El ingeniero forestal Rolando de Barros Barreto asumirá en agosto por segunda vez este cargo. Ya estuvo al frente de la entonces Secretaría del Ambiente, durante el gobierno de Horacio Cartes, con importantes cuestionamientos en su gestión.
Esta vez, la situación es más complicada, por los numerosos retos a afrontar y porque todavía la agenda medioambiental no termina de constituirse en una prioridad política, pese a que Paraguay suscribió importantes acuerdos globales en esta materia.
El sector ambiental exige tener políticas públicas que puedan garantizar sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos naturales del país, la protección de fauna y flora y también, que desde esta cartera de Estado, se colabore para eliminar o disminuir la impunidad con los criminales ambientales.
El paso de Barros Barreto había dejado polémica en aquella oportunidad. En la última parte de su gestión, se había modificado la Ley Forestal 422/13 mediante un decreto, el N.º 7.702.
Esta maniobra permitía a las estancias del Chaco ampliar el área de pastura hasta la totalidad de su superficie, siempre y cuando, posteriormente, hagan -supuestamente- la reforestación del área o comprando Certificados de Servicios Ambientales, hasta llegar al 25% del terreno.
La medida fue muy cuestionada por organizaciones ambientales. Sobre todo, porque una de las estancias beneficiadas inmediatamente con la modificación de la ley fue una que figura a nombre de la Ganadera Las Pampas SA, que era propiedad del entonces Grupo Cartes.
El decreto 7702 fue derogado por el actual presidente, Mario Abdo Benítez, apenas cinco días después de haber asumido en el Ejecutivo.
La bióloga Andrea Weiler, directora del departamento de Biología de la
“A medida que se pierde el bosque, se pierden las especies. Nosotros conservamos la biodiversidad si mantenemos el 25% de bosque (como actualmente exige la ley forestal, en el Chaco paraguayo). Yo sé que hay mucha presión para que ese porcentaje se libere. Ese será el gran desafío” dice Weiler.
Los “incendios” a ser atendidos:
La deforestación: Paraguay sigue siendo uno de los países con los niveles más altos de deforestación en toda Latinoamérica. Datos oficiales, dados a conocer por el propio Instituto Forestal Nacional (INFONA), dan cuenta que, entre 2017 y 2020, se han desmontado 756.000 hectáreas de bosques. De esta cantidad, unas 667.076 hectáreas (el 88 % de todo lo deforestado) corresponde a la región Occidental o Chaco paraguayo.
Gran parte de esta destrucción deriva de la actividad humana, ya que corresponde a producción ganadera y a la expansión de la agricultura extensiva. A su vez, en la región Oriental, la destrucción de bosques alcanzó a 89.890 hectáreas en dicho periodo. En esta zona del país rige, desde 2004, una ley que prohíbe todo cambio de uso de suelo. Sin embargo, los datos de INFONA demuestran que dicha ley no se ha respetado.
Fortalecimiento institucional: El MADES cuenta con menos de 30 fiscalizadores que deben atender todos los problemas o denuncias por delitos ambientales en todo el país. Se trata de un número absolutamente ínfimo. La institución, además, no cuenta con recursos necesarios como tecnología que pueda ayudar a fortalecer los controles, principalmente en el interior del país, para que los grandes, medios o pequeños productores cumplan con lo que establecen las leyes ambientales.
Es necesario también que el MADES tenga mayor presupuesto para hacer investigaciones y manejar datos. Es casi imposible determinar cómo está la fauna y flora del país por la falta de datos, de información técnica precisa que salga desde el Estado paraguayo.
Los recursos hídricos: ¿Qué planes tendrá el Ministerio con respecto a la contaminación de los recursos hídricos del país?
Principalmente, es primordial que desde el MADES se puedan establecer políticas para proteger las aguas dulces subterráneas que están en territorio paraguayo. El Acuífero Patiño, en la zona del departamento Central y Asunción, está cada vez más amenazado por la proliferación incesante de estaciones de servicios que “minan” el suelo con sus tanques de combustibles.
Existen estudios que confirman que estos tanques, con el tiempo, filtran, y el combustible termina en las reservas de agua subterránea. Además, los ríos y arroyos, de gran parte del país, están con graves problemas por la erosión, causada por la deforestación descontrolada.
Respeto por las tierras ancestrales: Aunque parezca un tema que debe definir el Instituto del Indígena (INDI), en todos los procesos de control de bosques, de ríos o arroyos, sobre todo en las zonas rurales del país, involucra la alteración de la vida de comunidades indígenas.
En ese aspecto, el MADES tiene un departamento que trabaja, justamente, para lograr el armónico trabajo con estas comunidades a la hora de proteger sus territorios o de lograr que sus tierras puedan tener un uso de suelo adecuado, bajo control de las normas establecidas para el efecto.
Impunidad: Un elemento fundamental para acabar con la destrucción de los recursos naturales en Paraguay es que ya no haya impunidad con los responsables de destruir bosques, o de contaminar suelo, agua o el aire. En ese sentido, el MADES tiene potestad para profundizar en sus investigaciones, sumarios o en establecer denuncias formales ante la Justicia para que los crímenes ambientales tengan menos oportunidad de terminar en la nada, como viene ocurriendo desde hace décadas.
Paraguay requiere de Políticas de Estado en el ámbito ambiental. Es urgente que se establezcan los lineamientos para determinar a qué apunta el país, a partir de un plan, de un proyecto país que apunte a seguir con el desarrollo económico que no sea una amenaza para el ambiente.
Primarán intereses económicos, dice experta
Para la bióloga Andrea Weiler, con el próximo gobierno de Santiago Peña, es probable que prime el interés económico por sobre la agenda ambiental.
“Yo creo que los intereses económicos van a jugar un rol fundamental. Espero equivocarme. Pero yo veo que van mucho más hacia intereses económicos. Y la única luz que yo veo al respecto para los próximos cinco años, es que las presiones internacionales nos fuercen a la sostenibilidad”, asegura la especialista.
Señala que es urgente fortalecer al MADES desde lo institucional, para lograr que cumpla efectivamente su rol como una institución que lleve adelante las políticas ambientales del país.
“Para empezar, el MADES tiene un presupuesto totalmente insuficiente para llevar el control ambiental y garantizar eso a nivel país. Y el presupuesto que una nación invierte en su ministerio te da la pauta de cuánto le importa” asegura Weiler.
Con respecto a la impunidad que existe en los temas ambientales, Weiler es directa: “Mientras los delitos ambientales no lleguen a condena, no tenemos chance”.
