Hoy 25 de noviembre, mujeres se unen en todo el mundo para marchar en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer, un concepto que sociedades machistas como la paraguaya, aún no logran comprender y mucho menos desterrar prácticas que comprometen la integridad de las personas, en los distintos escenarios de la vida, como el familiar o el laboral.
“La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige que se adopten medidas al respecto”, según la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que data del 20 de enero de 2021.
En Paraguay, tenemos datos alarmantes, sobre la violencia física y su extremo, que son los feminicidios. Según el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE), en 2021 hubo un total de 46 casos de feminicidios, de los cuales 3 están en observación. Mientras, que el Ministerio de la Mujer, hasta la actualidad tiene contabilizados 29 casos.
En cuanto a los datos proporcionados por el Ministerio de la Defensa Pública, que hacen referencia a casos judicializados hasta noviembre de 2021, hablamos que el 36% corresponde a violencia sicológica e incluye también a la violencia física, por la cual las personas fueron denunciadas.
La violencia física en sí ocupa el 21% de los casos, la violencia contra la dignidad se registra en el 18% y la violencia intrafamiliar, se contabiliza en un 17%. Entretanto, la violencia patrimonial y económica ocupa 3% de los casos, la violencia telemática, el 2% y la sexual, el 1% de los casos judicializados por la institución mencionada.
Feminicidios, la protección del Estado no llega a tiempo
La activista por los derechos humanos, abogada Mirta -Michi- Moragas, resaltó que las instituciones no solo llegan tarde, sino que además hay casos en los que no actúan. Hizo énfasis en que la mayoría de las víctimas de feminicidios tenían una orden de restricción que no se cumplió.
“Hace un par de semanas estuvo el caso de una mujer que fue a denunciar y no le tomaron la denuncia porque no tenía su cédula con ella y al día siguiente le mató su agresor. Hubo otro caso en que una mujer hizo una denuncia, ella volvió a denunciar, el juzgado dijo que le iban a advertir y en eso ya le mató”.
Agregó que esos casos te dan la pauta de que el sistema hace aguas por todos lados y no por un tema legal, “no es que falta un plan, una normativa o un protocolo”, aclaró.
Dijo que lo necesario es que los operadores del sistema de justicia se convenzan de que esto es grave y urgente, “porque la mayoría de los casos te dicen que vuelvas mañana, o te rechazan la denuncia porque no tenés cédula o te dicen que van a hacer una notificación”, acotó.
Las leyes están y tienen plazos muy breves. La normativa integral dice que si se presenta un pedido de medida de protección, se tiene que otorgar inmediatamente esa medida y después se debe dar una audiencia en un plazo máximo de tres días. Sin embargo, Moragas advirtió que en todas las audiencias que llegan a su conocimiento, son de un mes para adelante.
“Entonces es mentira que el Estado esté reaccionando oportunamente y si tienen un plan, es superfluo. De ahí a que haya cambiado de verdad la política, yo no estoy segura y hay que ver si van a aumentar el presupuesto para las políticas de prevención de violencia. El presupuesto es lo que te dice si hay o no una prioridad”, concluyó.
Municipalidades deben trabajar también contra la violencia
El proyecto “Políticas de acceso a justicia desde las municipalidades”, del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), indica que las municipalidades pueden hacer más que solo trabajar en la infraestructura de la ciudad, incidiendo en políticas públicas para proteger a la población.
Según la abogada Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ e investigadora del proyecto, los gobiernos tienen que redoblar sus esfuerzos para crear condiciones favorables que garanticen la integridad de las mujeres y niñas, con el objetivo de reafirmar sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.
“Tenés un conglomerado de personas que de alguna forma no pueden acceder luego a un sistema de justicia formal. Apostamos muy fuertemente a la orientación judicial básica, en el sentido de hacer conocer los derechos y donde tienen que recurrir cuando los derechos son violentados”
La violencia hacia la mujer tiene muchas formas y en la ley 5.777/16 se dividen en 15: la violencia física, psicológica, sexual, laboral, política, institucional, intrafamiliar, feminicida, mediática, telemática, simbólica, obstetricia, contra la dignidad, contra los derechos reproductivos, patrimonial y económica.
¿Cómo se conquista esto?
Para erradicar la violencia no solo se requieren de más leyes, sino también de más presupuesto y una mayor consciencia cultural para detectar actitudes machistas y así poder desterrar ese tipo de pensamientos y actitudes de la sociedad, para que las mujeres pueden vivir protegidas en un estado de derecho.
El material de “Derecho a vivir libres de violencia. Situación de las mujeres en Paraguay: 2011-2020” señala que estos derechos “se van construyendo a partir de la acción múltiple y diversa de personas, organizaciones e instituciones que piensan, debaten, proponen y modifican la forma de entender de qué manera los seres humanos nos vinculamos en sociedades bajo ideas, costumbres y valores que configuran nuestras vidas y sus posibilidades”.
Por eso, cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres salen a marchar o a exigir el respeto de sus derechos y el fin de la violencia.
