En 1948, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento con 30 artículos que engloban lo más básico que se debe tener en cuenta en una sociedad.
El Paraguay es un país con una histórica deuda con el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, en diversas áreas como acceso a tierra y la soberanía alimentaria, el respeto de la libertad de expresión, atención a comunidades eternamente discriminadas como la LGBTIQ+, educación sexual para empoderamiento del cuerpo o el resguardo a mujeres en situaciones de violencia de género.
Los grandes flagelos de un país como Paraguay, que se agudizaron a través de los meses de pandemia, tienen algún conector con la falta de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos, por eso en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Latitud25 hizo un repaso de las consideraciones que no podemos perder de vista a casi dos años de pandemia.
En ese contexto, la especialista en DD.HH., Diana Vargas, lamentó que luego de tantas décadas, ese estándar mínimo en nuestro país en esta materia, todavía no sea una realidad. Asimismo enumeró algunos inconvenientes principales que se pudo ver durante las restricciones más estrictas que descuidaron el cumplimiento de los derechos humanos.
Disposiciones contradictorias
Vargas hizo referencia al artículo tercero de la declaración, el cual habla de que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona.
Resaltó que en contexto de pandemia, las autoridades tomaron decisiones necesarias para controlar el contagio, pero a su vez muchas de esas decisiones fueron arbitrarias, como, por ejemplo, privar de libertad a algunas personas en condiciones de hacinamiento.
«Sobre todo perdiendo el sentido de cuidar la salud de las personas, porque deteniendo y teniendo en celdas hacinadas, por varios días, a una cantidad de personas, eso no cumple con lo de evitar la aglomeración», puntualizó.
Desigualdad ante la ley
También resaltó el artículo séptimo de la Declaración Universal que dice que todos son iguales ante la ley, y sin distinción, tienen derecho de protección de la misma.
Afirmó que no solamente durante la pandemia es selectivo el sistema penal, sino que normalmente lo que tiene que ver con garantizar derechos que están contemplados en la Constitución, es que las leyes son aplicadas por las autoridades dependiendo del origen de la persona, la orientación sexual o de sus creencias.
«Durante la pandemia pudimos ver como algunas personas de algunos barrios eran criminalizadas por jugar Piki vóley, sin embargo, otros, en otros espacios, pudieron hacer grandes bodas, pudieron ingresar al país con apoyo de la Fiscalía, eso fue un hecho totalmente bochornoso», resaltó Diana Vargas.
Detenciones arbitrarias
La abogada, también recordó que el artículo nueve, señala que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. «Y a mi criterio, muchas de las detenciones en el contexto de la pandemia fueron arbitrarias, sobre todo recordemos las manifestaciones ciudadanas», apuntó.
En ese punto, mencionó que el derecho a la protesta, a la manifestación pública y pacífica también se vio afectado por medidas arbitrarias de no poder circular a determinadas horas o por determinadas zonas, cuando tenemos una ley la conocida como la ley del marchódromo.
Agregó que si bien esta ley es de dudosa constitucionalidad, refirió que ni siquiera se exigía el cumplimiento de esta ley, sino que se establecía de forma arbitraria dónde no se podía manifestar.
«No había una instancia a la cual recorrer en esas situaciones entonces una ciudadanía que se organiza para reclamar derechos es hostigada, amedrentada y a su vez no tiene cómo reclamar esa situación a una instancia en la que se pueda reclamar el ejercicio de esos derechos. Tenemos un cúmulo de derechos no respetados en pandemia o fuera de ella que le falta a nuestra república, nos falta mucho por recorrer», concluyó Diana Vargas.
Precarización del trabajo
El abogado y activista por los derechos humanos, Jorge Rolón Luna, por su parte, resaltó los derechos laborales que fueron afectados en esta situación.
Comentó, que aproximadamente desde el 2012, el porcentaje de población económicamente en situación de informalidad es de casi el 65% y hoy en pandemia, obviamente eso se agravó. «Además hay un dato del Instituto de Estadísticas que dice que en estos últimos dos años, de 10 jóvenes, 9 que consiguen trabajo, se emplean en el sector informal», refirió.
Entonces, resaltó que Paraguay ya tenía problemas históricos en ese sentido y que ante esta coyuntura de demandas sociales por doquier, se agudizaron.
«Es un sector económico que no da más, existe una falta de seguridad social, de mejores salarios, algún tipo de estabilidad total en un mercardo laboral, sabiendo que hay un vicio en las grandes empresas de despedir a los trabajadores en el noveno año para evitar que rija esta estabilidad», apuntó.
Consideró que los derechos vinculados al trabajo han sufrido una merma importante, de hecho, las propias restricciones en sí atacaron la libertad del trabajo.
Desalojos constantes
Perla Álvarez, feminista y militante de las comunidades campesinas, recordó que en un estado de derecho, las comunidades deberían tener derecho a la tierra, lo que –aseguró– se está violentando con mucha frecuencia durante el gobierno de Mario Abdo Benítez con desalojos, con violencia, por lo que las comunidades decidieron movilizarse en contra de esta arremetida.
Uno de los últimos episodios que intensificó la gravedad de esta sistemática represión contra comunidades indígenas y campesinas, fue la promulgación de la ley conocida como Zavala-Riera, el pasado 30 de septiembre, cuando el Congreso y el Presidente de la República aprobaron criminalizar las invasiones con condenas de 10 años de cárcel.
«A la gente le están quemando la casa, le están destruyendo la producción, le están echando de sus propias casas, dejándoles sin sus hogares, sin sus tierras para producir. Para desalojar a 40 o 50 familias, están yendo con 1.500 policías, con helicópteros, con patrullas, ¿se dan cuenta del impacto que eso tiene?», cuestionó.
Álvarez manifestó que el problema consiste en una falta de institucionalización adecuada en la distribución de la tierra.
No hay una buena titulación, hay doble venta de tierra, titulaciones múltiples de un mismo territorio, hay expedientes perdidos, no existe un catastro serio. Sostuvo que aparecen dueños que nunca habían existido con documentos inventados, en territorios indígenas ancestrales que no se pueden vender.
Insistió en que la irregularidad de la administración de la tierra es grave y subrayó que todo esto es solo un ropaje que oculta un trasfondo que tiene la necesidad de expandir el proceso de producción existente, la expansión del modelo de soja y de la producción de carne, de la ganadería extensiva.
«Eso implica necesidad de más tierras y por lo tanto, la gente que está en esas tierras molesta. Entonces usan mecanismos jurídicos, penales, medioambientales para expulsar a la gente y la respuesta institucional es la violencia. Nosotros tenemos derecho a la tierra para poder vivir y desarrollarnos con dignidad en este tiempo», finalizó.
Las deudas con los derechos humanos y las necesidades son muchas en un país que ya tenía un problema estructural pero que se vio agravado por las restricciones de la pandemia, que aumentaron la pobreza y la vulnerabilidad en los sectores más desprotegidos y con menos caudal económico, una problemática que un Estado indolente no puede seguir desconociendo.
