En la mañana de este jueves la cuenta oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) en la red social X subió una foto en donde aparece el procurador general Marco Aurelio González mostrando las dos llaves que entregaron Berthold Friesen y Berthold Penner Friesen al juzgado de Villa Hayes.
“Con este hecho, el Estado toma posesión de una parte de su propiedad y se da cumplimiento al mandato del presidente de la República, quien nos encomendó recuperar lo que es de todos los paraguayos”, reza uno de los posteos de la PGR.
Posteriormente González brindó una conferencia de prensa en donde detalló que ambas personas mencionaron que ingresaron a los terrenos mediante contrato privado con terceras personas.
Refirió también que ninguno de estos ocupantes obtuvieron los títulos de las propiedades. Con este gesto, ambas personas desisten de la ocupación de estos terrenos, por lo que reconocen que los lotes corresponden al Ministerio de Defensa.
“La titularidad solamente la puede otorgar el propietario, en este caso el Estado paraguayo”, dijo el procurador en la conferencia de prensa.
Consultado sobre si los “ocupantes vip” recibirán el mismo trato que los que reciben otros ciudadanos de menos recursos que son desalojados con policías antimotines, tractores y destrucción de sus viviendas, dijo: “van a recibir el mismo trato”.
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“Fuimos estafados”
El abogado de los Friesen, Juan Claudio Gaona, luego de entregarse las llaves, dijo que sus clientes obtuvieron esa propiedad como parte de pago y garantía de una persona de apellido León, un mecánico de vehículos que necesitaba ampliar su taller y que por eso motivo necesitaba el dinero.
Si bien reconocieron que no contaban con el documento legal de propiedad del inmueble, dicen que devolvieron las llaves para evitar más problemas pero que no obstante, estaban interesados en comprar “si era posible”, y si no, que se les pague las mejores hechas en el predio.
Según comentó Gaona, la propiedad reviste de algunas construcciones mínimas. Con respecto al monto de dinero pagado, el abogado no quiso dar detalles pero que todo eso consta en el expediente abierto.
Llamativamente, la ley sancionada en el Congreso la semana pasada, y que aun no fue rechazada por el Presidente Santiago Peña, tal como prometió, no contemplaba los precios de mercado a los que se debería vender estas propiedades.
El documento aprobado detallaba que la venta realizada por la Municipalidad de Villa Hayes a los invasores sería a “precio fiscal”, es decir, muy por debajo del precio real de una propiedad ribereña próxima a la capital del Paraguay.
Llamativo hecho
El hecho se da llamativamente luego de que la senadora por Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, haya realizado una denuncia al Ministerio Público en la que demanda a varias personas por lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
En la denuncia, la legisladora adjuntó la lista de quienes presumiblemente ocupan estos terrenos, basándose en el proyecto de ley, impulsado por el senador Basilio Núñez (ANR-HC) en donde se los presenta como personas que se dedican a la agricultura y al turismo.
Días atrás, la senadora Paredes se despachó contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, por sus palabras en torno a estas invasiones. Según Rolón, no encontró delitos en las ocupaciones ilegales que se dieron en la zona de Remansito.
“La actitud de Emiliano Rolón es de un vendepatria. No podes ser cómplice del despojo de las tierras del erario público, que nos corresponden a todos los paraguayos. Da pena sus declaraciones. Acá debe iniciarse una investigación penal de oficio. Y el procurador debe activar los mecanismos para recuperar las tierras del Estado”, dijo la parlamentaria en la 730 AM.
Juez suspendido y enjuiciado
Por otro lado, durante la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) del pasado martes, se resolvió enjuiciar de oficio al juez camarista Daniel Gómez Rambado, quien figura en la lista de ocupantes de la finca 916.
La resolución también tiene un pedido de suspensión del camarista remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante la conferencia de este jueves, el procurador González afirmó que llegaron hasta el lote que figura a nombre del citado magistrado, y encontraron que el terreno se encuentra alambrado.
El juez Gómez Rambado es integrante del Tribunal de Apelación, quien llamativamente había anulado la sentencia del ex gobernador de Presidente Hayes Emigdio Benítez, condenado a cuatro años de cárcel por producción de documentos no auténticos.
