fbpx

Amenazas de tiroteo y armas en escuelas: ¿Qué se puede hacer ante estos casos?

Dos colegios privados registraron amenazas de tiroteos dentro de la institución en menos de una semana. También se registraron casos de disparos al aire y de alumnos en aula con arma blanca en sus mochilas. Casos así, que anteriormente no eran tan frecuentes, obligan a preguntarnos si aumentó el nivel de violencia en las aulas o es que ahora existe más conciencia para denunciar estos hechos. ¿Serán las escuelas un lugar seguro para los niños, niñas y adolescentes?

La reiteración de hechos en los que están involucradas armas blancas y amenazas de tiroteo en escuelas y colegios, levantaron las alarmas de las autoridades en las últimas semanas. Esto se dio luego de que se conocieran casos de niños y adolescentes que ingresaron armas blancas y de fuego a sus escuelas.

Estos hechos apeligran no solo la vida de la persona que porta el arma, sino también de los integrantes de la comunidad educativa. Lamentablemente, no fueron aislados, ya que se dieron tanto en instituciones del interior como de la capital del país, incluyendo a instituciones públicas y privadas.

Ante la seguidilla de hechos similares, es más que necesario poner el foco sobre lo que está sucediendo. Latitud25 analizó estudios que ya se hicieron hace un par de años, que hablan de un aumento progresivo de estos escenarios en América Latina.

Antecedentes de la serie de casos registrados en mayo

El viernes 6 de mayo, uno de los alumnos de 15 años, con arma de fuego en mano, realizó disparos al aire, según denunció la directora de un colegio en Hernandarias ante la Policía. El adolescente alegó que supuestamente buscaba ahuyentar a un grupo de drogadictos que lo asechaban.

El lunes 16 de mayo, la Fiscalía intervino el Colegio Cristo Rey luego de que encontraran una nota que amenazaba con un tiroteo en la institución. Las clases presenciales fueron suspendidas por tres días y luego se reanudaron. El temor se instaló y la comunidad de padres pidió un castigo ejemplar para los alumnos responsables, castigo que no podría pasar a instancias penales por tratarse de niños de 12 años.

Ese mismo día, un adolescente de 14 años habría ingresado a su colegio en la localidad de Presidente Franco, un machetillo en su mochila. Sin embargo, no dio explicaciones de lo que le llevó a portar el arma. En este caso, la directora también dio aviso a la Policía y activó un protocolo de seguridad.

Dos días después, el 18 de mayo, otro caso de similares características se dio en el Colegio Lumen, de Asunción. Las autoridades también se hallaron un panfleto con amenazas de hechos violentos. La policía especializada intervino en el lugar y dio lugar al protocolo preventivo.

El aumento de hechos similares en la región

El problema de las armas de fuego en las instituciones educativas es un drama común de los países de la región en las últimas dos décadas. Esto según el informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unrilec), de 2019.

El documento hace un análisis comparativo de las últimas décadas. En ese contexto, los indicadores estudiados evidencian cómo fue avanzando esta situación en la región. Además plantea varias observaciones que siguen vigentes y que valen la pena explicar.

Los hallazgos del material denominado “Armas de fuego en Escuelas de américa Latina y el caribe: Aproximaciones, desafíos y respuestas” aborda este aspecto. Sugiere que la presencia no declarada de armas de fuego en las escuelas puede ser mayor a los casos conocidos.

De hecho, el monitoreo realizado por UNLIREC en la primera década de 2000, muestra que las de noticias sobre este tipo de incidentes se duplicaron en menos de una década. Sin embargo, hay que tener en cuenta las restricciones que este tipo de análisis supone.

Poner más atención en estos casos, antes de que sea tarde

El estudio advierte que los actos de violencia se deben condenan como corresponde, para desalentarlos. De lo contrario, esto daría la falsa impresión de que son medios legítimos para la resolución de conflictos.

“La presencia de armas de fuego en las escuelas aún no recibe la atención que merece como componente clave en las políticas públicas de control de armas y en los esfuerzos que se realizan en materia de prevención y reducción de la violencia armada en la región. Concientizar sobre este problema y sus impactos reales y potenciales, es una tarea clave para las autoridades nacionales y locales de los países de la región”, destaca.

Los incidentes monitoreados describen los hechos en tres calificaciones como, el hallazgo de armas de fuego o municiones, además de la portación de armas de fuego o municiones y por último, el uso de armas de fuego. En ese punto, la UNLIREC explica que no solo se trata de armas de fuego sino que también, en algunos casos, se encontraron armas blancas, como cuchillos o machetillos y explosivos caseros.

Un drama que EE.UU. no puede revertir

La irrupción de armas en colegios y las posteriores tragedias que éstas pueden generar, son un fenómeno preocupante que países como Estados Unidos debe enfrentar frecuentemente, y que hace décadas genera debates profundos sobre la colisión de libertades, como la de portar armas y la de sentirse protegido en lugares que deberían ser seguros, como las escuelas.

Los cómputos de este flagelo en países como Estados Unidos donde las legislaciones de tenencia de armas son laxas y de fácil acceso, indican que entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del 2021, se produjeron 136 hechos con armas de fuego en instalaciones escolares de Estados Unidos, una cifra que es casi cuatro veces la media para ese periodo desde 2013, según Everytown for Gun Safety (EGS), organización que hace el monitoreo de estos casos.

26 muertos y 96 heridos, fue el saldo de estos 136 tiroteos del año pasado, según el informe de la EGS, que agrega que tres de cada cuatro de los que desataron los disparos obtuvieron el arma en sus casas. El episodio más fatídico en los registros de este país fue el de la fecha, 24 de mayo, en la ciudad de Uvalde, una escuela primaria de Texas, que dejó como resultado al menos 19 niños muertos y dos maestras asesinadas.

¿Por qué se dan estos hechos en las escuelas y colegios?

El estudio de la Unrilec realiza el monitoreo de medios de varios países y casos distintos. En ese punto es posible afirmar que no existe una única causa ni un único factor que explique el problema. El análisis que hace refiere que se puede inferir que el fenómeno es multicausal.

Esto guarda relación tanto con las dinámicas propias de las violencias que existen dentro de las escuelas. Por ejemplo, las peleas y discusiones, amenazas y el acoso escolar (bullying). Adem+as se pueden considerar las características de los entornos y contextos en las cuales éstas se encuentren.

“La proliferación de armas de fuego y su fácil acceso; la presencia de pandillas y de actores del crimen organizado. Además de la violencia e inseguridad presentes en las comunidades son algunos de los factores que podrían contribuir a que los estudiantes entren en contacto con armas de fuego en algún momento de sus vidas, ya sea como usuarios, testigos o colaboradores”, remarca el informe.

No obstante, este estudio habla de la dificultad de hacer afirmaciones respecto al perfil psicológico del alumno.

Refiere que la adolescencia es un momento complejo de la vida. Señala que cada una de las motivaciones responde a diferentes perfiles de estudiantes y a distintos contextos (locales, escolares, familiares) en los que los jóvenes viven, se desarrollan e interactúan con los demás.

Entonces es importante abordar esta situación en base a las causas que pueden llevar a un estudiante a llevar un arma de fuego. Esto puede tener relación con el espacio en el que, junto con el hogar, se está formando como ciudadano y preparando para la vida adulta.

¿Qué se puede hacer ante estos casos?

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unrilec), muestra una serie de ejemplos. Estos tienen que ver sobre cómo se aplican los protocolos en distintos países ante la presencia de armas en escuelas.

Para el efecto, tomamos como ejemplo algunos puntos destacables del Protocolo de Actuación en Situaciones de Hallazgo, Tenencia y Uso de Armas, publicado en 2016, en Costa Rica.

Paso 1

Detección de la presencia de armas. Como punto de partida, el protocolo resalta la necesidad de diferenciar el tipo de incidente según se trate de hallazgo, tenencia, uso o amenaza. También identificar si la persona que porta el arma es mayor de edad.

Paso 2

Comunicación a la dirección. en cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente.

Paso 3

Atención de la situación. Si se trata de un hallazgo de arma de fuego dentro del centro escolar, el procedimiento consiste en avisar a la dirección del centro educativo y llamar al 911, para retirar el arma. Se sugiere aislar la zona hasta la llegada de las autoridades.

Si la Policía no retira el arma en un plazo máximo de 24 horas, el director en presencia de 2 testigos, debe guardar el arma en un lugar seguro. Después debe entregarla a la Fuerza Pública.

Además, se debe elaborar un informe de la situación además de dar aviso a las autoridades correspondientes. Asimismo, se debe notificar a los responsables (padres, tutores legales) del estudiante involucrado.

Paso 4

Informe de actuación. La persona encargada debe elaborar un informe de actuación y presentarlo al director del centro educativo para que considere las medidas y acciones disciplinarias que correspondan.

Paso 5

Seguimiento del Caso. Una vez controlada la situación, el protocolo indica que el incidente debe tratarse como un caso enmarcado en un contexto de riesgo que requiere la posterior actuación del centro educativo y de las instancias correspondientes.

Paso 6

Acciones para restaurar la convivencia. Con el fin de abordar las consecuencias negativas que este tipo de situaciones produce, se deben establecer medidas dirigidas a promover la asertividad. También se deberá trabajar en fortalecer la autoestima y empoderar a las personas violentadas. Es imprescindible concientizar a quienes violentan sobre los daños que puede causar la violencia a la comunidad educativa en general.

Hay que aplicar protocolos seguros, sanciones eficaces y contundentes

Cabe resaltar que en Paraguay solo existe un protocolo del MEC, N° 17789, emitida en 2016 por el Ministerio de Educación y Ciencias, que menciona “la prohibición del ingreso” de armas.

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unrilec) reitera la necesidad de aplicar protocolos seguros. Pero además, hace énfasis en que hay que aplicar sanciones eficaces y contundentes ante los actores de hechos de violencia o amenazas en las instituciones educativas. Solo con este tipo de acciones se podrá desalentar el uso de armas en los colegios y la utilización de amenazas para crear zozobra.

Según datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) de Argentina, en una encuesta realizada, el 88% de los encuestados asoció la tenencia de armas con la seguridad, lo que deja en evidencia que estas personas no dimensionaron los riesgos que representa el uso de armas de fuego.

Por eso, es necesaria una política de Estado con el objetivo de desalentar el uso de armas, con una serie de medidas. Además de las legislativas y normativas, deben incluir, por ejemplo, talleres educativos para derribar mitos sobre el uso de armas. También sería importante la promoción de campañas en contra de las armas, incluso de aquellas que son de juguete.

Varios, países de la región, como justamente Argentina, vienen trabajando en este tipo de acciones para desalentar el uso de las armas, mientras que en Paraguay, a pesar de los casos mencionados el inicio –a pesar de que nadie salió herido–, hasta el momento solo se registraron medidas reactivas y no preventivas, para evitar justamente que haya víctimas fatales en el futuro.

Artículos Relacionados
Leer Más

A 35 años del golpe: Santiago Peña no se atreve a hablar de la dictadura stronista

Febrero no es un mes cualquiera para el Paraguay cuando hablamos de democracia, en tiempos en los que el autoritarismo se va instalando sin disimulos. Casi como un hecho simbólico, en febrero se dio una de las pocas condenas a un ex torturador stronista. Sin embargo, Santiago Peña se muestra cauto al no hablar de ´dictadura´ en actos de gobierno. Debemos recordar que la negación del régimen, representa un riesgo para nuestro futuro democrático.
Leer Más

Rápida guía para entender los efectos de las redadas masivas de la policía de Riera

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional se jactaron días atrás, de un operativo en el que detuvieron a varias personas en controles aleatorios. La gran mayoría por no portar cédula de identidad, una práctica ilegal arraigada en la policía. La arbitrariedad de estos procedimientos, denota que la presunción de inocencia es letra muerta para los organismos de seguridad y evidencia que la línea es reprimir a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas.
Leer Más

Alertan que jueces mal utilizan ley contra violencia hacia la mujer, para censurar

El empresario Christian Chena, hizo pública una notificación judicial en donde se le prohíbe mencionar a la esposa de un asesor del ex presidente Horacio Cartes, en redes u otro medio. El caso llama la atención por tratarse de un hecho de censura, cuando la Constitución la prohíbe en cualquiera de sus formas. Especialistas advierten que es una distorsión adrede de la ley contra la violencia hacia la mujer y que se podría volver frecuente entre jueces afines al poder.
Leer Más

Activó el protocolo de acoso escolar y logró la detención de un padre abusador

Un hombre de 54 años hoy está preso luego de ser hallado culpable de abuso sexual en niños y no saldrá de ahí hasta cumplir 25 años de prisión. La fiscalía pudo intervenir gracias a una docente que activó el protocolo de acoso escolar. En el juicio se comprobó que el mismo, abusó sistemáticamente de dos de sus tres hijas. Autoridades afirman que la prevención es el único camino para que el Estado pueda llegar antes de que ocurran los abusos sexuales en niños y niñas.