Fotos, investigaciones y entredichos en el Congreso en varias ocasiones apuntaron a que supuestamente varios políticos obtuvieron dinero a partir del narcotráfico o algún otro ilícito para sustentar financieramente sus campañas electorales, pero hasta hoy sin una causa judicial emblemática que marque un antecedente para evitar la comisión de estos hechos.
El 18 de febrero de 2020, se promulgó la Ley 6.501/20 que regula el financiamiento político y establece que las organizaciones políticas son sujetos obligados de la ley «De Prevención de Lavado de Dinero y Bienes».
El sujeto obligado es cada persona jurídica o natural que está sometida a obligaciones establecidas de identificar al cliente, aplicar medidas de debida diligencia, desarrollar políticas internas, llevar registro e informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera. Es decir, estos sujetos obligados tienen mayor control de las autoridades antilavado de dinero, en comparación a cualquier otro segmento de la economía que no significan un riesgo, según la Seprelad.
Sobre cómo se implementará esta ley para las próximas internas partidarias y las elecciones generales de 2023, Cristian Ruíz Díaz –director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral–, habló en comunicación con RadioCast25, quien recordó que la primera experiencia que hubo al respecto fueron las internas municipales pasadas.
Comentó que para los comicios municipales tuvieron 88.000 candidatos y esperan que para este 18 de diciembre haya más de 100 mil candidatos.
«Hicimos un gran estudio sobre las debilidades y fortalezas de la ley y de todo el sistema de financiamiento político; sobre esa base modificamos nosotros la resolución reglamentaria que la ley nos dio facultad para realizar, ahora con la nueva resolución, N° 33 se establece otras normativas y regulaciones, en la cual se facilita muchísimo más a la ciudadanía y a los candidatos para el llenado de las declaraciones juradas», expresó.
No pueden trazar dinero no declarado
El director de Financiamiento Político agregó que están trabajando con las diferentes agrupaciones políticas, para ver la importancia de sincerar las declaraciones juradas.
«¿Por qué te digo sincerar? Porque lo que nosotros podemos hacer sobre la trazabilidad del dinero es sobre lo declarado, lo que yo puedo ver y corroborar con los documentos que me presentan; no con los documentos no declarados, entonces nosotros estamos tratando de capacitarles en el cumplimiento de los sujetos obligados, también a los candidatos, los administradores de campaña, que sean los primeros contralores, para evitar que el dinero sucio entre», puntualizó.
En ese contexto, resaltó que esta es una tarea multisectorial en el que están involucrados otros organismos como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Contraloría General de la República y la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
«Una de las principales debilidades, no solamente de la ley, es la informalidad. Nosotros tenemos una informalidad de hasta el 40% dentro de las transacciones generales, pero eso cambia dentro de los procesos electorales, donde tenemos solamente el 30% de formalidad de lo que pudimos ver en el proceso electoral municipal», puntualizó.
Asimismo recordó que ahora el TSJE tiene que establecer límites de gastos, entonces señaló que cada movimiento interno va a poder gastar hasta USD 3.5 millones aproximadamente y eso se tiene que dividir entre todos los candidatos de ese movimiento, eso hace que el techo de ingresos y gastos esté limitado, pero depende de la cantidad de candidatos.
«No todas las instituciones están ayudando»
Por otra parte, Ruiz Díaz, ante el reconocimiento de las limitaciones que tiene su institución para combatir al dinero sucio en campaña, apeló a la ciudadanía para que ayude a controlar, a reportar en caso de que note que algún candidato está derrochando dinero.
«Existen candidatos que tienen la ciudad empapelada con su rostro, cuando declaran gasto cero en su campaña», dijo el director advirtiendo que este podría ser un indicador fehaciente del dinero no declarado.
También recordó que la campaña electoral debería comenzar recién 30 días antes y resaltó que ahí es que las municipalidades tienen que hacer su reglamento.
«O sea es un trabajo conjunto, lastimosamente no todas las instituciones están ayudando», confesó.
Partidos políticos tienen que ser filtros de personas con antecedentes
El ejecutivo del TSJE explicó que solo pueden evitar que se candidate una persona que tiene una condena firme y ejecutoriada, lo cual, subrayó que es bastante difícil de alcanzar en nuestro país.
En un arranque de candidez, afirmó que son los partidos políticos los que deben evitar que personas cuestionadas estén en sus filas, lo que es técnicamente muy complejo que suceda, al considerar la cultura prebendaria y clientelar que sostuvo a los partidos políticos tradicionales por décadas.
«Las organizaciones políticas también tienen que trabajar, a través del Código de Ética; tienen que ser el primer filtro, a todo esto, de evitar que personas con antecedentes oscuros puedan formar parte de su lista, porque son quienes representan a la agrupación política, como en otros países que los partidos no pueden incluir a personas con antecedentes en sus listas. No porque haya una ley, sino porque sus Códigos de Ética no lo permiten», aseveró.
Finalmente, dijo que otra debilitad de la ley, es que establece que los sujetos de control, es decir, los sujetos obligados, son las organizaciones políticas y resaltó que cada partido político tiene que tener un oficial de cumplimiento, encargado de aplicar e implementar las políticas de control de lavado.
«El TSJE es un órgano supervisor. El problema es que hay organizaciones políticas que todavía no designaron a un oficial de cumplimiento, por eso sacamos esta reglamentación en la que les vamos a multar; inclusive al 100% de lo que les corresponde de subsidio, les podemos quitar si no cumplen», concluyó.
