurre en Paraguay, encontramos distintas respuestas y análisis de una realidad mucho más compleja de la que se comunica.

Los episodios protagonizados por hinchas del Querétaro y del Atlas, levantaron las alertas en el mundo sobre la violencia en torno al fútbol.

“El fútbol está de luto”, “la pelota está manchada de sangre” son algunos de los comentarios que circularon tras estos sangrientos incidentes, que –según los datos oficiales– dejó 26 heridos, mientras que muchas personas en redes sociales afirman, hasta la fecha, que sí hubo fallecidos en el estadio Corregidora y ponen en duda las afirmaciones de las autoridades.

Esta situación llevó además a que analistas de distintos países hablen las conexiones de las barras bravas con el narcotráfico, la financiación por parte de los clubes y que en algunos medios hasta se plantee cuál es el aporte de las barras bravas al fútbol.

Localmente, también se dio un incidente entre la hinchada de Cerro, durante el mismo fin de semana, en el que resultaron heridas tres personas con arma blanca. El club se puso a disposición de la Fiscalía, identificaron a los responsables y el Tribunal de Conducta de la APF decidió sancionar a toda la hinchada organizada del equipo por los hechos vandálicos.

Hinchas del club azulgrana expresaron su molestia porque el castigo alcanzó a todos –incluso a los que no participaron en el incidente– de no poder asistir a dos partidos, incluyendo el superclásico.

Un análisis menos ocasional y más estructural

En Paraguay, no hay mucho material bibliográfico con análisis rigurosos al respecto, más que opiniones de comunicadores. En busca de más análisis social del fenómeno de las barrabravas paraguayas, llegamos hasta la tesis en Sociología, denominada “Identidad y organización de las barras bravas de Cerro Porteño y Olimpia”, defendida por Andrés Nicolás Bartrina y Paulo González, egresados de la Universidad Católica de Asunción, a fines del 2019.

La investigación describe la forma en que se organizan las barras de los clubes Cerro Porteño y Olimpia, indaga acerca del proceso de construcción de sus identidades y explora el papel que cumple la violencia y los diversos significados que los miembros de las hinchadas organizadas le atribuyen.

Aunque en las barras existe una tendencia a aceptar más fácilmente ciertos hechos violentos, estos se enmarcan dentro de códigos, no todas las violencias son iguales y no todas están justificadas: generalmente están legitimadas aquellas que demuestran la hombría de quienes las realizan (desafiarse a un mano a mano, no correr ante el desafío), no aquellas que terminan en muertes o situaciones irreversibles.

El trabajo además resalta una preocupación por las respuestas que se dan por parte de los organismos de seguridad a las situaciones en las que se ven envueltos estos hinchas cada cierto tiempo, sin dejar de mencionar la estigmatización que reciben quienes forman parte de estas organizaciones y, por ende, la criminalización del conjunto.

Consultamos con los realizadores de este trabajo para evaluar, si este tipo de actos de violencia, como los ocurridos en Querétaro, se podrían registrar en nuestro país. Al hacer una comparación, el sociólogo Andrés Bartrina afirmó que difícilmente, en la actualidad, tendríamos ese tipo de violencia en Paraguay.

“México es mucho más violento, pensar que acá una barra pueda dañar a tantas personas de otro club por simple amor a la violencia es lejano todavía. Lo preocupante acá está más relacionado al sistema de seguridad del país; de seguir profundizándose el dominio del narcotráfico en Paraguay, habría que considerar la emergencia de ese tipo de hechos como una posibilidad, pero aún bastante remota el día de hoy”, consideró.

¿Las barras bravas justifican la violencia?

Bartrina resaltó que las violencias que se registran en las hinchadas organizadas están más asociadas a las condiciones precarias en las que una parte importante de sus miembros vive en sus comunidades.

También está relacionada a la puesta en práctica de una masculinidad más tradicional, del mandato de demostrar que se es “macho” y se tienen condiciones para ser considerado parte de un grupo con sus propias reglas de pertenencia.

El sociólogo reconoció que existe violencia simbólica en las barras: cánticos, gestos, banderas, cuestiones alusivas a una masculinidad exacerbada que aguanta golpes e incluso abuso de drogas, etc. También supuso que seguirá existiendo, la que está relacionada a problemas que podemos considerar menores; trifulcas personales entre miembros de barras de un mismo club, cosas que se traen de otros ámbitos que no están relacionados al fútbol.

“Sobre la violencia al interior de las barras, sus miembros no las niegan, pero no todas les son justificables, hay códigos que indican cuándo es necesaria una dosis de violencia y de qué tipo, sobre todo, para mantener el orden interno”, indicó.

Además, añadió que, “por ejemplo, cuando un grupo está comportándose de una manera en que desestabiliza la armonía que hay en las gradas, los líderes pueden recurrir a la fuerza física para cortar la situación de raíz. Esta es una forma legítima de usar la violencia en las barras”, analiza el sociólogo.

Paulo González, otro de los investigadores de este estudio, comenta en relación a la barra de Cerro Porteño, suspendida por los hechos registrados, el sábado 5 de marzo, que “hay todo un trabajo por parte de un grupo que conforma la barra en intentar mantener un orden dentro de gradería Norte sin robos, sin peleas que vienen de los barrios y sin abusos –en general– al resto de los hinchas. Esto es algo que la prensa no muestra y poca gente se entera”, puntualizó.

Por otra parte, en relación a las conexiones con el narcotráfico, no consideran que las barras puedan estar directamente involucrada en estos tipos de esquemas.

“Adentro de ellas puede haber individuos vinculados a organizaciones criminales, pero la barra no es una organización criminal, su finalidad es otra y está relacionada a seguir al equipo a donde juegue, su logística está enfocada principalmente en conseguir una manera de que la mayor cantidad de hinchas estén alentando al equipo en cada partido”, opinó Bartrina.

“Aunque en la barra se encuentre un individuo que pertenece a la criminalidad, no la define. Además el crimen está muy permeado en toda la sociedad, ni que decir en los partidos políticos y empresarios” acotó González.

El hincha en las cárceles

Andrés Bartrina afirma que lo preocupante es que muchos jóvenes van a prisión por delitos menores y terminan formando parte de clanes del crimen organizado.

“Un pibe de algún bañado va a Tacumbú por robar una gallina a su vecino para comer y ahí adentro pasa a ser miembro del PCC, del clan Rotela u otros”, ejemplificó.

Tanto González como Bartrina insistieron en que las penitenciarías son más bien lugares de especialización en delitos para quienes ingresan, además es a la gente encerrada a la que el sistema deja a la deriva, con la que poco y nada se trabaja en una rehabilitación para una posterior reinserción social, una vez que salen en libertad.

En ese punto, es importante resaltar, que al no existir la mencionada reinserción, muchos de ellos no encuentran modo de conseguir un trabajo decente para subsistir, y consecuentemente siguen delinquiendo.

Penitenciaría de Tacumbú. Foto de Ilustración. Fuente: IP.

A su vez, José Antonio Galeano Monti, sociólogo investigador, quien formó parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, coincidió con Bartrina y González respecto a que la mayoría de los integrantes de las barras que están en penitenciarías, se encuentran ahí por la situación de vulnerabilidad y no necesariamente por la gravedad de sus delitos.

“El fenómeno de los integrantes de barras en cárceles yo me atrevería a decir que la mayoría ingresa ahí no por ser barra, sino por pertenecer a un sector de la sociedad generalmente más excluido, más empobrecido y por sus condiciones sociales, económicas, políticas, con empleos informales, desempleados, con problemas de distintas índoles, sociales, personales o territoriales… Toda esa suma de cosas, que inciden en que las personas –no solamente los barras– cometan delitos”, declaró.

Remarcó que si uno analiza el perfil de las personas privadas de libertad, la mayoría se encuentra encerrada por delitos que son considerados menos dañinos, los que menos impacto social tienen.

En ese contexto, puso el ejemplo de que cuando una persona que comete un hurto, se apropió de manera ilegal de una pertenencia ajena, que es mejor a un robo, porque no hubo contacto directo con la víctima, es mucho menor a un delito que tiene mucho impacto en toda la sociedad, como los delitos conocidos como de “cuello blanco”.

Esto serían delitos contra el medio ambiente como la tala ilegal de árboles, contra los pueblos indígenas o el lavado de dinero, detrás de los cuales están personas con mayor poder político o económico.

Dijo que estos últimos mencionados tienen impactos más severos en una mayor cantidad de personas, sin embargo, los sistema de controles están a cargo o dominados por grupos de poder. “Por supuesto que el grupo de poderosos no se van a encarcelar a los poderosos”, apuntó.

Finalmente, lamentó que en Paraguay no tengamos estadísticas de cuántas de las personas que están en prisión eran barras bravas antes de estar privadas de libertad, pero sugirió que generalmente el motivo por de los procesos no pasaba por una identidad de que alienten a un club.

“Son personas que no casualmente provienen de un mismo sector, de los estratos más inferiores, una persona muy débil en general en términos de la estructura social es la que va a la cárcel, pero una persona fuerte económica, política y socialmente es muy probable que no vaya presa”, concluyó.

Un sistema reactivo, no preventivo y poco justo

En Paraguay fue promulgada la ley Nº 1866 Por la no Violencia en los Estadios Deportivos, en la cual se establecen las condiciones en que las personas deben ingresar a la zona de las canchas y estadios y qué pueden portar. También enumera una serie de sanciones y castigos para los distintos casos.

En ese contexto, el juez Blas Imas, ex fiscal de Eventos Deportivos, aseguró que de igual manera en la actualidad los mecanismos de prevención no son eficaces y que más bien, hay una tendencia reactiva solo cuando ocurren casos de violencia extrema.

Agregó que faltan herramientas técnicas, que pueden ser proporcionadas por leyes y normativas, que respondan de forma más efectiva.

Dijo que, en ese afán preventivo de evitar que las situaciones se descontrolen, tiene que existir un mecanismo de responder a hechos de violencia, que en primer lugar debe comprender la realidad social y aplicar una respuesta punitiva rápida, que se ajuste a la gravedad de cada acción.

Por ejemplo, si hay un altercado entre dos personas, que se prohíba a ambas el ingreso a las canchas. En ocasiones, los procesos que se inician no se ajustan a los hechos y “a veces en nombre de la justicia cometemos injusticias”, afirmó.

“Falta esa herramienta no tan drástica en proporción a las necesidades. Si un hincha le escupió a otro y no hacemos nada está mal, pero si le enviamos a la cárcel no respondemos en la justa proporción”, ejemplificó.

Hizo énfasis en que las respuestas punitivas no son las adecuadas y que no existe una labor efectiva por parte de los mecanismos de control y prevención.

Reconoció además que hay delincuentes que se mimetizan con la hinchada organizada de un club y se hacen pasar de barras bravas para cometer hechos ilícitos, aprovechando la multitud.

Imas destacó la estigmatización de ser parte de una hinchada organizada.

“Con conocerle a los integrantes, al 90% ya puede disminuir los posibles hechos de violencia. Son parte de la comunidad, los integrantes de las barras son nuestros parientes, son nuestros primos, tíos y hermanos, por eso se deben aplicar sanciones justas para que no se lleguen a los extremos”, finalizó.

Artículos Relacionados
Leer Más

A 35 años del golpe: Santiago Peña no se atreve a hablar de la dictadura stronista

Febrero no es un mes cualquiera para el Paraguay cuando hablamos de democracia, en tiempos en los que el autoritarismo se va instalando sin disimulos. Casi como un hecho simbólico, en febrero se dio una de las pocas condenas a un ex torturador stronista. Sin embargo, Santiago Peña se muestra cauto al no hablar de ´dictadura´ en actos de gobierno. Debemos recordar que la negación del régimen, representa un riesgo para nuestro futuro democrático.
Leer Más

Rápida guía para entender los efectos de las redadas masivas de la policía de Riera

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional se jactaron días atrás, de un operativo en el que detuvieron a varias personas en controles aleatorios. La gran mayoría por no portar cédula de identidad, una práctica ilegal arraigada en la policía. La arbitrariedad de estos procedimientos, denota que la presunción de inocencia es letra muerta para los organismos de seguridad y evidencia que la línea es reprimir a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas.
Leer Más

Alertan que jueces mal utilizan ley contra violencia hacia la mujer, para censurar

El empresario Christian Chena, hizo pública una notificación judicial en donde se le prohíbe mencionar a la esposa de un asesor del ex presidente Horacio Cartes, en redes u otro medio. El caso llama la atención por tratarse de un hecho de censura, cuando la Constitución la prohíbe en cualquiera de sus formas. Especialistas advierten que es una distorsión adrede de la ley contra la violencia hacia la mujer y que se podría volver frecuente entre jueces afines al poder.
Leer Más

Activó el protocolo de acoso escolar y logró la detención de un padre abusador

Un hombre de 54 años hoy está preso luego de ser hallado culpable de abuso sexual en niños y no saldrá de ahí hasta cumplir 25 años de prisión. La fiscalía pudo intervenir gracias a una docente que activó el protocolo de acoso escolar. En el juicio se comprobó que el mismo, abusó sistemáticamente de dos de sus tres hijas. Autoridades afirman que la prevención es el único camino para que el Estado pueda llegar antes de que ocurran los abusos sexuales en niños y niñas.