El Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, va por su segundo periodo al frente de la institución a pesar de que existen varios cuestionamientos, desde que inició su primer mandato en 2017. Varias denuncias desde violencia verbal y física, abuso de poder en el ejercicio del cargo o presuntos cobros irregulares.
En esta ocasión, fue la abogada Diana Vargas, quien decidió presentar una denuncia penal en contra de Miguel Godoy ante la Fiscalía, por exacción y cobro indebido de cánones. Vargas explicó, en comunicación con RadioCast25, que la ley 4.013/2010 establece el pago de cinco jornales mínimos (G. 490.445), a quienes presentaron su objeción, antes de 2010 en las comisiones de DD.HH. del Congreso y no hicieron otro servicio social sustitutivo.
Con esa ley, la Objeción de Conciencia debió presentarse ante al Defensoría del Pueblo. «¿Dónde surge el problema que es la causa de la denuncia? El defensor del Pueblo, desde 2019 empezó a cobrar compulsivamente a los objetores de conciencia, que no hicieron su declaración antes de 2010», agregó Vargas.
Asimismo, comentó que existe una resolución en la que Miguel Godoy establecía metas a los delegados del interior, para conseguir «tantos objetores» que paguen la contribución, de modo a engrosar la recaudación estableciendo una red de recaudadores en varios puntos del país.
«Los propios funcionarios del Sindicato hicieron la denuncia, en agosto de 2021, ante la Contraloría haciendo referencia a este tipo penal (exacción), diciendo: ‘Nos están haciendo cobrar a objetores de conciencia que no tienen la obligación de pagar'», sostuvo.
Empresas denunciaron apriete
La abogada Diana Vargas contó además que un banco llegó a remitir una nota a la Defensoría del Pueblo solicitando que deben dejar de lado los aprietes, en los que la Defensoría exigía al banco que inste a sus trabajadores a pagar esos montos.
«La propia ministra de Trabajo (Carla Bacigalupo) emitió al defensor del Pueblo una nota diciéndole que recibió denuncias de las empresas, por el excesivo apriete», subrayó.
Lo más llamativo, según Vargas, es que en estas comunicaciones, la Defensoría presuntamente modificó algunas palabras del artículo de la ley.
«El artículo 21 dice: ‘quienes hayan declarado su objeción ante las comisiones de Derechos Humanos antes de la vigencia de la presente ley (deben pagar el tributo)… ¿Ellos qué dicen? ‘Quienes hayan declarado su objeción de conciencia ante la Defensoría, deberán pagar esta contribución’. Le cambian la norma, realmente nunca vi algo así de manera tan bruta», consideró.
Otras denuncias
Al inicio de esta semana, varios medios publicaron una denuncia hecha por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Caaguazú, de nombre Ana Laura Rojas.
Rojas mostró mensajes de WhatsApp y fotografías, alegando que supuestamente su colega de nombre Yessica Álvarez Insemblante, trabajaba como empleada doméstica en la casa particular del defensor, Miguel Godoy.
La denuncia señala además que desde Talentos Humanos le habían conseguido una marcación diferenciada de entrada y salida a Yessica, por lo que desde Caaguazú le llegaron a exigir la asistencia a la oficina donde debía realizar sus funciones.
Tras la denuncia pública, Rojas denunció que le degradaron de cargo, a pesar de haber estado 17 años en la institución y dijo temer por su vida, en una entrevista con la 1080 AM.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, dijo en contacto con RadioCast25, que solo por cuatro días no tuvo una trabajadora doméstica y afirmó que las fotografías tomadas desde su vivienda, se dieron supuestamente en festejos del día del trabajador y otros eventos, que se realizaron en su casa, donde supuestamente todos colaboraban voluntariamente para preparar los encuentros. Negó las demás acusaciones.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, además ya tuvo denuncias de agresión física realizadas por el defensor adjunto, Carlos Vera Bordaberry, así como cuestionamientos por amenazar a periodistas, por exponer en redes sociales a menores de edad de manera errónea y otras denuncias por perseguir a funcionarios de la institución.
Con todos estos antecedentes, fue reelecto en la Cámara Baja como Defensor del Pueblo, en noviembre de 2021, con votos del cartismo, oficialismo y algunos liberales afines al cartismo.
Causales para juicio político
La diputada Kattya González (Partido Encuentro Nacional), habló con la prensa antes de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la fecha.
Afirmó que es terrible que la Defensoría del Pueblo esté ocupada por una persona que no tiene idea de lo que se trata ser representante nada más y nada menos de la gente.
«Pero a este seccionalero, a este aparato lo han elegido colorados y liberales, colorados y liberados se tienen que hacer cargo. Que se hagan cargo de su engendro estos cobardes», apuntó en relación a sus colegas que votaron por la reelección de Godoy en la Defensoría.
Agregó que es responsabilidad de los legisladores del PLRA y la ANR presentar un libelo para iniciar un juicio político en contra de Godoy, porque afirmó que ya hay causales.
«¿Te parece que la Fiscalía le va a hacer algo? ¿Te parece que la Fiscalía va a hacer algo con los corruptos?», cuestionó.
Finalmente, insistió en que es «terrible», que ante una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo, esté una persona como Godoy.
