En Paraguay existe un gran déficit en cuanto a la prestación de un servicio de calidad, debido al mal manejo de este recurso, lo que pone en peligro la sostenibilidad del servicio. Algunos de los inconvenientes guardan relación con la limitada capacidad técnica de los miles de prestadores, así como la operatividad de los sistemas, la falta de inversión y la dificultad en la gobernanza.
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Cuando se hace referencia a la gobernanza podemos mencionar que hay más de 12 actores del gobierno central y 280 de gobiernos subnacionales, que tienen algún tipo de rol en el sector. No obstante, la falta de ordenamiento institucional, así como una jerarquía adecuada hace más difícil la coordinación del trabajo para que el sector cumpla con sus fines.
Varios de estos aspectos fueron abordados por Unicef en un compendio denominado WashBat, publicado en agosto de 2022. En una entrevista con Latitud25, Ana Margarita Ramos, asociada de Programas de Unicef, da detalles al respecto.
“Se hizo con la participación de más de 100 actores del sector, con DAPSAN y la Dirección de cambio climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En ese análisis abordamos los cuellos de botella en todos los subsectores de saneamiento urbano, saneamiento rural y servicios de salud”, refiere.
Uno de esos cuellos de botella, es la burocracia que envuelve al sector, la superposición de atribuciones y las regulaciones vigentes.
Debe haber voluntad para que el agua sea prioridad
El estado de crisis del agua se trata de un problema de actitud y de comportamiento, según el WWAP (World Water Assessment Programme o Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, 2003).
Por un lado, tenemos la inercia de los líderes para la toma de decisiones y por el otro, la ausencia de una conciencia clara sobre la magnitud del problema de la población. Estos dos aspectos resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y necesarias para hacer frente a esta crisis, señala el informe.
En ese contexto, Paula Burt, coordinadora Programática en la Fundación Avina, coincide en que lo fundamental es reorganizar el sector para darle al tema la jerarquía. Además de otorgarle el presupuesto que se merece y así poder tomar las decisiones a tiempo.
Considera que el Estado debe plantearse realmente si lo mejor es dejar DAPSAN en el MOPC, SENASA en el MSPBS o armar otra institución con mayor relevancia. Esta institución puede ser, quizás, un viceministerio o secretaría, resalta.
No obstante, hace énfasis en que el tema agua actualmente carece de peso político, por ende, está muy bajo en el orden de prioridad del Poder Ejecutivo.
Muchas instituciones, poca coordinación
Si bien hay más de 12 actores del gobierno central y 280 de gobiernos subnacionales que deben velar por el Agua y Saneamiento en Paraguay, el ente rector es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Esta rectoría se da a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN).
En ese punto, Ana Ramos afirma que lo fundamental es que el ente rector tenga un nivel superior, que le permita ejercer esa coordinación con mayor eficacia. Además, resalta que debe haber mayor inversión para que la DAPSAN pueda hacer su trabajo.
Agrega que, en este momento, es relativamente pequeño el grupo que se dedica a la elaboración de políticas de agua en el MOPC. Este ministerio está enfocado en la coordinación y ejecución de obras, por lo que un grupo grande de funcionarios se destina a esta labor, no así a los trabajos de coordinación de actores y los relacionados a la rectoría del sector (definición e implementación de políticas públicas sectoriales).
Entonces, por un lado, se necesita fortalecer al ente rector en términos de capacidades, al equipo que tienen. Por otro lado, se debe jerarquizar, para que tenga mayor peso al momento de coordinar a las demás instituciones.
Ante la pregunta inicial de a quién reclamamos, la respuesta todavía no ha sido respondida. Si bien la DAPSAN es el ente que debe establecer las políticas de agua potable y saneamiento, pro lo que debe guiar a las demás instituciones, existen otras instituciones que tienen funciones específicas para atender a la ciudadanía, en ese sentido, es clave entender la función del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN).
Un actor clave que no se conoce
El ERSSAN debe velar por la protección de los derechos de los usuarios del servicio, lo que como mínimo incluye que todos tengan claro cuál es su proveedor de agua y qué reglas tiene que cumplir. También se ocupa de establecer tarifas y de habilitar a prestadores.
“¿Cómo nosotros ciudadanos ejercemos nuestros derechos como usuarios? Tenemos que enviar nuestra reclamo a ERSSAN, que es el que debe controlar al proveedor. Sin embargo, casi nadie tiene información sobre el ERSSAN, generalmente tienen información de su proveedor”, remarca Ana Ramos.
Cabe resaltar que Essap solo cubre al 32% de la población nacional, el 12% son aguateros de gestión privada, mientras que el 53% de los servicios son comunitarios (42% de las Juntas de Saneamiento y el 11%, Comisiones vecinales). Es decir, más de la mitad del país accede al agua por gestión comunitaria, donde son los propios vecinos los que se organizan para acceder a un servicio público.
El Servicio Nacional de Saneamiento y Ambiental (SENASA) ofrece apoyo técnico a las juntas de saneamiento para que funcionen y el agua sea potable, por ejemplo.
En cuanto a Asunción, Ramos comenta que no hay tanto problema en la calidad del agua, porque el agua está clorada. No obstante, reconoce un problema de falta de información del usuario. Además, habla de que se requiere de una relación más directa con el ente que debe regular y controlar (Erssan). A esto agrega la necesidad de mayor capacidad de ese ente para hacerlo y un sistema de control constante de la calidad en todo el país.
Por su parte, Paula Burt, coordinadora programática en Fundación Avina, habla del problema en la ciudad capitalina. Resalta que el gran problema de Asunción es el saneamiento y el agua residual que se vierte sin ningún tratamiento en el Río Paraguay.
Exceso de proveedores y escaso control
Una parte del problema para la coordinación y mejora de los servicios de agua, tiene que ver con la cantidad de prestadores.
“La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, al año 2021, se dio a través de 5.762 prestadores. Los mismos, en los últimos 6 años, registraron un aumento del 45%, en promedio de 430 nuevos prestadores al año”, según el Plan Nacional de Agua y Saneamiento (PNAPS).
Otro aspecto a considerar es la tarifa que se paga, ya que, en el interior, las familias pagan un precio mensualmente. Esto se da sin importar cuánto consumen y ese precio generalmente es muy bajo y no cubre los costos operativos reales. Ana Ramos refiere que faltan herramientas de micromedición, para saber cuánto se consume en cada hogar.
No obstante, también reconoce que hay personas que en el interior creen que el servicio de agua es gratis. Por ende, no quieren pagar por tener acceso a mejores condiciones.
“Ahora lo que pagamos no es el agua, sino todo lo que significa que el agua llegue a tu casa. Pero todo se tiene que renovar cada cierto tiempo y eso requiere que se hagan inversiones, para lo cual se debe hacer un plan de inversiones”, enfatiza.
En ese punto, Claudia Zapattini resalta que estas situaciones tarifarias representan una amenaza a la sostenibilidad del recurso y del servicio, además de que elimina los incentivos para un ahorro del agua.
¿Qué tan potable es el agua que consumimos?
En cuanto al agua potable, hay tres aspectos fundamentales que deben mejorar las instituciones; las inversiones y el control permanente.
La falta de inversión y mantenimiento en las instalaciones de distribución de agua, genera la turbiedad del agua con esa tonalidad rojiza o marrón. El deterioro de las cañerías que luego de décadas de uso, se rompen, se oxidan y filtran suciedad.
Asimismo, Carla Torreani, de la Fundación Moisés Bertoni, resaltó que –en líneas generales– el problema es la falta de capacidad técnica y financiera de gran parte de los prestadores para asegurar la potabilización efectiva. Eso se suma a las limitaciones del ente regulador ERSSAN para hacer un monitoreo efectivo dada la cantidad de prestadores.
Por otro lado, la supervisión de la calidad se centra en la potabilización con cloro. Este funciona solamente para contaminantes tipo E. coli y otros contaminantes orgánicos. Sin embargo, hoy en día hay otras amenazas que no se resuelven con ese tipo de tratamientos. Podemos citar: la contaminación por combustibles fósiles, por agroquímicos o por nitratos y nitritos (principal amenaza por la falta de saneamiento en zonas urbanas).
Entretanto, el Gobierno no está tomando medidas suficientemente rápidas y efectivas para controlar estos tipos de contaminación.
La información, otro flagelo del sector
El desafío actual es que varias instituciones y organizaciones que tienen alguna intervención en Agua y Saneamiento reporten bajo el mismo criterio. De lo contrario, no podemos tener una información veraz en este tema, lo cual constituye uno de los síntomas de la falta de coordinación en Agua y Saneamiento, refiere Ramos.
“Hay un paso anterior que dio DAPSAN que se hizo como un relevamiento de toda la gente que envía información sobre agua y saneamiento. Lo que se descubrió es que cada uno releva de manera diferente. Hay gente que considera que, si está en red, es agua segura, entonces lo que vos tenés es información de cuánta gente está conectada a la red, pero no sabés cuánta gente tiene servicio de agua potable”, explica.
Hay algunos indicadores que son globales, que están definidos por el JMP, un sistema de monitoreo de agua y saneamiento de manera global. Antes hablábamos de agua segura o no segura. Ahora tenés otros indicadores, por ejemplo, si hablás de cobertura de agua, esta tiene que ser potable y tiene que ser continuo el servicio.
Por ejemplo, en Paraguay, tenemos muchos casos de gente que tiene agua en redes. Sin embargo, tiene seis horas de corte en verano y tratándose de sectores rurales los problemas pueden ser mayores.
Lo que dice el Plan Nacional
El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que se lanzó oficialmente el 20 de marzo último, explica toda la problemática con cifras y contexto. Además, propone orientar las inversiones y una serie de estrategias para mejorar la gobernanza.
En la estrategia 1.1 para reordenar la gobernanza cita a tres actores principales, la Dapsan, el Senasa y al Comité de Coordinación Interinstitucional de Agua Potable y Saneamiento (Cicosaps). Como se puede ver en la imagen, este es el puntapié inicial.
En resumen, los principales desafíos de la gobernanza del Agua y Saneamiento tienen que ver con la coordinación y planificación entre todos los actores del sector y la inversión que se requiere para el efecto.
