Hablar de derechos humanos en Paraguay, es un tópico que sigue incomodando hasta hoy, a 34 años de vigencia de la democracia. Por este motivo, la discusión sobre el respeto y la aplicación de políticas que garanticen el cumplimiento de estos derechos, es aun un tema pendiente.
El gobierno entrante recibe un país con innumerables deudas en esta materia. Santiago Peña, tiene el enorme desafío de atender urgencias en la brevedad posible, para materializar el eslogan de su campaña: “vamos a estar mejor”.
Para quienes monitorean el cumplimiento de estos derechos, el solo anuncio de los nombres de los futuros responsables de los organismos de Estado, con íntima vinculación a los derechos humanos, ya genera alertas e incomodidades.
Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) habló con L25 y califica de “preocupante” el futuro del país en materia de defensa de los Derechos Humanos.
Sostiene que, con un sistema judicial lejos de la independencia e injerencia política, el respeto a los DDHH es complejo y difícil.
“La expectativa es muy preocupante, desde la sociedad civil nos organizamos para protegernos y proteger los cambios y avances que se lograron en materia de Derechos Humanos”, mencionó.
Según Leguizamón, es preocupante el copamiento de poder, ya que diluye la base de un sistema democrático republicano que “se basa en el contra peso de los poderes, para que exista control de las acciones de cada poder”, dijo en relación a la arremetida del movimiento Honor Colorado en ambas cámaras del Congreso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM).
Leguizamón afirma que lo mejor que el Poder Ejecutivo puede hacer para respetar y proteger los derechos humanos en Paraguay, es promover la independencia judicial, y que eso se lograría evitando la intromisión del poder político en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“La clave tiene que ver con la independencia judicial y la lucha contra la impunidad, porque muchos actores políticos se mantienen en sus cargos por la no actuación del Ministerio Público”, aseguró Leguizamón.
Ministros peligrosos
Un indicador infalible que mide la temperatura del entorno político y revela el norte que tomarán las políticas de estado en esta materia, es la designación de quienes van a formar parte del Ejecutivo a partir del 15 de agosto próximo.
La preocupación de Leguizamón gira en torno a la designación de los ministros de Peña, específicamente en relación a Enrique Riera (Ministerio del Interior) y Ángel Barchini (Ministerio de Justicia).
“Vemos con mucha preocupación las elecciones que ocupan estas carteras ministeriales, con excepción del Ministerio de Educación y Ciencias. También, el impulso en la Salud o los proyectos del campo, porque lo que se implementará no está pensado en relación a las comunidades indígenas ni campesinas”, dijo.
Con relación a la seguridad, dijo que Riera se manifiesta con propuestas antidemocráticas y no necesarias, y que esa es y fue su actitud como funcionario público.
Recordó que como intendente de Asunción promovió el edicto y prohibió la venta de bebidas alcohólicas. Como ministro del MEC dijo que iba a quemar los libros que tengan la palabra género en una plaza pública, y como senador, impulsó la ley Zavala-Riera, que criminaliza la lucha campesina.
Sobre Barchini, aseguró que el mismo no tiene la capacidad ni las aptitudes para abordar la situación carcerlaria de nuestro país. “Los niveles de hacinamiento y violencia han aumentado, y él no está preparado para estos temas”, aseguró.
Lo que el gobierno debe tener en cuenta
Un trabajo de la Codehupy, titulado “10 deudas peligrosas”, recoge diez deudas que tiene el Estado Paraguayo en relación a los derechos humanos. Las tres más destacadas a no perder de vista, son:
Deuda 1: Derecho a la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Según el material, se registraron “hechos sistemáticos de violencia, que incluyen abuso sexual, niñas desaparecidas, explotación sexual infantil, uniones infantiles, embarazo infantil y adolescente, daños a la salud y muerte de niñas relacionadas con el embarazo, incluyendo abusos en instituciones educativas”.
Por estos motivos, algunas de las recomendaciones son: Aprobar el proyecto de ley contra toda forma de discriminación. Derogar la Resolución N° 29664/2017 del MEC que prohíbe la enseñanza sobre igualdad de género en las escuelas. Adoptar medidas integrales para prevenir el elevado número de embarazo infantil y adolescente, el abuso y la explotación sexual, incluyendo la educación sexual integral.
Deuda 2: Derecho al acceso universal y gratuito al sistema de salud con calidad de atención.
El trabajo refiere que la pandemia por Covid-19 agravó los problemas que ya existían históricamente por la inequidad en el acceso a servicios de salud de calidad, impactando fuertemente en las poblaciones más excluidas. Aunque la ley establece la gratuidad de la salud pública, en la práctica no se asigna el presupuesto adecuado y las personas no reciben los medicamentos e insumos necesarios, viéndose obligadas a realizar actividades de recaudación.
La Codehupy, en este sentido, recomienda fortalecer las iniciativas para combatir las elevadas tasas de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino mediante la mejora de la prevención, la detección temprana, el tratamiento y el apoyo psicológico a las mujeres y niñas con cáncer y la asignación de recursos humanos y financieros adecuados para tal fin.
Deuda 3: Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género
“La violencia basada en género es la forma más extrema en la que se expresa la discriminación hacia las mujeres y una de las barreras más graves para «lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas», como indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de la Agenda 2030”, dice el material.
Los feminicidios muestran patrones de responsabilidad gubernamental por omisión y desigual aplicación de la ley. Una de las características que se observa es que las mujeres suelen realizar una serie reiterada de denuncias sobre malos tratos y amenazas de muerte, pero no reciben la protección debida de las autoridades, hasta que terminan asesinadas.
Por estos y más motivos, la recomendación para el Estado paraguayo es disponibilizar recursos financieros para la activaciónd de los mecanismos de atención inmediata establecidos en la Ley N° 6806 «Que declara emergencia nacional por feminicidios» y para la implementación de la Ley N° 5777 «De protección integral a la mujer contra toda forma de violencia».
Además, sugieren ampliar y fortalecer las capacidades del personal público sobre la protección a las mujeres de la violencia basada en género y las responsabilidades del Estado. También plantean implementar un registro unificado y coordinado sobre la violencia basada en género, en todas sus formas, incluyendo de manera específica el registro de la violencia cometida por agentes del Estado.
Rechazo a la designación de Riera
La primera organización en alzar la voz fue la Coordinadora de Víctimas, Familiares y Personas Amigas del incendio de Ycuá Bolaños, hecho luctuoso acontecido el 1 de agosto del 2004 en Asunción, cuando Enrique Riera era intendente.
“El tema de la tragedia del Ycuá Bolaños siempre es una carga que no queremos que se olvide”, manifestó ante los medios de prensa, Christian Olmedo, miembro de la organización.
Óscar Ayala Amarilla, exsecretario de la Codehupy, también dijo que el nombramiento de Riera es una “manifestación plena del cartismo” y que “no es un chiste de mal gusto”. El defensor de los DD.HH. sostuvo que Riera “guiará las políticas de gobierno electo bajo un paradigma de la exclusión y la represión.
En su momento, la senadora por el PDP, Desirée Masi, había señalado en su cuenta de Twitter que Santiago Peña “no tiene la independencia para designar en su gabinete”.
En un país con una desigualdad en incremento y en un contexto regional desafiante, los retos en el amplio universo de los Derechos Humanos son envolventes para Peña y sus ministros. La mirada de los defensores de los DDHH no es una de esperanza o de tranquilidad, sino todo lo contrario.
