La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que dispone el procedimiento de Control, Vigilancia y Fiscalización de las Cuentas Nacionales, los Bienes y el Patrimonio de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, dispuesto en los Artículos 281, 282 y 283 de la Constitución Nacional.
Con 40 votos a favor, el Senado aprobó su versión, al incluir ajustes propuestos por el mismo contralor Camilo Benítez para sacar dudas sobre la constitucionalidad de la normativa. Ahora, el documento regresa a la Cámara de Diputados.
Al respecto, la diputada Kattya González, una de las proyectistas de la ley, dijo en comunicación con Latitud 25, que esta ley es más amplia porque pretende controlar todos los fondos de las binacionales del lado paraguayo, no solo aquellos socioambientales.
Agregó que espera que el Congreso pueda sancionar esta ley y que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez apruebe la iniciativa. Aunque, confesó, tener sus dudas sobre la decisión que vaya a tomar el mandatario nacional.
¿Cuáles son los argumentos a favor?
La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) habló en contacto con Latitud 25 de lo conversado con el contralor Camilo Benítez en la reunión que se realizó el martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, para debatir la propuesta, ahora aprobada.
La parlamentaria sostuvo que fue muy clara y útil la explicación proporcionada por el contralor general y que en base a ese descargo, se pudo incorporar nuevas medidas en el proceso para transparentar los fondos binacionales.
Entre los puntos, debatidos con Benítez, señaló que la Constitución dice que se podrán auditar tanto las cuentas nacionales como de los entes multinacionales, entonces ¿por qué no se va a poder revisar lo binacional? Lo mayor, por supuesto, tiene competencia sobre lo menor.
«Desde ese punto de vista no hay más impedimento de inconstitucionalidad», expresó.
En cuanto a la segunda cuestión, es muy claro que las auditorías van a ser sobre los fondos que correspondan a Paraguay, no de todas las cuentas que incluyan a los demás socios de las hidroeléctricas, explicó.
Añadió que el proyecto de ley del Senado, sería para que el Congreso pueda hacer el seguimiento antes de que se gaste, mientas que la Contraloría lo que realizaría es la post ejecución, es decir verificar los precios de las compras, la pertinencia de los gastos y la calidad de los mismos.
En es punto, cabe señalar que en el artículo 2º de la ley que rige la Contraloría General, indica que dentro del marco determinado por los Artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público (…) controlando la normal y legal percepción de los recursos y los gastos e inversiones de los fondos del sector público, multinacional, nacional, departamental o municipal sin excepción», puntualizó.
La senadora recordó que en un momento, los que se oponen a este control, habían referido que las cuentas binacionales no formaban parte de las cuentas nacionales.
«Desde el 2012, el Banco Central sacó una resolución interna que reconoce dentro de las cuentas nacionales a las binacionales, por lo tanto, están todos los componentes, por ende, que las cuentas nacionales abarquen a las binacionales, siempre que sean del margen paraguayo», subrayó.
Dos procesos diferentes
La diputada González aclaró que la disputa de Itaipú y la Contraloría, que ahora se encuentra en manos de la Corte, es diferente al proyecto aprobado hoy en el Senado. Recordó que la ley tiene más fuerza que una resolución y que independientemente de lo que decida la Corte, respecto a la auditoría de esos fondos socioambientales, la ley puede ser promulgada.
La disputa legal y las dudas sobre la justicia
Cabe recordar, que este litigio se dio tras el pedido del Senado para que la Contraloría audite cómo se gastaron los fondos socioambientales de las binacionales de ambos entes.
La Entidad Binacional Yacyretá, que en principio se negó a entregar los documentos, fue la primera en ceder y acercar varios dossier de documentos con la información requerida. Esto se dio pese a reiteradas negativas por parte de su director, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos.
La Contraloría acudió al juzgado para acceder a los documentos de cómo las binacionales gastaron los fondos socioambientales, pero Itaipú presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, por ende, la decisión está en manos de la máxima instancia judicial.
Al respecto, la senadora hizo énfasis en las dudas que hay sobre esta institución. «Lo que pasa es que así nuestra Corte históricamente está manejada por los poderes políticos y económicos. El tema de la justicia que tenemos es la justicia que se organizó desde la época de Stroessner», puntualizó.
